- Se cumplen 12 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nos alejamos del modelo social que propone
- Es necesario que la sociedad civil organizada tenga independencia de los funcionarios públicos.
- Hay una gran oportunidad de replantearnos lo que hemos venido haciendo
En el aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) nos preguntamos ¿dónde estamos en México el camino que inició con la Convención rumbo a un cambio radical en la forma de ver, comprender, asumir y convivir con la discapacidad?
Hay un consenso desalentador de que en 12 años no ha habido un avance sustantivo en hacer realmente vigente el espíritu y la letra del tratado internacional que, en muy resumidas palabras establece: las personas con discapacidad son personas, es decir, tienen derechos plenos, son parte de la diversidad humana y los Estados deben reconocerles los mismos derechos que a las demás personas y generar las condiciones para que los ejerzan. La Convención dice también que la discriminación y la segregación son las que han limitado el desarrollo de esta parte de la población, por lo tanto, se les debe erradicar.
Y no es una parte pequeña de la población, son entre 7 y 10 millones de mexicanos, más sus entornos familiares. La pandemia está sacando a flote esta realidad que no se puede ocultar con demagogia. La desarticulación en la atención es evidente y la sufren más desprotegidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado este 2 de mayo en el que le recuerda el Estado mexicano que tiene una deuda histórica” con la población con discapacidad, y entre otros pendientes, señala que “las instituciones encargadas de la coordinación, orientación, diseño e implementación de políticas y programas para la atención e inclusión de las personas con discapacidad están debilitadas” y no se les ha consultado ni incluido en la discusión de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Pero ¿qué ha pasado? Por qué en 12 años se ha avanzado tan poco y, contrario a lo que se esperaba ante el cambio político con el triunfo electoral de la izquierda en 2018, ha habido retroceso en esta agenda de derechos, como apunta el diagnóstico de la CNDH.
En gran medida, la situación actual se explica por la falta de una sociedad civil articulada que impulse, en un mismo sentido, la implementación de la CDPD, “hay diversas interpretaciones sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad”, nos dijo en entrevista el Dr. Enrique Garrido, quien ha dedicado gran parte de su vida a la atención de personas con discapacidad, principalmente jóvenes con discapacidad intelectual y se ha especializado en políticas públicas sobre inclusión en el modelo social de la discapacidad.
Las experiencias internacionales nos muestran que en los países donde ha habido avances, por ejemplo, en políticas de accesibilidad y seguridad social, no ha sido gracias a que las autoridades hayan tomado conciencia súbitamente, sino a que ha sido el resultado de la presión ejercida por organizaciones civiles combativas y comprometidas con impulsar la inclusión social sin concesiones ante el poder político. Un testimonio de ello es el documental Crip Camp, sobre la lucha de activistas con discapacidad en Estados Unidos por los derechos civiles.
A principios de este 2020 imprevisible, conversamos con el Dr. Enrique Garrido. Su voz y sobre todo su experiencia como testigo en el movimiento social mexicano es relevante para comprender el momento en el que estamos y qué ha frenado el avance del modelo social de la discapacidad en México, el nuevo, ya no tan nuevo paradigma, con 12 años de vigencia en el mundo:
“En el caso de los que ya llevamos muchos años en esto y hemos visto pasar la vida (sin ver que se cumplan los derechos), así muchas personas con discapacidad han estado en sus casas sin lograr tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación política, a la vida en comunidad, a la capacidad jurídica. Mucho se nos queda en el discurso y la realidad, la vivencia de una persona con discapacidad, que es la más importante, sigue con muchas carencias porque no hemos dado respuesta como país, como gobierno, como sociedad, a las necesidades que tiene la población.”
Sin embargo, este panorama también abre también la oportunidad de impulsar los cambios desde la sociedad civil si se reflexiona sobre qué se ha hecho y cómo construir una agenda común. En el contexto de la pandemia y del aniversario de la Convención las palabras del Dr. Garrido cobran vigencia.
(Entrevista en video y texto)
Le preguntamos sobre su evaluación de la situación actual de las personas con discapacidad y la política pública en México, por ahora acotada a la transferencia de dinero, a través de las becas Bienestar de 2, 550 pesos bimestrales (106 dólares), a un millón de personas con discapacidad, en particular en zonas indígenas.
¿En dónde estamos?
Dr. Garrido: “Estamos en un momento complicado, si bien en los últimos 30 años (el tema) ha estado presente, no se ha tenido la velocidad y el impacto en las poblaciones con mayores necesidades de apoyo, no solamente en el área urbana sino en las rurales.
En esta nueva administración se ha hablado del tema de las becas como parte de un derecho humano, sin embargo, hay una deuda que se ha tenido de muchas décadas, siglos de inatención a toda la población con discapacidad en todo el mundo. Una beca es bien recibida dadas las carencias enormes que se tienen en áreas más marginadas. Pero lo que necesitamos es tener una visión de vanguardia en materia de derechos humanos, hay compromisos todavía no cumplidos o muy parcialmente cumplidos con relación a los contenidos y los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las primeras recomendaciones que se hicieron a México en 2014 por parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas.”
“Hemos tenido reuniones y revisiones sobre esto en los últimos años y se ha visto que no ha habido un verdadero compromiso, una política pública que de respuesta a las grandes necesidades en términos de derechos humanos. Es decir, los que más se comentan son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, pero son mucho más que eso.”
“Hay un artículo que es el más revolucionario de la Convención, que tiene que ver con la capacidad jurídica (Artículo 12, “Igual reconocimiento como persona ante la ley”), que si lo tomáramos en toda su dimensión, podría traer cambios benéficos, no sólo para las personas con discapacidad, sino para todos los seres humanos porque nos reubica de una manera totalmente diferente a la que hemos sido educados”, una manera en la que se agudizan las diferencias con relación a las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial.
“Creo que hay muchos pendientes, no estamos viendo todo lo que quisiéramos, si bien se están atendiendo cuestiones nacionales, en este ajuste creo que se ha invisibilizado el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad. Esperemos que se visibilice sobre todo por parte de Gobernación, del (subsecretario) Alejandro Encinas que tiene la tarea de dar respuesta a los compromisos internacionales en ésta y en todas las materias de derechos humanos. Esperamos que se pueda replantear la política pública.”
“Tenemos muchos pendientes, uno de ellos de gran relevancia es la armonización legislativa, que tampoco tenemos grandes evidencias, ha habido pequeños cambios, pero no los que se requiere y se necesitan para beneficio de las personas con discapacidad y en beneficio de todos los mexicanos, de toda la sociedad.”
¿Qué le tocaría hacer a la sociedad civil organizada?
Dr. Garrido: “La participación de la sociedad civil es uno de las temas centrales de la Convención, debe haber una participación ineludible, constante, permanente, de las personas con discapacidad y las organizaciones para la implementación y vigilancia de la Convención en México. Desafortunadamente esto no ocurre. Aunque hay muchos esfuerzos de la sociedad civil ha sido con modelos ya rebasado.”
“Requerimos tener una mayor articulación de la sociedad civil, por lo pronto, el tema de los derechos de las personas con discapacidad tiene distintas interpretaciones (entre los líderes y las organizaciones). Requerimos:
- Un análisis más profundo de lo que entendemos de la CDPD con la nueva definición promovida por Naciones Unidas (el nuevo paradigma) y tener una visión común de modificación de la política pública.
- Es necesario que la sociedad civil tenga independencia de los funcionarios públicos. Debemos estar en comunicación (con ellos), proponer ideas pero definitivamente con claridad de lo que es la sociedad civil, que es distinta al gobierno y sus funcionarios.
- Sí debe hacerse el análisis con la madurez que implica tener claridad de las condiciones en las que viven las personas con discapacidad y (reconocer) que sociedad civil tiene una gran experiencia en el conocimiento de estas condiciones.”
¿Hay oportunidad para actuar desde la sociedad civil?
“Claro, dado que no se ha logrado la implementación de la Convención, que no ha habido la velocidad en la implementación de política pública, de que muchos de los esfuerzos están desarticulados, atomizados, definitivamente hay una gran oportunidad de replantearnos lo que hemos venido haciendo, los propios discursos que hemos tenido, lo cual pasa, no solamente por el análisis de lo que esta nueva administración pretende, de cuál es su idea, sino de las propias ideas que tenemos cada uno de nosotros para encontrar puntos de acuerdo, de compromisos y buscar las estrategias para que a la mayor velocidad posible puedan percibirse estos cambios.”
Y concluye, el Dr. Enrique Garrido, señalando lo que es más importante de señalar los rezagos y la “deuda histórica” en este tema:
“En el caso de los que ya llevamos muchos años en esto, hemos visto pasar la vida, así muchas personas con discapacidad han estado en sus casas sin lograr tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación política, a la vida en comunidad, a la capacidad jurídica. Mucho se nos queda en el discurso y la realidad, la vivencia de una persona con discapacidad, que es la más importante, sigue con muchas carencias, porque no hemos dado respuesta como país, como gobierno, como sociedad, a las necesidades que tiene la población con alguna discapacidad.”