- El Colegio de Geografía de la UNAM creó el instrumento de monitoreo de la CDPD en colaboración con la CNDH; pero el relevo en la institución deja en la incertidumbre su implementación y seguimiento.
- La sociedad civil en el Mecanismo Nacional de Monitoreo de la CDPD estuvo ausente en la definición de indicadores y dimensiones de análisis de los datos.
El 12 de noviembre, a pocos días del fin de la gestión del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el todavía Primer Visitador, Ismael Eslava Pérez, y la Directora General de Planeación y Análisis, Laura Gurza Jaidar, presentaron el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento para el monitoreo de la política pública y de las acciones de gobiernos e instituciones para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en México, elaborado por especialistas del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en colaboración con la CNDH.
El desarrollo del Atlas se basó en los datos que arrojó el primer informe diagnóstico sobre los derechos de esta población, elaborado en 2018 por la Dirección de atención a los derechos de las PcD en la CNDH, a cargo de Joaquín Alva Ruíz-Cabañas, a partir de los datos proporcionados por los gobiernos de los estados y municipios del país a los que se les preguntó sobre cómo estaban implementando la Convención en sus distintos ámbitos. La información recibida es deficiente en términos generales, de acuerdo con la reseña que hizo el visitador Eslava Pérez, por lo que fue complementada con más de 700 consultas a organismos públicos e instituciones de todo el país. Para conformar el Atlas, se realizaron tres estudios paralelos: uno para el desarrollo de indicadores, otro más para obtener información de la normatividad vigente y otro para la elaboración de los mapas sonoros.
La geógrafa, Mtra. Berenice Álvarez, explicó que fue necesario desarrollar una aplicación para dar sonido a los mapas e implementar otras medidas de accesibilidad para que la información pueda ser consultada por personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual. Se diseñó una paleta de colores (a la cual llaman “rampa” de colores) para marcar el nivel de avance en los distintos temas representados, donde el color azul indicará que en ese lugar del mapa existen las mejores condiciones para las personas con discapacidad, mientras que el color rojo indicará la peor situación. En la gama de colores intermedia, el verde indicará datos positivos, mientras que el color naranja señalará una alerta preventiva antes del rojo.
El atlas está organizado a partir de tres tipos de indicadores: de estructura, de proceso y de resultado, para su análisis en 9 dimensiones: política, demográfica, económica, educativa, de salud, sociocultural, de espacios, de medios y de violencia, establecidas así con base en los derechos enunciados en los artículos de la CDPD. En total, en el cruce de datos, se generan 64 indicadores que darían la pauta para el monitoreo de la Convención.
Por ahora, los datos podrían estar reflejando una impresión que quizás no se corresponda con la realidad, por la falta de datos precisos. Por ejemplo: en el rubro “índice de avance sobre el acceso a la justicia”, la consulta muestra un mapa de México pintado de verde casi en su totalidad, es decir, estaría indicando un aceptable acceso de las personas con discapacidad a la justicia en casi cualquier entidad, y con cuatro estados que serían el mundo ideal en este tema, totalmente pintados de azul. Sin embargo, en la descripción de los datos se señala que el aspecto que se está midiendo es la armonización legislativa en cada entidad, es decir, qué tanto se ajustan las leyes a la CDPD, lo cual no necesariamente habla de una garantía real de que las personas ya tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás.
Esta información, por ejemplo, contrasta con el reporte reciente de las organizaciones Transversal y Equis Justicia, que con base en una medición más detallada, señalan un preocupante rezago en la capacitación a los operadores del sistema judicial en materia de derechos de las personas con discapacidad, lo que sería una barrera para el acceso a la justicia.
En la presentación del Atlas se informó que el objetivo que se pretende alcanzar es crear un Sistema Único Integrado de Información, que permita visualizar los datos y a la vez detectar dónde se requiere generar información estadística sobre discapacidad o desagregarla de las mediciones ya existentes.
Si bien el desarrollo de este instrumento implicó casi un año de trabajo para los y las geógrafas de la UNAM y para la Dirección de Planeación y Análisis de la CNDH, este es apenas la base para comenzar a generar información y sistematizarla, nos comentó la geógrafa Berenice Álvarez, pues es indispensable alimentar al Atlas constantemente para que funcione como se espera.
En la presentación, Laura Gurza consideró que es urgente generar la información y los indicadores que permitan el monitoreo, hasta ahora inexistente, de los derechos de las personas con discapacidad. Joaquín Alva también señaló la importancia de armonizar la legislación a nivel estatal y federal para unificar definiciones y criterios sobre la discapacidad, pues todavía hay conceptos que no coinciden con los de la Convención.
Junto con el Atlas se presentó un documento sobre los indicadores para el monitoreo, con una explicación sobre cómo se definieron y qué medirán, lo cual aporta una base teórica – descriptiva, pero todavía no es el contenido sustantivo que se requiere para alimentar los mapas.
Alva Ruiz-Cabañas comentó a Dis-capacidad.com que ya hacía tiempo que él había solicitado al Primer Visitador la elaboración de este Atlas ante la falta de parámetros y datos para la operación del “Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Sin embargo, señaló que la dirección a su cargo no fue la responsable de la creación de este instrumento, sino que estuvo a cargo, casi enteramente, de la Dirección de Planeación y Análisis; por ello, justificó, no se convocó la participación del Comité Técnico de Consulta del “Mecanismo”, donde está representada la sociedad civil de los estados de la República. En ese sentido señaló que el Atlas no debe considerarse como un producto del “Mecanismo”, aseguró, sino de la Dirección de Planeación, esto aun cuando toda la presentación y despliegue gráfico lleva el logotipo de ese órgano de monitoreo.
Ante el cambio del en la presidencia de la CNDH es una pena que la sociedad civil vinculada al tema de discapacidad y derechos, representada en el Comité Técnico, no haya sido involucrada en el desarrollo de este importante e innovador instrumento de medición y seguimiento. El Comité está integrado por personas con discapacidad, en su mayoría, quienes serían los principales interesadas en verificar que se cumplan sus derechos y, por lo tanto, en que subsista el Atlas. Obviamente, los funcionarios salientes no estarán obligados a dar seguimiento al tema. En este contexto tomaría relevancia la intervención del Comité Técnico de Consulta y de la sociedad civil en general, para no dejar que se muera el naciente atlas, en el cual ya se invirtieron recursos públicos.
Este 15 de noviembre termina el mandato del ombudsman Luis Raúl González Pérez y se realizará el relevo en medio de una inédita y grave crisis de legitimidad en la CNDH por la manera en que fue designada en el Senado la presidenta entrante, Rosario Piedra Ibarra. Por lo pronto, Joaquín Alva está en la incertidumbre, pues no sabe si le permitirán continuar en el cargo o saldrá con el equipo actual.
Y más allá de ese ambiente, con el relevo en la institución llega también la incertidumbre entre los colectivos de la sociedad civil, sobre la importancia que se dará, o no, a la promoción, vigilancia y verificación del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad desde la CNDH ante un gobierno que está ejecutando una política pública alejada del modelo de la Convención de la ONU.
Mientras tanto, puedes consultar el Altas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para probar las funciones de accesibilidad visual, auditiva y la comprensión de la información.