- El informe Es mejor hacerte invisible, de Human Rights Watch (HRW), arroja luz sobre un problema que no está en los registros administrativos ni estadísticas oficiales; tampoco en la legislación de protección a mujeres y víctimas de violencia.
- “El presidente López Obrador debe pasar del discurso a la acción para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”: José Miguel Vivanco.
- Se debe nombrar al titular del organismo rector de las acciones del Estado a favor de esta población, apunta.
- Empoderar a las personas con discapacidad, la clave para que puedan escapar de la violencia familiar; las pensiones no son suficientes: Carlos Ríos
- HRW hace recomendaciones al INEGI, Gobernación, Fiscalías y órganos legislativos de la CDMX, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León, Inmujeres, Bienestar y Ceav.
“Toda la violencia familiar es terrible, pero para una persona con discapacidad es más grave porque no puede escapar” de ésta si no cuenta con la posibilidad de decidir cómo, donde y con quien vivir, expuso Carlos Ríos Espinosa, investigador de la organización internacional Human Rigths Watch, al presentar el informe realizado en México, basado en una investigación que se llevó a cabo durante 2018 y 2019 en cuatro entidades del país: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León.
Aunque se trata de una problemática cotidiana, sobre todo por la falta de mecanismos y políticas públicas que favorezcan la vida independiente de la persona con alguna limitación física, sensorial, intelectual o psicosocial, hay un manto de oscuridad que oculta la dimensión y gravedad de la violencia que ejercen padres, madres, hermanos, tío, abuelos o padrastros, contra un integrante de la familia con discapacidad.
Las estadísticas del INEGI sobre víctimas de violencia y sobre violencia de género, por ejemplo, no registran datos sobre las niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que sufren violencia familiar, ni desagregados por edad y sexo. Y si bien en algunas fiscalías como la de Jalisco o la Ciudad de México ya se han elaborado protocolos para la atención a personas con discapacidad y su acceso a la procuración de justicia, aún están planteados en términos generales, sin una ruta clara de implementación. La falta de accesibilidad física a los inmuebles, así como accesibilidad a la información y la comunicación para presentar una denuncia o defenderse en un juicio, siguen siendo barrearas en el acceso a la justicia, apunta el informe.
Es un asunto tan cotidiano que “las personas con discapacidad empezamos a internalizar los mecanismos de la violencia”, comentó Carlos Ríos, “por eso me impactó una frase que nos dijo una persona a la que entrevistamos que me parece entrañable y que da título a este informe: Es mejor hacerte invisible”, es la idea de mejor pasar desapercibido en la familia como una estrategia para evadir la violencia.
Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Americas de Human Rights Watch, el informe revela que “las personas con discapacidad en México son completamente invisibles, sumidos en la pobreza y la falta de oportunidades”. Señaló que en el caso de la violencia familiar “los abusos que se cometen a diario son graves y el Estado no está presente.”
Vivanco recordó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador no ha nombrado a la persona encargada de dirigir la implementación de los derechos de las personas con discapacidad, donde entra también la prevención de la violencia familiar, un compromiso que tiene el país como Estado parte de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Es tiempo de que el gobierno del presidente López Obrador pase del discurso a la acción en el compromiso que ha manifestado para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad en México”, exhortó. En alusión al CONADIS señaló que quien presida dicho organismo, deberá contar con recursos e idealmente, con el respaldo presidencial, para que se puedan diseñar políticas y prácticas para atender las circunstancias que dan lugar a violaciones de derechos de personas con discapacidad al interior de las familias.
En la presentación del informe se contó con el testimonio de la señora Guadalupe Huerta Mora una mujer con cuadraplejia a consecuencia de la violencia de sus cuñadas, quienes la golpearon hasta lesionarla gravemente. En entrevista con la periodista Katia D’Artigues , relató:
“En 2010, el 24 de junio, tuve una lesión medular completa, estoy en silla de ruedas a causa de unos golpes que me dieron las hermanas de mi esposo. Desde ese entonces se me ha hecho difícil estar en esta situación. Mi esposo se desobligó de nosotros, mi hijo tenía 12 años cuando salimos de la ciudad de México. Desde entonces estamos en Michoacán porque eran muy fuertes las agresiones por parte de mi esposo. Me agredía verbalmente, eran palabras muy fuertes, él ya no nos ayudaba ni para el alimento ni para otras cosas, fue de la manera que decidimos salirnos de ahí. Al no serle útil a mi esposo, al no generar para gastos en la casa, me maltrataba, yo antes era una mujer muy activa, trabajaba. Después ya nos decía que éramos un estorbo, cosas muy feas, decidimos salirnos de ahí. Mi hijo desde entonces está conmigo, ahora tiene 19 años, está terminando la prepa. Vivimos los dos solos, tranquilos, ya no tenemos violencia, pero tenemos escases económica, nos la vemos muy difícil.”
Guadalupe relató que sólo cuenta con su hijo para ayudarle en todo lo que necesita, desde el aseo personal hasta los quehaceres de la casa: “el único que me ayuda es mi hijo, me hace curación, sonda, hace los quehaceres de la casa. Cuando él se va a la escuela, un primo que vive aquí a la vuelta, me viene a levantar. Me ponen en mi silla y me voy a recorrer las calles con una cajita de dulces. A la semana vengo sacando 150 pesos, de ahí le doy a mi hijo para que se compre algo, 20 pesos es lo que se lleva diarios. De los otros 50 voy comprando un poquito de mandado, de verdura. Es de la manera en la que hemos sobrevivido mi hijo y yo.”
Aunque han ido a entrevistarla en dos ocasiones los representantes del gobierno federal que desde 2018 levantan el censo para identificar a los posibles beneficiarios de las pensiones Bienestar para personas con discapacidad, hasta la fecha no ha logrado entrar al programa. Actualmente no recibe ningún apoyo económico del gobierno federal ni del gobierno estatal o el municipal. Sólo algunos grupos religiosos le dan alguna ayuda en despensas. Con el confinamiento por la amenaza del coronavirus su situación ha empeorado, pues ya no puede salir a vender dulces, además de que necesita cambiar su silla de ruedas de motor, que le permite cierta autonomía para moverse.
Ella recibía atención médica en el Hospital de Rehabilitación de la Ciudad de México, pero ahora no ha podido regresar a recibir sus consultas y tiene una cirugía pendiente. Lo que le da tranquilidad, dice, es haber podido dejar a su agresor: “estar con una persona con violencia es como estar con un perro rabioso, son personas que nos dañas psicológicamente y con la discapacidad tratan de dañarnos más.”
El caso de la señora Lupita muestra las graves consecuencias de que no haya políticas públicas que den alternativas para una vida digna a una persona víctima de violencia familiar. “Un niño de 13 años ha tenido que hacerse cargo por completo de su mamá, sin ningún apoyo del Estado. Estamos haciendo un llamado al gobierno de México para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente”, señaló Ríos.
Al respecto, destacó algunos hallazgos de la investigación:
- “La violencia en muchos casos es extrema, llegamos a documentar casos en que la persona perdió la vida, particularmente un caso que nos compartió el DIF de la Ciudad de México.”
- Hay situaciones de confinamiento en cuartos o establos para animales, la violencia es física, sexual, emocional.
- “Encontramos que muchas de estas personas viven con esta situación de violencia toda la vida. No se les proporcionan los apoyos necesarios para que vivan en la comunidad.”
- En otros casos, se les obliga a vivir en instituciones (albergues o asilos) de por vida.
- Hay una falta de políticas públicas para hacer posible la vida independiente, lo que coloca a las personas con discapacidad en mayor riesgo de vivir violencia.
- Hoy por hoy existe una pensión de 1,310 pesos mensuales, 2,620 bimestrales, que son insuficientes para que una persona con discapacidad pueda mantenerse y tener las condiciones mínimas de supervivencia.
- La dependencia con las familias genera esta situación, porque la familia es el único apoyo y eso genera estrés.
- Son las mismas instituciones de asistencia social las que obligan a los familiares a hacerse cargo de adultos con discapacidad, sin ofrecer alternativas para que puedan tener opciones de desarrollo en la comunidad y decidir dónde, cómo y con quién vivir.
- Hay legislación que criminaliza a las familias que no se hacen cargo de la persona con discapacidad, lo cual puede dar origen a mayor violencia.
Este informe de Human Rights Watch, como todos los que elabora, tienen como propósito hacer recomendaciones al gobierno de México, tanto al federal como a los estatales, así como ofrecer acompañamiento y asesoría para que se puedan realizan cambios en el corto, mediano y largo plazos que permitan avanzar en la implementación del derecho a la vida independiente de todas las personas con discapacidad.
Algunas de las recomendaciones del informe son:
- Asegurar que las personas con discapacidad puedan denunciar de manera segura la violencia familiar y el abandono y que esos mecanismos de denuncia sean accesibles, incluso para aquellas que puedan estar confinadas en su hogar o requieran un alto nivel de apoyo.
- Acceso a refugios y otras medidas de protección orientadas a resguardar su integridad física y psicológica, en igualdad de condiciones con los demás
- Mejorar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los profesionales de servicios sociales y otros para identificar situaciones de violencia hacia personas con discapacidad haciendo uso, entro otros recursos, de capacitaciones que incorporen perspectivas de discapacidad y género.
- Llevar a cabo campañas informativas en formatos de fácil comprensión, orientadas a generar conciencia a cerca de la violencia familiar hacia personas con discapacidad y la forma de conseguir apoyo
- Asegurar que las escuelas, establecimientos de salud y otros proveedores de servicios puedan y sepan presentar denuncias sin que ello implique afectar a la persona con discapacidad
- Modificar la legislación civil y penal a fin de revisar las políticas que obligan a las familias a brindar apoyo a los familiares adultos con discapacidad y en cambio, asegurar que la ley y las políticas garanticen que la persona pueda ejercer su derecho a la vida independiente, con el apoyo necesario, como por ejemplo, poder contar con asistencia personal
- Recabar datos desglosados acerca de la violencia contra personas con discapacidad, incluida la identificación de aquellas que adquirieron la discapacidad por violencia familiar u otras formas.
Consulta aquí el informe completo
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/06/mexico0620sp_web_0.pdf
Versión Lectura fácil