- La activista dio asesoría a OSC que presentaron una iniciativa de ley para crear un instituto para la inclusión social de las personas con discapacidad en San Luis Potosí.
- Pasar del asistencialismo, exclusivo del DIF, al modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el objetivo de la iniciativa.
- Con la lucha por la defensa de derechos de personas con autismo se logró armar una agenda común entre organizaciones civiles.
El estado de San Luis Potosí podría contar con una ley de avanzada para la inclusión social de las personas con discapacidad, una legislación que realmente recoja los principios del modelo social de la discapacidad, distinto al modelo médico asistencial.
La iniciativa de ley presentada el pasado 3 de marzo por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, plantea la creación de un instituto que cumpliría la función de ser el eje rector para impulsar y hacer el seguimiento de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el estado, de forma que todas las secretarías de gobierno se hagan cargo de lo que les toca para garantizar la inclusión de esta población. Actualmente está vigente una ley no actualizada con la Convención, por lo cual el planteamiento implica derogarla para establecer una nueva.
Más allá del asistencialismo del DIF
“La discapacidad debe dejar de ser un asunto del DIF y una tarea de entregar bastones, sillas de ruedas y aparatos auditivos”, comentó en entrevista con Dis-capacidad.com Catalina Torres, experta en la CDPD, en armonización legislativa, en turismo inclusivo y destacada en el activismo nacional e internacional por los derechos de las personas con discapacidad. “Un instituto como el que estamos proponiendo en la ley no requiere más que 5 millones de pesos para su creación y funcionamiento”, explica, porque no se trata de que ejecute toda la política pública sobre discapacidad, sino de que oriente las acciones de todas las instituciones de la administración pública para que cada una en su ámbito cumpla con garantizar derechos, por ejemplo, al trabajo, a la educación, a la salud, a la rehabilitación, a la cultura, etc.
Para contribuir a elaborar esta iniciativa de ley, Catalina recorrió varios estados del país para conocer los distintos institutos o consejos de la discapacidad existentes, la legislación y la forma en que han sido implementados.
Torres, también representante estatal de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, hizo el trabajo de recuperar las mejores prácticas, ver lo que ha servido y lo que no, conocer los presupuestos con los que operan y sus resultados. De esta investigación destaca que el Instituto Guanajuatense de las Personas con Discapacidad (INGUDIS) es, por mucho, el que cuenta con más presupuesto, mientras que el de Yucatán tiene el presupuesto más modesto.
Realizó esta amplia investigación para librar el pretexto que siempre ponen los legisladores de San Luis Potosí (y de cualquier otra entidad) para negar la creación de un instituto o consejo especializado en el tema: no hay presupuesto.
La propuesta legislativa persigue, sobre todo, lograr que de una vez por todas cambie el enfoque del poder ejecutivo y del legislativo con respecto a las poblaciones con discapacidad, que hasta ahora ha sido únicamente el asistencialismo. Catalina lo explica así: “Si bien es necesario que se atienda la demanda de ayudas técnicas, el tema no termina ahí, es importante que el DIF siga haciendo su trabajo asistencial, pero para lograr que se avance en la implementación de la CDPD, se requiere que todo el gobierno se involucre y se haga cargo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.
Por ejemplo, señala Catalina, es necesario (y urgente) que las distintas instancias de gobierno conozcan la situación en las comunidades indígenas, en la región de la Huasteca, en la sierra, donde no hay servicios para niñas, niños, adolescentes ni para adultos con discapacidad, donde la marginación y la pobreza los deja en mayor vulnerabilidad. “En esas zonas no hay nada, no llegan los programas y las entregas de sillas de ruedas donde no hay ni siquiera accesibilidad en el espacio público, no son de gran ayuda.
La propuesta legislativa también incluye el tema de la consulta a las personas con discapacidad para la toma de decisiones sobre asuntos que les afecten. El cómo llevar a cabo la consulta es un tema que no figura en ninguna ley más que de forma enunciativa en la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Lograr una agenda común en plena pandemia
Las organizaciones y sus representantes involucrados en esta iniciativa de ley son: Servando Hernandez, de Integra, asociación de personas con discapacidad visual; Ricardo Rickiss Tovar, de la Asociación Potosina del Deporte sobre Silla de Ruedas, A.C.; Víctor Manuel Manolo Montes de Oca, representante del Instituto Bilingüe Intercultural Sordos, A.C; Jesús Elías Díaz, del colectivo Autismo con Rumbo; y Marissa González, representante de Intégrame Down, A.C, de padres y madres de niños con discapacidad intelectual.
Como se puede apreciar, esta iniciativa generada en plena pandemia cuenta con el respaldo de organizaciones de distintos ámbitos, lo cual llama la atención porque si antes del coronavirus ya era complicado lograr acuerdos entre colectivos, no es poca cosa el que hayan logrado armar una agenda común para impulsar la creación del instituto de personas con discapacidad de San Luis Potosí.
Al respecto, nuestra entrevistada señala: “Hay un trabajo detrás, de muchos años, de estar impulsando la toma de conciencia sobre el reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Me sorprendió que los medios convocados a la presentación y entrega en el Congreso de esta iniciativa estuvieran atentos al tema y usaran el lenguaje correcto y no discriminatorio para referirse a las personas con discapacidad.” Sobre todo, revela Catalina, fue muy importante lo que ocurrió en los meses recientes en la capital potosina. Desde finales de 2020, varios colectivos se organizaron para defender la continuidad del Centro de Autismo del DIF, un espacio para terapias dirigidas a niños y jóvenes con autismo que se había consolidado en los últimos con la aplicación de un modelo de atención desarrollado por un equipo de psicólogas y especialistas en distintas disciplinas. Por disputas internas entre personal administrativo pretendían eliminarlo y trasladar a los usuarios al Instituto Temazcalli, un servicio dedicado a la atención en adicciones y trastornos de la alimentación, lo cual implicaba un retroceso para quienes ya llevaban un programa de rehabilitación en el centro especializado del DIF.
“Las madres asumieron el compromiso de defender ese espacio que había construido en colaboración con las especialistas, nos buscaron para asesoría, estuvimos acompañándolos, se integró un grupo con una orientación clara en los propósitos y exigencias ante la autoridad y a final de cuentas lo lograron, les regresaron el centro, en lugar de cerrarlo y exigieron también que se reinstalara al personal. Pero, para lograrlo, las madres de los jóvenes con autismo se decidieron a alzar la voz, convocaron a los medios, lograron amplia cobertura sobre su movimiento y al final, la autoridad no tuvo más opción que atender sus demandas.”
Ese logro consolidó al grupo y le dio más fuerza. Por encima de diferencias, se tuvo consenso en torno a una agenda común. Compartimos con Catalina, integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, nuestra apreciación de que esto es relevante no sólo para San Luis Potosí, sino para México, pues hoy por hoy no existe a nivel nacional un movimiento asociativo de personas con discapacidad que sea amplio y tenga la fuerza necesaria para impulsar una agenda común y hacerse escuchar por el gobierno federal o los gobiernos estatales. Predominan los esfuerzos aislados y con enfoques no solo distintos, sino hasta contrapuestos, que dificultan el conformar liderazgos legítimos.
Será necesario seguir atentamente lo que ocurra con la iniciativa “Ley para la Inclusión Social en San Luis Potosí”, ya que puede ser la semilla de un modelo de organización que se extienda a todo el país.
De acuerdo con el Censo 2020, en el estado hay casi medio millón de personas con discapacidad, lo que representa el 17.5% de la población, un punto porcentual por arriba de la media nacional. Y la mayoría son mujeres.
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