- Se espera que esta pensión llegue a PcD de entre 30 y 64 años que actualmente no entran en el programa federal de la Secretaría de Bienestar dirigido solo a personas menores de 29 años y en zonas marginadas, principalmente.
- Se podría beneficiar a 200 mil de las 500 mil personas con discapacidad en la capital del país, aseguró Sheibaum,
- Hasta mediados de 2019, la Ciudad de México tuvo un programa de ayuda económica a PcD de entre 800 y mil pesos mensuales que estaba vigente desde 2001.
El lunes 18 de abril, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció, junto con la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que los recursos para este renovado programa de pensiones a personas con discapacidad en la capital del país serán aportados en un 50% por el gobierno federal y la otra parte por el de la Ciudad de México.
A partir de mayo se abrirá el registro para solicitantes de este apoyo que, según el anuncio, será en beneficio de unas 200 mil personas, de un total de 500 mil personas con discapacidad en la entidad.
“Este año vamos a hacer un esfuerzo conjunto el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad y vamos a hacer universal la pensión a las personas con discapacidad. Hoy se entrega a una parte pequeña, la vamos a hacer universal”, dijo Sheinbaum.
«Todas las personas, sean niños o niñas, jóvenes o adultos que tengan alguna discapacidad, van a recibir este apoyo para que sus familias no tengan una carga, sino al contrario, reciban un apoyo del gobierno para poder salir adelante en una situación tan dificil como la que significa tener un hijo, una hija, un padre, una madre con algún problema, con alguna discapacidad», explicó la mandataria.
Un discurso, cabe señalar, que muestra cómo para la jefa de gobierno, las personas con discapacidad son «una carga» para las familias y por eso necesitan «un apoyo del gobierno», y ni siquiera para ellas, sino para sus familiares.
Así también ve la discapacidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde esa visión, el programa de transferencias económicas es lo único que se promueve desde el gobierno federal para atender las necesidades y demandas de inclusión social de esta población.
En el anuncio del pasado 18 de abril no se dio información sobre cuál será el mecanismo para poder solicitar y acceder a la pensión en la Ciudad de México.
Por su parte, la secretaria Ariadna Montiel, recordó que este acuerdo con el gobierno capitalino es parte de la propuesta que llevó el presidente ante todos los gobernadores del país para que se comprometieran a asignar recursos de los presupuestos estatales para ampliar la cantidad de personas que reciban la pensión de 2,800 pesos bimestrales (unos 140 dólares). Y reconoció:
“Actualmente, la pensión beneficia a un millón de niñas y niños principalmente, a personas con discapacidad de población indígena y a personas muy pobres de las ciudades; pero tenemos un rango muy importante de 30 a 64 años que no reciben una pensión ni ningún apoyo.»
Cabe apuntar que a nivel federal, la Secretaría de Bienestar todavía tiene un rezago importante en la entrega de estos apoyos a las personas solicitantes, en su mayoría menores de edad y sus familias. Algunas solicitudes llevan varios meses o hasta un año sin respuesta, mientras que a otras personas no les llega el pago de forma regular, sea porque no les han dado una tarjeta bancaria o porque se les ha suspendido sin explicación.
Una evaluación del programa de apoyos para PcD publicada por el gobierno federal en junio de 2020 estima que en la Ciudad de México hay 216, 732 personas con discapacidad en situación de pobreza.
Hasta mediados de 2019, la Ciudad de México tuvo un programa de ayuda económica a PcD de entre 800 y mil pesos mensuales que estaba vigente desde 2001. Ese programa no ponía límite de edad para acceder al beneficio económico, pero muchas solicitudes fueron rechazadas. El DIF era el organismo encargado de su gestión. Con la llegada del gobierno de López Obrador, el programa fue suspendido para dar paso a las pensiones Bienestar.
Sólo 4 de cada 10 adultos con discapacidad están en el mercado laboral; la falta de un ingreso regular es el mayor obstáculo que enfrentan para poder acceder a mejores condiciones de vida. El derecho a la educación y al trabajo son de las principales demandas de las personas con discapacidad.