“…la decisión de hacer una reforma a la legislación en materia de salud mental, debe hacerse con base en un profundo ejercicio de racionalidad, claridad, transparencia y acompañado de la participación ciudadana, especialmente, de quienes se verán afectados por la toma de estas decisiones, pues las prácticas y enfoques violatorios de derechos humanos actualmente existentes en el ámbito de los servicios de salud mental, pueden verse exacerbados por la adopción de una legislación que no esté armonizada con el derecho internacional de los derechos humanos…”