Cómo convocar el parlamento abierto sobre #SaludMental para que sea participativo e inclusivo: Carta al Senado

• Integrantes del colectivo #SaludMentalconDerechos hacen recomendaciones al Senado para que se garantice un proceso auténtico de participación e inclusión en la realización del parlamento abierto prometido para discutir las reformas sobre salud mental en la legislación mexicana.

(Texto íntegro de la carta a la Comisión de Salud del Senado y firmas ciudadanas)

Ciudad de México, 7 agosto de 2020.

Presentes:

Las personas y organizaciones que suscribimos, integrantes del colectivo Salud Mental con Derechos, tenemos el agrado de dirigimos a ustedes para hacer algunas consideraciones respecto del proceso para el inicio del Parlamento Abierto al que próximamente se convocará, para la discusión de la iniciativa sobre la Ley General de Salud Mental presentada en noviembre de 2019 por la Senadora Geovanna Bañuelos en el H. Senado de la República.

Celebramos la decisión de la Senadora Bañuelos de retirar de la discusión de la agenda del pasado periodo extraordinario del H. Senado de la República la iniciativa de marras, y consideramos que ahora es necesario sentar las bases para un proceso que sea verdaderamente participativo e inclusivo de todas las personas potencialmente afectadas por la legislación en salud mental que se busca adoptar. Coincidimos con la Senadora Bañuelos en la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma a los servicios de salud mental que hoy por hoy existen en México para poder hacer efectivo el derecho a la salud de toda la población.

Coincidimos, asimismo, en la necesidad de tomar acciones inmediatas para atender los problemas que se desprenden de la actual emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, señaladamente, la situación de cientos de personas con condición de salud mental que se encuentran institucionalizadas en hospitales psiquiátricos de manera permanente, muchas veces en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a los datos publicados por el INEGI, que reporta en promedio 161 personas por centro psiquiátrico en un censo publicado en 2015 sobre alojamientos de asistencia social. La adopción de una reforma profunda a los servicios de salud mental actualmente existentes en México requiere iniciar un proceso progresivo, seguro y sustentable para desinstitucionalizar a estas personas y proveerles de servicios en la comunidad, de forma tal que cese el abuso y las afectaciones a su libertad personal y a su derecho a vivir de manera independiente, con apoyos de calidad. La institucionalización coloca a estas personas en un riesgo incrementado de contagio por Covid-19.

En este orden de ideas, consideramos que la decisión de hacer una reforma a la legislación en materia de salud mental, debe hacerse con base en un profundo ejercicio de racionalidad, claridad, transparencia y acompañado de la participación ciudadana, especialmente, de quienes se verán afectados por la toma de estas decisiones, pues las prácticas y enfoques violatorios de derechos humanos actualmente existentes en el ámbito de los servicios de salud mental, pueden verse exacerbados por la adopción de una legislación que no esté armonizada con el derecho internacional de los derechos humanos, y con los cambios de políticas públicas recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su iniciativa Calidad y Derechos.

Consideramos que los procesos para discutir la iniciativa deben de cumplir con los estándares mínimos de un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto, y, más aún, con los principios y directrices de la obligación internacional del gobierno mexicano de realizar consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, prevista en los artículos  4.3 y 33.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 En la convocatoria que se emita para la realización de este ejercicio es importante que se precisen con claridad los procesos y metodología que se van a seguir en torno a la discusión; si se insistirá en la adopción de una Ley General de Salud Mental o si se realizarán reformas a la Ley General de Salud en el título específico que se refiere a esta materia; un calendario de las sesiones para saber el orden de las discusiones; también es necesaria una convocatoria con suficiente tiempo y claridad para garantizar la pluralidad de distintos sectores de la sociedad civil relevantes en el tema, entre otros elementos necesarios.

Un proceso adecuado de Parlamento Abierto debe contar como mínimo con los siguientes elementos:

1. Transparencia y acceso a la información. Claridad de la metodología y los procesos de seguimiento que se va a dar a la discusión de la iniciativa hasta convertirse en ley. Los cuales deben de publicarse de manera oportuna en la página web de las Comisiones responsables de dictaminar la iniciativa en el Senado. Como mínimo debería contener lo siguiente: identificación de los legisladores que integren las comisiones de trabajo; identificación de los participantes externos en cada etapa del proceso; los dictámenes; el calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día; versiones estenográficas y/o videograbaciones de las reuniones y los documentos técnicos de apoyo.

2. Participación ciudadana. Las convocatorias públicas, oportunas y accesibles a las y los especialistas de la sociedad civil, de la academia, prestadores de servicios y otras personas interesadas para que puedan hacer comentarios y discutir a fondo el contenido de la iniciativa.

3. Rendición de cuentas. La publicación y explicación, con suficiencia y sencillez, del proceso de discusión de la iniciativa, los razonamientos para incluir o descartar las propuestas que se recibieron, el dictamen final con los argumentos que lo sustentan, el sentido de los votos, los documentos que se utilicen para la discusión, con nombre de la o el proponente y su adscripción, las actas de las reuniones y el registro de asistencia y votaciones.

4. Uso de las tecnologías de información. Garantizar que todas las reuniones de trabajo se transmitan por los medios electrónicos de difusión, como el canal del Congreso y sus redes sociales, además de publicarse en formatos accesibles, abiertos y oportunos.

Aunado a las anteriores condiciones, también es imperativo realizar una consulta estrecha con organizaciones de personas con discapacidad, para lo cual es preciso que se cumplan al menos los siguientes requisitos:

1. Consulta amplia con organizaciones. Contactar a todas las organizaciones de personas con discapacidad en México mediante canales de información adecuados, e incluyendo el acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de las comisiones dictaminadoras, mediante distintos formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de señas, los textos en lectura fácil y lenguaje claro, el braille y la comunicación táctil.

2. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Dado que la legislación también comprenderá regulaciones sobre niñas, niños y adolescentes con condición de salud mental, se deben realizar consultas idóneas también con esta población, considerando los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño.

3. Consulta a personas bajo cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas. La consulta deberá realizarse también entre aquellas personas con discapacidad que se encuentran en cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas, incluyendo personas mayores, mediante organizaciones que protejan sus derechos. Para tales efectos, se deberán prever mecanismos para facilitar que estas personas expresen su parecer, incluida la posibilidad de hacer disponibles formas para la toma de decisiones con apoyos.

4. Información de los resultados de la consulta. Informar a las organizaciones de personas con discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando una explicación clara, en un formato comprensible, de lectura fácil, de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué.

No quisiéramos dejar de señalar que ningún proceso de consulta puede tener como consecuencias dejar de reconocer los derechos fundamentales vigentes en el orden jurídico mexicano, señaladamente, el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía y a tomar sus propias decisiones en el ámbito de la salud mental.

Con todo el respeto, instamos a que la convocatoria y la continuidad de las sesiones de Parlamento Abierto se realicen con estos elementos y características en el proceso, y se convoque, con tiempo y forma, a diversas voces y opiniones en el tema para garantizar la pluralidad y representatividad, con el fin de evitar la adopción precipitada de una reforma a los servicios de salud mental en México que redunde en empeorar la situación de la población en general, y para las personas con condición de salud mental en particular.

Atentamente:

• Human Rights Watch
• Libertad Hernández/ Dis-capacidad.com
• Zara Snapp
• Oscar Sánchez Hernández
• Instituto RIA, AC
• SinColectivo, agrupación plural de personas expertas por experiencia en salud mental y derechos humanos
• Katia D’Artigues / Yo También. Discapacidad con todas sus letras
• María Teresa Fernández Vázquez, Entropía Social, A.C.
• Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
• México Unido Contra la Delincuencia
• Víctor Lizama
• Gabriela Aragón Zamorano – SinColectivo
• Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez
• Disability Rights International-Mexico
• Sara Valenzuela López / Voz Pro Salud Mental Jalisco A.C
• Raúl Montoya Santamaría Colectivo Chuhcan A.C.
• Colectivo Chuhcan A.C.
• Raquel B. Jelinek M. / CISEE, A.C.
• Ma Elena Morera
• Elementa DDHH A.C.
• Causa en Común
• Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima
• Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
• Ana Lorena Delgadillo Pérez
• José M. García Vallejo / Autocultivo Medicinal en México
• EQUIS Justicia para las Mujeres
• Isabel Erreguerena
• Karla Mariana Escobar Magallanes Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la UNAM
• Héctor Abraham Meneses Arredondo Conexiones Psicoactivas
• Andrés Hirsch Soler – ReverdeSer Colectivo
• Sandra Padilla Zaldo
• Dolores Zaldo Morales
• Juan Padilla Ramirez
• Irasema Padilla Zaldo
• María Fernanda Pinkus Aguilar
• Ernesto Peralta / Borde Jurídico
• Valenciana Carranza Victoria J.
• María Novoa Cancela
• Susana Camacho Maciel, BORDE JURÍDICO
• Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
• Luna Mancini
• Laura Gabriela Monroy Carmona
• Gisela Galicia Citizen Commission on Human Rights, México A.C.
• Ana Dulce Aguilar
• Monroy Carmona David Adrián
• Angélica Ospina-Escobar / Red Mexicana de Reducción de Daños – Redumex –
• María Novoa Cancela
• Roxana Pacheco Martínez
• Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C.
• Catalina Torres Cuevas
• Mario Alberto Reyes
• Lourdes García Acosta

• Solís Domínguez USAER
• Miguel Valdés Villarreal M / Laguneros por la Paz
• Ernesto Rosas
• Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC (CONFE)
• Jesús Ramo Jiménez
• Carlos Humberto Hernandez Valdez
• Nora Robledo Frías
• Piña Palmera AC
• Arturo Sánchez
• Marcela Páramo.  CENTRO PSICOEDUCATIVO FREIRE, AC
• Ana Dulce Aguilar
• Ángela Salazar Acevedo
• Yazmith Batáz Carballo
• Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
• Orgullo Loco México
• Monique Fabian Arellano
• Jessica Hayde Casas Noyola/ Mi Valedor
• Eliana Garcia
• Karen olivos Leyva
• José de Jesús Segovia Villeda
• Angelica Yanina García Villuendas UNAM
• Sara González Rodríguez// Colectivo por la Paz Xalapa AC
• Alejandra Llamas Altamirano Clínica de Acción Legal PUDH-UNAM/Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho
• Joel García / Escuela Nacional de Antropología e Historia
• Mariana Neyvi Ortiz Luna
• Dulce Serena Salazar Ramírez/UNAM
• Pablo Roberto Gonzalez Guzman
• Susana Scheherazade Valencia Santos
• Mariana Neyvi Ortiz Luna
• Ricardo Amarillo Saez
• Martha Gabriela García Álvarez
• Francisco Javier Rodríguez Bernal
• Maria de Lourdes López Sánchez directora de la asociación de Qigong de Baja California AC
• Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
• Miroslava Cisne Chávez
• Ana Sofia Rodríguez/ Editora de http://www.discapacidades.nexos.com.mx
• Maricruz Vargas Ramírez / Maestrante en Estudios Políticos y Sociales, UNAM
• Laura Ayehrim Pérez Alfonzo
• Efraín Sánchez Márquez
• María Fernanda Gaminio Reyes
• Eduardo Suárez del Real Aguilera
• Iván de Jesús Casarrubias Morales
• José Gerardo Ceballos González, Voceros por la Inclusión
• Salvador López García
• INCLUSOR A.C.
• Diana Vite (mujer con discapacidad)
• Sergio Hilario García Ramos
• Sergio Hilario García Ramos
• ALEJANDRA ÁLVAREZ HUERTA
• Jazmín
• Roberto Yamil Pantoja Cedeño
• Myrnha Gisel Brizza Mateos González
• Jesús Manuel Cadena Flores.
• Margarita Ibañez / Jóvenes por los Derechos Humanos México
• Elizabetha Consuegra
• Pedro Orozco Tapia/ encargado de Psicología en atención a personas con discapacidad DIF Monterrey
• Sarai Vega Espinosa
• Graciela Oliveto. ENCUENTRO AC
• Alma D. Estrada
• Daniela Aparicio Rojas
• Aaron Ojeda Leyva
• Lic. Ana Gabriela Góngora Soto
• Dulce Mariana Medina Estrada
• Sandra Lair Trejo
• Daniel Alvarez del Castillo, docente de psicología y psicólogo
• Patricia Martinez Lozano
• Jessica Rodríguez García
• Angélica Bautista Castro. Camino Libre Accesibilidad
• Luis Gerardo Arroyo Lynn
• Itzel De Jesús Torres
• Angel de Jesús Daniel Olveda
• Familias y Retos Extraordinarios AC
• Cristian Mendoza Vazquez
• Robertha Mabelin López Vázquez
• Rafael Loza Galarza
• Elizabeth Araiza Arredondo
• Baruch Martínez
• Jorge Luis Sarmiento León/ UNEZ
• Diana Guillermina Arocena Paniagua / Findedis
• Marcela Páramo.  CENTRO PSICOEDUCATIVO FREIRE, AC
• Xochitl Francisca Loredo Salazar
• Violeta Maltos Rodríguez / IIDEJURE
• Marialú Castro Zaragoza
• Deneb Sofia H. Ortiz Orozco
• Xóchitl Francisca Loredo Salazar
• Diego Armando Díaz Ortiz
• Celeste Cruz Avilés/Sohuame Tlatzonkime
• Raúl Montoya Santamaría / Colectivo Chuhcan A.C.
• José Angel Robledo Cortes / Clínica Jurídica del PUDH
• Alejandro Herrero Castelán
• Angela Martinez
• Alejandra Leal Guerrero

#SaludMentalconDerechos