Se necesita una ley general y una estrategia nacional de accesibilidad: CNDH

  • No se han creado cadenas de accesibilidad”, persisten acciones aisladas: Luis Raúl González Pérez
  • Servidores públicos de todos los niveles aún no toman conciencia de la obligación de garantizar accesibilidad en el entorno físico, el transporte y las comunicaciones 
  • Urge contar con el mecanismo nacional de implementación de la política pública sobre derechos de las PcD.

 

Ciudad de México, 28 de agosto, 2019.- Para realizar el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad presentado este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo una revisión documental de la legislación y normatividad existente, así como de informes de los últimos dos sexenios, de diversas dependencias de gobierno y de la sociedad civil; también llevó a cabo mesas de trabajo con autoridades que tendrían responsabilidad en la implementación de la accesibilidad en el país, explicó el ombusdperson, Luis Raúl González Pérez. 

 

De esa revisión, la CNDH concluye que México no cuenta con un programa ni con una estrategia nacional para garantizar  la accesibilidad en tres ámbitos fundamentales: el entorno físico, el transporte y las comunicaciones. Lo que observaron es que hace falta la sistematización de la información sobre la ejecución de las leyes y normas; esto deriva en acciones aisladas, sin seguimiento ni evaluación, es decir, no se garantiza el ejercicio de este derecho que, en principio afecta al 63% de la población (entre personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades discapacitantes). En cambio, la accesibilidad beneficiaría al 100% de la población.  

 

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, en la presentación del informe

El informe persigue el propósito, dijo González Pérez, de aportar elementos para la elaboración de una estrategia nacional en la que se involucren todas las instancias del gobierno, en los niveles federal, estatal y municipal, e instituciones del Estado, para eliminar las barreras en el entorno, en los distintos tipos de transporte, así como en el acceso a la información y la comunicación. 

Solo si se garantiza que las personas con discapacidad vivan de manera autónoma e independiente se puede generar una igualdad real y efectiva, afirmó.  Con esta reporte, la CNDH aplica el artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en tanto que es el mecanismo de vigilancia de la aplicación de este tratado.

Una muestra de la carencia de supervisión, seguimiento y medición del impacto que puedan tener las acciones en materia de accesibilidad, se expuso en la presentación, es lo que ha ocurrido con el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte, FOTRADIS, que desde 2011 ha gastado 5 mil 300 millones, pero a la fecha “no existe un informe o evaluación de la eficacia o el impacto real que ha tenido hacia la población con discapacidad”.

 

Lo que sí se ha notado es que los recursos se han aplicado con un enfoque médico asistencial y no de inclusión social. 

La propuesta de la CNDH para que el Estado cumpla con sus obligaciones en la materia es que se elabore una ley general de accesibilidad y una estrategia nacional para articular esfuerzos entre diversas instituciones, con objetivos, metas y responsables de la ejecución en cada ámbito. 

 

“No se han creado cadenas de accesibilidad”, explicó el Ombudsperson, es decir, al día de hoy solo ha habido acciones aisladas y ambiguas, porque cada instancia de gobierno y cada nivel de gobierno entiende de distinta manera lo que significa la accesibilidad.

 

En ese punto aprovechó para señalar que se requiere articular los esfuerzos  y por ello “es indispensable el fortalecimiento del CONADIS o en su caso, de un mecanismo de planeación estratégica que se ocupe de la coordinación de las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad” (comentó que la CNDH no se opone a que se cree un nuevo mecanismo, en alusión al debilitamiento del CONADIS en la actual administración), y que cuente con suficientes recursos materiales y humanos, así como capacidad de gestión para generar una estrategia nacional sobre accesibilidad.

 

Subrayó que México tiene el compromiso, en la CDPD, de contar con esa entidad que garantice el cumplimiento de sus obligaciones como estado parte.  

 

Por su parte, el visitador Ismael Eslava Pérez, quien tiene a su cargo el tema de los derechos de las personas con discapacidad en la CNDH, detalló la investigación documental que dio origen al informe sobre accesibilidad. 

 

Explicó que se basaron en las recomendaciones del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como en el Artículo 9 de la CDPD y la observación general No.2. 

Para desmenuzar la información, dividieron el tema en tres áreas: 

 

Entorno físico: comprende entornos rurales, playas, zonas arqueológicas

Transporte:  incluye el terrestre, marítimo y aéreo. 

Información y comunicaciones: comprende la Lengua de Señas Mexicana, Braille y macrotipos, así como accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

 

La CNDH usó la metodología denominada “Siete factores de éxito interdependientes”, que son: compromiso de los responsables; coordinación y continuidad; redes y participación; planificación estratégica; gestión del conocimiento; recursos económicos, humanos y técnicos; y comunicación y publicidad de las acciones.

 

Para evaluar cada uno de estos elementos usaron como medida la “toma de conciencia”, porque detectaron que ahí comenzaba el problema: hay autoridades e instancias de gobierno que apenas comienzan a tomar conciencia sobre la importancia de la accesibilidad como un derecho que se debe garantizar a toda la población. Otras estarían en una “etapa previa”, es decir, todavía no tienen un entendimiento claro de lo que esto significa. 

En fin, en un apretado resumen, Eslava comentó los hallazgos: 

La mayoría de las acciones que se reportan como implementación de accesibilidad, se refieren a medidas para discapacidad motriz.

En el rubro de comunicación detectaron que no hay acciones de difusión sobre el derecho a la accesibilidad, por lo que hay desconocimiento del tema en la población en general y, más grave, entre servidores públicos. 

En cuanto a los medios de transporte encontraron falta de compromiso e interés por parte de las autoridades responsables de desarrollar, gestionar e implementar la accesibilidad necesaria.

Tampoco se registra la participación de personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, en la generación de políticas públicas de accesibilidad. 

En cuanto a la información y comunicación accesibles reportan que existe legislación reciente en la materia, pero no es vinculante (o sea, no es de cumplimiento obligatorio) y aún no se puede medir su efectividad. También se mencionó la necesidad de contar con una certificación nacional en interpretación de Lengua de Señas. 

No hay acciones desde el gobierno que promuevan la participación de las organizaciones de personas con discapacidad ni la articulación de redes entre gobierno y sociedad civil para impulsar políticas públicas de accesibilidad.

 

Eslava Pérez señaló que el eje de una ley nacional debiera ser garantizar el derecho a la accesibilidad, con la conciencia de que “la inacción trasgrede otros derechos humanos”.

 

También dijo que necesario llenar los vacíos que hay en la normatividad, por ejemplo, en materia de accesibilidad en el transporte y la comunicación. A la par, urge crear mecanismos de supervisión y sanción, para que la política pública tenga congruencia. 

Un programa nacional de accesibilidad debe incluir acciones para el corto, mediano y largo plazo. La estrategia, propone el informe, sería hacer accesible todo lo nuevo, conservar lo que ya es accesible, y adaptar lo no accesible.

Y también insistió en la necesidad de que haya un mecanismo nacional de implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

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