Programas de Bienestar son para reducir la desigualdad, reitera el gobierno a OSC’s de personas con discapacidad que demandan mayor inclusión

• Es una respuesta insuficiente, considera colectivo #Artículo33, que había pedido en una carta al Presidente, Políticas públicas de inclusión, más allá de la pensión de Bienestar

• En comunicación firmada por la Secretaría de Bienestar no se menciona al CONADIS.

• Organizaciones agrupadas en el colectivo #Artículo33 pedían el fortalecimiento del CONADIS o su transformación.

• El programa de pensiones Bienestar que se entregan a niños y jóvenes con discapacidad, de forma prioritaria, aún no cumple la meta de un millón ofrecida por AMLO.

En julio pasado, el colectivo #Artículo33 (nombrado así en referencia a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) entregó en el área de atención ciudadana de Palacio Nacional una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada de 400 firmas de representantes de organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, familiares y expertos independientes, en la cual se planteaba:

• México tiene el compromiso de contar con un organismo de alto nivel para conducir la política pública para esta población y que, de acuerdo con la Ley general de discapacidad, ese organismo es el CONADIS, organismo al que no se le ha nombrado un titular y se sabía que el gobierno estaba considerando desaparecerlo.
• que la atención a personas con discapacidad debía estar en la agenda de derechos humanos del gobierno federal, en lugar de limitarla a una política de asistencia social.• También se propuso la instalación de una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, convocada por la Secretaría de Gobernación.

• que las desigualdades que afectan a las personas con discapacidad “persisten por la falta de un marco institucional sólido que articule las acciones de todos los niveles de gobierno”.

La respuesta llegó firmada por la Secretaría de Bienestar, en estos términos:

“(…) agradecemos el envío de su carta donde plantea desarrollar una política amplia para las personas con discapacidad. En ese sentido le informó que los programas y políticas públicas a cargo de esta Secretaría, están orientados a reducir la brecha de desigualdad que prevalece en nuestro país, impulsando el desarrollo y la inclusión social de las personas que integran los grupos sociales más desprotegidos.” Y remite a consultar los programas de Bienestar en su página web.

Pero el único programa para personas con discapacidad en la Secretaría de Bienestar es el de las pensiones; por lo que la respuesta reitera la posición del presidente López Obrador de que su gobierno está atendiendo la desigualdad social con las transferencias directas de efectivo, prioritariamente a niños y jóvenes con discapacidad e indígenas en condiciones de alta y muy alta marginación, por más que se ha señalado, desde organizaciones de la sociedad civil que ese programa es necesario pero no es suficiente para atender el rezago en el que vive la mayoría de la gente con discapacidad en México.

La respuesta no menciona al CONADIS (Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad), como el organismo público que debiera estar planteando la política pública en este tema, en cumplimiento de la Ley de Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pero hoy no lo está haciendo y tiene un estatus poco claro por los cambios que ha hecho la Secretaría de Bienestar para enfocar los esfuerzos en la entrega de pensiones.

Por ello, el colectivo #Artículo33 considera que la respuesta es insatisfactoria, pues no atiende los puntos centrales de la carta que dirigió al presidente López Obrador, con atención a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Bienestar. 

Es lo que hay, parece decir la Secretaría de Bienestar: el gobierno federal está dando prioridad al tema de la desigualdad y lo están haciendo mediante el programa de pensiones (la entrega de 2,550 pesos cada dos meses), convencido de que esa es la mejor forma de hacerlo.

Al respecto, la subsecretaria Ariadna Montiel, a quien la titular de Bienestar, María Luisa Albores, designó para atender lo relacionado a las personas con discapacidad, ha rechazado en distintos foros que el enfoque de la política social sea asistencialista; por el contrario, asegura, el enfoque es de derecho humanos.

A pesar de esta respuesta, el colectivo #Artículo33 va a seguir insistiendo en que el gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales, los poderes legislativo y judicial, deben desarrollar planes y programas para cumplircon la obligación de México, como estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de responder a las necesidades de esta población en todas las etapas del ciclo vital (y no sólo en la infancia) para lograr una verdadera inclusión.

En ese sentido, invita a todas las organizaciones que coincidan con esta posición a sumar esfuerzos e imaginación para articular un movimiento amplio y plural en todo el país a favor de la inclusión y, sobre todo, para evitar regresiones en el camino de las personas con discapacidad en el país, más de 8 millones de personas, hacia la inclusión.

Video de la entrega de la carta de sociedad civil en Palacio Nacional

Texto completo de la respuesta recibida de la Secretaría de Bienestar

“En respuesta a su escrito dirigido al C. Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y en apego a los establecidos en el Art. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agradecemos el envío de su carta donde plantea desarrollar una política amplia para las personas con discapacidad.”

“En este sentido, le informó que los programas y políticas públicas a cargo de esta Secretaría, están orientados a reducir la brecha de desigualdad que prevalece en nuestro país, impulsando el desarrollo y la inclusión social de las personas que integran los grupos sociales más desprotegidos.“

“Asimismo, le invitamos a conocer los programas a cargo de la Secretaría de Bienestar en la página http://www.gob.mx/bienestar.“

“Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Mtro. Iván Rico López“

Director de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar 

Carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador

#InclusiónNoSoloPensión

Los al menos siete millones de personas con discapacidad (PcD) que viven en México no tienen satisfechos sus derechos básicos.

Más de la mitad vive en la pobreza: 54% de acuerdo con el Consejo Nacional para Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).

De cada 100 PcD, 55 no han completado la educación primaria.
En México son inexistentes las políticas que garanticen su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.

Las personas sordas carecen de acceso a intérpretes certificados en lengua de señas mexicana, sólo hay 42 en el país.

Las PcD que viven en zonas rurales sufren condiciones de abandono extremo y marginación, consecuencia de la desigualdad y la discriminación múltiple por falta de acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, justicia (Pronadis).

Estas desigualdades persisten por la falta de un marco institucional sólido que articule las acciones de todos los niveles de gobierno para hacer posible que las personas con discapacidad tengan una vida digna y acceso a todos sus derechos.

México, al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se comprometió a contar con un organismo de alto nivel encargado de hacer esto posible. En la Ley General para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad vigente, este organismo es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

En estos seis meses de su administración no se ha nombrado a una persona titular y sabemos que su gobierno analiza desaparecerlo.

Sabemos también, que está consciente de las necesidades apremiantes de las personas con discapacidad y de la importancia que sean incluidas al desarrollo; la agenda es un asunto de justicia social y es urgente cumplirla. Si bien el CONADIS hasta ahora no ha logrado cumplir el mandato para el cual fue diseñado, habría que mejorarlo, perfeccionarlo y no desaparecerlo.

Por el contrario, proponemos colocarlo en la agenda de derechos humanos que impulsa su gobierno en lugar de limitarlo a una política de asistencia social.

Desde una visión de Derechos Humanos, la respuesta institucional para abatir el rezago debe ser echar a andar una serie de programas y acciones en todas las dependencias, nombrar a una persona responsable de coordinarlo, evaluarlo para medir resultados y que haya un compromiso desde la Presidencia para que se cumpla.

No solo la pobreza mantiene excluida a esta población, sino también la discriminación estructural por el solo hecho de tener una discapacidad.

Si bien reconocemos que existe una partida presupuestal histórica para aliviar, en alguna medida, las condiciones de pobreza extrema de un millón de personas, es indispensable complementar esta acción con la articulación de políticas públicas para lograr que todos los mexicanos con discapacidad gocen de los mismos derechos y dejen de ser ciudadanos de segunda.

El 3 de mayo de 2019, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Catalina Devandas Aguilar, envió una comunicación al gobierno mexicano expresando “su grave preocupación sobre el anuncio de la posible disolución del CONADIS”.

También manifestó que le preocupa lo siguiente: “(Que) el enfoque de derechos humanos que introduce la CDPD sea desplazado por un enfoque desactualizado, en donde las necesidades de las personas con discapacidad se quieran remediar de manera asistencialista y no a través de intervenciones públicas tendentes a eliminar las barreras sociales que limitan su participación plena”.

Por todo esto, lo urgimos, señor presidente, para que tome acciones en favor de millones de mexicanos con discapacidad y sus familias (al menos 25 millones) y que se implementen en el corto y mediano plazo.

Proponemos que, por intermedio de la secretaría de Gobernación, se instale una mesa de trabajo plural con organizaciones de y para personas con discapacidad, aliados y expertos para que entre todos contribuyamos a construir un organismo mediante el cual el Estado Mexicano cumpla sus obligaciones.

Si no es CONADIS, definamos cuál sería este mecanismo. La transformación del país que usted ha prometido no será posible sin las personas con discapacidad que han sido siempre excluidas y discriminadas. Una respuesta institucional desde los derechos humanos en este tema sería un legado histórico de su gobierno.

“Nada de nosotros, sin nosotros”