México: Pensiones para personas con discapacidad en pobreza quedarán como un derecho constitucional

• Es por justicia y para consolidar el estado de bienestar, asegura AMLO; falta la aprobación en el Senado.
• Obligatoria, la asignación de recursos públicos al poner las pensiones en la Constitución.
• Niños y niñas en pobreza e indígenas hasta los 65 años, los beneficiarios de las pensiones por discapacidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de marzo las reformas que él propuso para poner en la Constitución “el derecho a la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños pobres con discapacidad, el derecho de los jóvenes, de familias de escasos recursos, a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares, y el derecho del pueblo a la salud”. Con esas palabras explicó la reforma en su conferencia de prensa mañanera. Reconoció que en la Constitución ya estaba incluido el derecho a la salud, sin embargo, dijo, no se cumplía: “hay, desde hace tiempo, derechos convertidos en letra muerta (…) es hasta ahora que estamos en condiciones de garantizar el derecho a la salud.”

La reforma se inscribe en el artículo 4º. de la Constitución, al que en los últimos 40 años se le han agregado enunciados sobre derechos económicos, sociales, culturales y hasta medioambientales. Incluye la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la población sin seguridad social; es decir, medicamentos y atención gratuita.

En cuanto a la pensión para personas con discapacidad, la reforma dice que el Estado “garantizará la entrega de un apoyo económico a las mexicanas y mexicanos que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.”

Sobre la pensión a adultos mayores, se establece que se otorgará a mayores de 68 años y en el caso de los indígenas, será desde los 65 años de edad. Cumplir con la edad es el único requisito, no se establecen restricciones como en la pensión a personas con discapacidad.

Las becas escolares serán para estudiantes de los distintos niveles escolares “pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza”.

Esto es justicia, el apoyo a la gente pobre: AMLO

Con la votación de la mayoría de los diputados, la reforma deberá pasar a la Cámara de Senadores para que la aprobación sea definitiva. El objetivo del gobierno de López Obrador con esa reforma es asegurar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los programas sociales que echó a andar desde el año pasado y que conforman su política de bienestar.

El Presidente habló así de lo que significa el cambio constitucional: “Esto es justicia, esto es bienestar, apoyo al pueblo, a la gente humilde, pobre, a los más vulnerables. Nunca va a disminuir este presupuesto, cada año tiene que ser mayor y es mandato constitucional, habrá presupuesto garantizado (…) No van a poder darle marcha atrás en el futuro.”

López Obrador cumple con esto uno de los principales objetivos de su proyecto de transformación del país, anunciados desde el primer día de su gobierno. Para esta aprobación en la Cámara de Diputados contó con 385 votos a favor, de los representantes de Morena y de partidos aliados, 18 abstenciones y 49 votos en contra, mismos que el presidente exhibió como expresiones de diputados que estarían en contra del bienestar del pueblo.

Sin embargo, no han sido los únicos en cuestionar esta política de transferencia directa de recursos a población en pobreza. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que respaldaron su triunfo electoral también han expresado preocupación por los limitados alcances que puede tener para producir una transformación de la situación de vulnerabilidad de la gente.  

En particular, colectivos de personas con discapacidad se manifestaron desde febrero del año pasado para señalar que la pensión de 2550 pesos bimestrales (127 dólares) no es suficiente para atender el rezago en el que se encuentra la mayoría de quienes viven esta condición.

Con la consigna “inclusión, no sólo pensión”, señalaron en una carta dirigida al presidente López Obrador, que la discriminación estructural que ha enfrentado esta población requiere de la acción del Estado en diversos ámbitos para garantizar el acceso a la salud, a la educación inclusiva, la vivienda digna, la vida en comunidad, la accesibilidad en el entorno y en el transporte, necesidades que no se alcanzan a cubrir con la pensión. Sobre todo, señalaron que México tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea superar las políticas asistenciales dirigidas a esta población.

Estos cuestionamientos se presentaron en el ejercicio de parlamento abierto que se realizó en la Cámara de Diputados como parte del proceso de aprobación de esta reforma.  

Las familias usan la pensión para comprar alimentos: Subsecretaria Montiel

Le correspondió a la subsecretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, defender la propuesta de reforma ante los diputados. Dijo que ésta obedecía al objetivo de crear “un piso de universalidad” para garantizar derecho a los más pobres, y a volver exigibles los programas sociales. Y aunque mencionó las situaciones que los funcionarios han encontrado en su recorrido por los municipios del país para detectar dónde viven las personas con discapacidad, como la falta de servicios de salud en la comunidad, de caminos accesibles y de atención médica especializada, insistió en que las pensiones serán de gran beneficio para esta población.

También tuvo un mensaje para los críticos: dijo que si bien México impulsó en Naciones Unidas la creación de la citada Convención, los gobiernos anteriores “hasta ahí llegaron”, es decir, no fueron más allá de promover el tratado internacional. Para la secretaría de Bienestar, con la pensión, las personas con discapacidad van a tener garantizados su derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Al mismo tiempo reconoció que las familias de las niñas y niños con discapacidad que están recibiendo la pensión destinan el dinero a gastos de alimentación. Con ello, la funcionaria pretendió demostrar el beneficio que tienen con este recurso. Sin embargo, el dato también evidencia que la pensión se usa para la subsistencia de la familia en general y no necesariamente para las necesidades particulares de la niña o niño con discapacidad.

La Subsecretaria dijo que para este 2020 se cuenta con un presupuesto de 14 mil 197 millones 246 mil 989 pesos, se están entregando pensiones a 800 mil personas con discapacidad, y que a finales del año se estará completando la meta de un millón de beneficiarios, una promesa de López Obrador desde que tomó posesión en diciembre de 2018.

Aunque la población total con discapacidad es de 8.1 millones de mexicanos, de acuerdo con las estimaciones del INEGI al 20016, Bienestar subraya que se está atendiendo prioritariamente a la población en pobreza; aún así, el millón de becas no sería suficiente. El mismo dictamen en el que se basa esta reforma recoge las cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el cual señala que 46% de la población con discapacidad vive en pobreza, casi 4 millones de personas.

Los límites de la pensión Bienestar

El pasado 5 de marzo, en un foro realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mujeres indígenas con discapacidad, de Santa María Tlahuiltoltepec, Oaxaca, expresaron que las pensiones de la Secretaría de Bienestar no han llegado a su comunidad. A la madre de Erika, una joven con Síndrome de Down, le han dicho que el recurso todavía va a tardar en llegar. Soraya, una joven con debilidad visual, comentó que a ella le negaron el apoyo porque el funcionario de Bienestar que la entrevistó la vio usando una computadora y le dijo que no necesitaba el apoyo, sólo basado en su criterio. Pero en la escuela de su comunidad tampoco le dan trabajo como maestra porque le dicen que no va a poder atender a un grupo porque no ve. Lo que estas mujeres piden para su comunidad son escuelas cercanas, un espacio de capacitación laboral para hombres y mujeres con discapacidad y servicios de salud, lo cual no se va a cubrir con la pensión de Bienestar, en caso de que la reciban.

En América Latina está el antecedente de Ecuador con una política similar a la que está implementando el gobierno mexicano, transferencias de recursos a través del programa Manuela Espejo implementado en 2009 por el entonces presidente, Rafael Correa. Diez años después, la crítica es que no logró transformar las condiciones de vida de los ecuatorianos con discapacidad. Las familias usaron los recursos para las necesidades generales, no siempre para atender lo que necesitaba el integrante con alguna deficiencia. Se acusa que fue una política de proselitismo electoral.

Por lo pronto, en México, si el argumento para cuestionar las pensiones era que en la Constitución no decía que había una obligación del Estado para entregar apoyos económicos, bueno, pues ahora ya lo dice.