- Entrevista con la Lic. María Fernanda Pinkus Aguilar
Los primeros estudiantes de la Clínica Jurídica, la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llegaron en enero de 2013 y bajo la dirección de la Dra. Guadalupe Barrena Nájera se comenzó a formar ese espacio educativo innovador en el que se aprende desde la práctica y el trabajo multidisciplinar, a construir caminos para hacer justiciables los derechos humanos.
En este 2020 tan singular, el que Clínica Jurídica de la UNAM esté cumpliendo siete años es un motivo de celebración y de esperanza; abogadas y abogados con compromiso y creatividad lograron poner en marcha un espacio académico donde el proceso de enseñanza – aprendizaje se comprueba a diario en la relación con los otros, con los sujetos históricos de demandas de justicia no atendidas.
La doctora Barrena sentó las bases para echar a andar el proyecto con el apoyo del PUDH y de Open Society Foundations, centrado, en gran medida en promover el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en México y América Latina.
En 2018 tomó la estafeta la Lic. María Fernanda Pinkus, quien ya se desempeñaba como abogada de la Clínica desde 2016. Como directora, Pinkus se encargó de dar continuidad y proyección al trabajo por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en particular por el reconocimiento de la capacidad jurídica de estas personas, un derecho fundamental para hacer que se logre en México la plena vigencia del paradigma social sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Conversamos con la Lic. Pinkus Aguilar sobre el trabajo de Clínica de Acción Legal, su impacto en la formación de estudiantes de derecho y otras disciplinas, así como sus logros en beneficio de personas que, de otro modo, no habrían tenido acceso a la justicia.
Después de dos años de intenso trabajo, Pinkus dejará la dirección de la Clínica habiendo fortalecido el programa de enseñanza jurídica en un entorno multidisciplinario que ha tenido importantes logros en casos litigados y con procesos de incidencia en marcha.
Dis-capacidad.com: En varios países existe el modelo de las clínicas jurídicas como la del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, ¿en qué consiste su trabajo, cómo funciona?
María Fernanda Pinkus: Son espacios educativos donde los estudiantes aprenden desde conocimientos teóricos hasta prácticos; en nuestro caso, aprenden sobre empatía, trabajo en equipo. Es una clínica multidisciplinaria, hemos tenido estudiantes de Psicología, de Trabajo social, de Derecho, de Estudios Latinoamericanos, de Antropología, de Comunicación, todos ellos pueden aportar, desde su perspectiva, a que se hagan vigentes los derechos humanos.
También hay clínicas que se categorizan como de litigio de alto impacto, casi todas están dirigidas a ayudar a sectores de atención prioritaria con servicios jurídicos gratuitos y a ayudar a personas que generalmente encuentran obstáculos para acceder a la justicia, como son las personas con discapacidad, personas migrantes o de otros grupos que han enfrentado discriminación.
¿Qué hace en particular la Clínica de Acción Legal?
Hacemos el trabajo de acercar a la justicia a personas que no han tenido esta oportunidad a través de estudiantes que brindan servicios legales de asesoría y representación jurídica.
A la fecha han pasado por la Clínica más de 300 estudiantes y han tenido una formación en derechos humanos. Son estudiantes que salen con compromiso ético y pensamiento crítico, justo lo que se necesita, por ejemplo, para que se implemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se haga vigente, que tanto trabajo ha costado.
En el equipo tenemos otros dos abogados, Sergio Treviño y Mario Peña (quienes prestaron servicio social en la Clínica), la psicóloga Emma Gonzalez y Patricia Piñones apoyando desde el área de pedagogía.
Tenemos estudiantes desde primero o segundo semestre de sus carreras, que son los más creativos, hasta los que están en proceso de titulación. El trabajo con personas con discapacidad nos exige ser muy creativos y los estudiantes nos aportan mucho en ese sentido. Ahora acaba de empezar el semestre y tenemos 29 estudiantes de distintas carreras. Ellos están en la Clínica de 6 meses a un año, van todos los días, durante 4 horas, es un trabajo muy intenso.
¿Cómo es que la Clínica de Acción Legal tomó el tema de los derechos de las personas con discapacidad?
Se trata de un esfuerzo regional en América Latina, donde se impulsó la creación de diversas clínicas jurídicas que atendieran a esa población, específicamente se han enfocado los esfuerzos en lograr el reconocimiento de su capacidad jurídica, de su derecho de tomar decisiones por sí mismos. La Clínica Jurídica inicia un proyecto con Open Society Justice Foundations en 2013 y a partir de ahí, la mitad de nuestros temas, casos, proyectos, tienen que ver con personas con discapacidad, y aunque se refieran a cómo lograr el acceso a la salud o el ejercicio de la maternidad, siempre está de por medio el tema del ejercicio de la capacidad jurídica.
En México persisten los obstáculos en los órganos de procuración e impartición de justicia que no reconocen derechos y mucho menos la capacidad jurídica de personas con discapacidad…
Pero no solo en los órganos de procuración e impartición de justicia; lo vemos en las escuelas, que no permiten el acceso a las personas con discapacidad, en los servicios de salud. Tenemos un caso de una persona con discapacidad intelectual que por tener esta discapacidad, el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) le dice que no le pueden atender cuando tiene una problemática que compete al INP. Se les niega ese derecho y a la vez ellos no pueden reclamarlo en el sistema de justicia porque lo primero que le piden es tener un representante.
Siempre va muy de la mano la capacidad jurídica y el acceso o la negación de derechos. Al trabajar con estudiantes en formación, todos ellos ya salen de la Clínica con una cultura jurídica distinta; ahí está lo interesante de lo que hacemos. Además del tema de discapacidad, también tenemos muchos casos de política migratoria y otros casos de discriminación y violencia.
Los estudiantes que pasan por la Clínica aprenden a vivir en un mundo de diversidades, encarnan y asumen como propio el derecho a la igualdad y no solo como algo que está en la ley. Eso es lo que hace falta, cambiar la forma en cómo vivimos y proyectamos el derecho y creo que eso es lo interesante ,que sea un espacio formativo, que ya estén pensando en cómo cambiar la cultura de derechos humanos.
Es muy alentador pensar que estos jóvenes profesionistas son los que van a cambiar las cosas, los primeros que puedan, en la práctica, abrir las puertas a las personas con discapacidad en vez de cerrarlas. Sin embargo, ellos y ellas vienen de una formación académica donde les están diciendo que existe el régimen de interdicción, por ejemplo, los programas de enseñanza no han cambiado, ¿cómo se logra esa transformación desde la Clínica de Acción Legal?
Este ejercicio de aprender desde la práctica tiene un componente de reflexión que es fundamental, es desarrollar un pensamiento muy crítico, es estar cuestionando todo el tiempo. Y en ese cuestionamiento cotidiano es donde ellos escriben, les pedimos que hagan un ensayo reflexivo.
Y ahí es donde nos damos cuenta de que ellos reconocen situaciones como: “claro, yo tenía esos mismos prejuicios, pensaba que tal persona no podía, que no era capaz y con estas herramientas (la multidisciplina) me di cuenta de que son personas como yo y que por lo tanto tienen los mismos derechos y que si se les ayuda a eliminar esas barreras que se encuentran en el entorno, pueden ejercerlos igual que yo.”
El cambio se detona a partir de convivir con lo diferente. Ellos tienen que cambiar el chip, por ejemplo a psicólogos y psicólogas les enseñan en la carrera a medir desde el déficit lo que las personas con discapacidad no pueden hacer, y en la Clínica tienen que encontrar herramientas para medir, no los déficits sino las habilidades, y potenciarlas.
Claro, de lo que estamos hablando es un cambio cultural, en el entorno has crecido escuchando que la persona con discapacidad no puede, que es peligrosa para sí misma y para los demás…
Nos sirve mucho poner sobre la mesa cuestiones como: con qué cosas de las personas con discapacidad que estamos atendiendo relacionamos nuestra propia experiencia de vida, qué me dice sobre mis propios prejuicios.
Y siempre sale algo como “yo tengo un primo que no puede hacer tal cosa” y entonces decimos, a ver por qué no puede o dónde está el problema, en qué contexto se desarrolla y qué barreras enfrenta y vamos desmenuzando. Porque adoptar el discurso es muy fácil, lo que no es tan fácil es darse cuenta de que tenemos una carga cultural y de prejuicios y cómo la ponemos sobre la mesa para que no afecte nuestro trabajo y no nos constituyamos en un obstáculo más para esa persona.
La acción legal de la Clínica del PUDH también ha tenido impacto en los medios cuando han conseguido resoluciones favorables para grupos de población discriminados. Por ejemplo, el caso de un migrante mexicano indígena a punto de ser deportado a un país centroamericano porque funcionarios no le creían que era mexicano. Cuéntanos de esto.
Fue el caso de tres indígenas mexicanos que estuvieron a punto de ser deportados, se consiguió que el Instituto Nacional de Migración se disculpara con estas tres personas y también con las comunidades indígenas de las que son originarios, porque esto es algo que le pasa a muchas personas en el sureste del país, donde hay muchos retenes migratorios.
También hemos tenido casos donde se ha reconocido la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en distintos contextos y vinculada a distintos derechos como su derecho a manejar su propio dinero, a cobrar su propia pensión, a recibir apoyos para aprender a administrar su dinero. También se ha logrado el reconocimiento legal de apoyos para el ejercicio de la maternidad de mujeres con discapacidad, donde la misma familia se puede constituir como un apoyo, en vez de quitarle su capacidad jurídica y quitarle a su hija, la familia le da apoyos.
Tenemos casos donde se han reconocido derechos a parejas del mismo sexo, en particular el derecho a la seguridad social en igualdad de condiciones con parejas heterosexuales.
Tuvimos un caso que se litigó con muchas personas interesadas en el reconocimiento de la educación inclusiva y en contra de la Ley General de Educación que establecía como una prioridad la educación especial. Tuvimos la oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia decidiera, después de muchos años de litigio, que no, que no deben existir dos sistemas educativos, sino que debe existir un sistema que garantice la inclusión y que se establezcan los apoyos y ajustes para que las personas con discapacidad puedan incluirse en esos espacios. Ese derecho tan importante que va a permitir que las personas accedan a un empleo y a otros derechos.
Claro, después la Secretaría de Educación Pública debía hacer otros cambios para garantizar en la práctica el derecho a la educación inclusiva. Comentaste sobre la colaboración de la Clínica con otras personas y organizaciones, ¿cómo funciona esto?
La mayoría de nuestro trabajo es en litigio, pero se ha complementado en otras áreas en un trabajo conjunto con sociedad civil y eso ha culminado, por ejemplo, en la presentación de dos iniciativas legislativas, una en la Ciudad de México y otra a nivel federal para que se reforme el Código Civil y se reconozca la capacidad jurídica en todas las personas, sin distinción.
También se ha hecho incidencia a través de la elaboración de Amicus Curiae presentado a la Suprema Corte; trabajos de concientización con las familias de personas con discapacidad. Por ejemplo, se trabajó en un proyecto piloto para detectar necesidades y establecer apoyos para personas adultas con discapacidad y entonces demostrar cómo podría el gobierno instalar sistemas de apoyo para personas con discapacidad.
Es decir, no es solamente el ligio, hay que acompañarlo con otro tipo de acciones.
Es toda una acción transformadora, sin duda. También está el caso del acompañamiento que ha dado la Clínica Jurídica para la conformación de Entropía, una asociación civil integrada por personas con discapacidad intelectual y psicosocial, principalmente.
Sí, entre los juicios de reconocimiento a la capacidad jurídica, este fue un precedente muy importante que salió el año pasado en la Suprema Corte en el que se declara inconstitucional el estado de interdicción, en este caso en específico con efectos sobre un grupo de personas con discapacidad para que pudieran constituir una asociación civil, y fueran reconocidas como personas que tienen derecho de acudir ante un notario con los apoyos que les ayuden a tomar decisiones jurídicas.
Esto es súper importante para que las personas con discapacidad también puedan dar seguimiento a diversas acciones sobre la implementación de la Convención, por ejemplo, que puedan participar en las consultas que se hagan cuando vayan a aprobar leyes que les afecten.
(Nuestra entrevistada no lo menciona, pero en enero de 2019, la Clínica de Acción Legal también logró que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cesara el estado de interdicción de una persona con discapacidad psicosocial y reconociera el sistema de apoyos para hacer accesible su derecho a tomar decisiones por sí mismo. )
Y esto se logró después de varios años de litigio. No ha sido fácil. Ahora tienen en marcha el acompañamiento a las iniciativas legislativas sobre capacidad jurídica, ¿cómo va este tema?
A nivel federal, la Diputada Laura Patricia Ávalos presentó el pasado 15 de septiembre una iniciativa de reforma a los artículos 23 y 450 del Código Civil Federal para que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se reconozca su derecho a contar con apoyos para ejercer este derecho y que se tienen que establecer salvaguardias para impedir abusos.
Tuvimos comunicación con el equipo de la diputada, es parte del trabajo que se hace con sociedad civil y desde un espacio académico como es la Clínica de Acción Legal para incidir en una reforma legal que urge, porque la Convención está vigente en México desde 2008.
En el caso de la Constitución de la Ciudad de México ya se reconocen estos derechos. Pero pareciera que no basta, hay que reformar los códigos civiles. Si se logra esta reforma en el Código Civil Federal puede haber un efecto muy importante en lo local. Hay que seguir incidiendo para que la reforma se apruebe, en un trabajo conjunto con la sociedad civil.
Hay otras clínicas jurídicas en Latinoamérica con incidencia también en temas de derechos de las personas con discapacidad…
Sí, en Colombia está el proyecto PAIIS, hicieron un importante trabajo que culminó en la aprobación de leyes que reconocen la capacidad jurídica y que regulan los apoyos para personas con discapacidad.
En Perú está la Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú que también impulsó muy fuertemente la reforma en capacidad jurídica.
Hay un trabajo importante en Brasil, en Chile también. El trabajo de las clínicas jurídicas puede llegar a tener un impacto grande en varios ámbitos, desde la formación de estudiantes hasta el beneficio directo en la sociedad.
¿Qué te llevas de la experiencia al frente de la Clínica de Acción Legal del PUDH de la UNAM?
He aprendido a reconocer mis propios prejuicios, he aprendido a ser más creativa en el litigio y en el trabajo con personas con discapacidad, he aprendido a hacer una comunicación accesible, lo cual no es fácil, las personas con discapacidad en su diversidad también han aportado mucho en su forma de ver y entender el mundo.
También el trabajo multidisciplinario, que he tenido oportunidad de hacer, ha aportado mucho a mi formación.
Me llevo muchas satisfacciones por los juicios ganados y sobre todo, lo que es más satisfactorio: haber podido escuchar esas reflexiones de los estudiantes y su transformación en profesionales que se están formando en la Clínica. Ya llegaron los estudiantes del nuevo semestre quienes seguirán buscando incidir en que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que los demás.
Agradecemos la conversación con la Lic. María Fernanda Pinkus Aguilar y le deseamos éxito en su camino profesional.
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