Que juzgado de Barrientos garantice el debido proceso a joven con discapacidad psicosocial, piden familia y defensores de derechos

  • Jueces de control en el penal de Tlalnepantla se resisten a aceptar evidencias de las irregularidades en el proceso y de la fabricación de los delitos que se le han imputado: narcomenudeo y tentativa de homicidio.
  • La defensa pide que se reconozca la condición de discapacidad de Jorge Alberto a fin de que se dicten ajustes de procedimiento para garantizar condiciones de igualdad en el proceso.
  • La condición de salud mental del imputado ha sido usada por la FGJEM para vulnerarlo; propició un tribunal mediático al presentarlo como  adicto a las drogas, “peligroso” y  “psicópata”.

Ciudad de México.- Violaciones al debido proceso que en cualquier otro caso habrían sido suficientes para la liberación de un hombre acusado de narcomenudeo y de homicidio, han sido ignoradas en el juzgado de la prisión de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, en el caso que involucra a Jorge Alberto Burelo, joven de 25 con discapacidad psicosocial, cuya familia y abogados exigen garantías para que tenga un juicio justo, después de que ha estado un año y dos meses en prisión con acusaciones fabricadas.

Varios factores han enturbiado el caso, destacadamente, uno de tipo político: a Jorge Alberto se le acusa de tentativa de homicidio contra el joven Abraham Murguía, hijo del diputado federal por Tlalnepantla, Ulises Murguía, en un hecho ocurrido en la mañana del 9 de mayo de 2019 en el estacionamiento de la plaza Mundo E, cuando Abraham llegaba al  gimnasio y fue atacado con un cuchillo por un hombre y despojado de su reloj.

Tribunal mediático

En Tlalnepantla, municipio que figuró el año pasado entre los 6 más inseguros del país, con 55% de hogares con al menos una víctima de algún delito, el asalto con arma blanca puede ser asunto de todos los días; sin embargo, en este caso hubo urgencia de las autoridades por mostrar resultados en el combate a la criminalidad, pues no se trataba de un ciudadano común sino del hijo de un diputado federal. Una semana después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presumía la colaboración con la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para la “localización” y detención del “culpable”, ni siquiera se refirió a él como presunto culpable, sino que le sometió de lleno a un tribunal mediático para mostrarlo como una persona “peligrosa”, un “psicópata” que habría actuado por venganza.  

Antes de que el inculpado pudiera presentarse en la audiencia inicial el 19 de mayo de 2019, primera fase del proceso en el sistema penal acusatorio, en la prensa escrita, la radio, los medios digitales y las redes sociales ya se difundía una historia prefabricada, con párrafos idénticos en las notas aunque con distinto encabezado, hasta firmada por distintos reporteros, pero con la misma versión inculpatoria. ¿Quién creó la historia? sería bueno saberlo, pero de lo que sí hay pruebas es de la colaboración de los medios para reproducir una misma narrativa. El reportero de nota roja Carlos Jiménez, quien es citado en esas notas de prensa, tuvo una clara colaboración para armar la versión oficial cuando difundió en Twitter una foto de Jorge Alberto, exhibiendo indebidamente su rostro y datos personales con este mensaje, agregando énfasis con las letras mayúsculas: “DETENIDO por INTENTAR MATAR al HIJO de un DIPUTADO. Se llama Jorge Burelo. APUÑALÓ en el CUELLO a Abraham Murgía… Eran cercanos y tuvieron conflictos personales. Agentes de la PGJDF LO UBICARON Y LO ATRAPARON.”

Mensaje en Twitter de Carlos Jimenez en el que incrimina a Jorge Alberto (y publica su imagen) con la versión oficial en su contra.

En contraparte, la familia de Jorge sostiene que éste nunca conoció a Abraham, pueden demostrar que el día y a la hora de los hechos Jorge se encontraba en casa con su familia, además cuentan con los videos originales de la detención arbitraria ocurrida el 17 de mayo, donde se puede apreciar que lo “capturan” afuera de la oficina donde trabajaba con su padre. Se trató realmente de una privación ilegal de la libertad cometida por civiles que sin identificarse lo forzaron a subir a una camioneta.

video de una cámara de vigilancia que muestra la detención ilegal de Jorge Alberto, quien mientras espera en la calle que le abran la puerta de su lugar de trabajo es sometido por varios hombres que salen de repente y lo suben a una camioneta.

Primero se le acusó del delito de narcomenudeo, aunque a él no se le informó de la acusación ni de sus derechos como detenido, se le impidió comunicarse con su familia, la orden de aprehensión por tentativa de homicidio fue girada horas después, mientras se filtraba a los medios un perfil ideal para mostrarlo como un peligroso delincuente sin más pruebas que una fotografía donde se le ve con el cabello y la barba crecidas. Los comentarios y las reacciones de la gente en redes sociales inducidas por esa narrativa no se hicieron esperar: “este tipo tiene cara de loco”.

Lamentablemente, unas semanas después, la víctima del delito, Abraham Murguía, perdió la vida. Debido a la gravedad de las heridas, nunca pudo rendir declaración, por lo que la única versión que prevaleció ante los medios, y al parecer, ante el ministerio público, fue la que difundió la FGJEM. La tortura a la que fue sometido tras la detención derivó en una declaración autoinculpatoria, y la falta de reconocimiento a su condición de discapacidad le generaron una situación psicoemocional crítica.

En lugar de un debido proceso, lo que se puso en marcha fue la fabricación de un culpable, violando la presunción de inocencia. Se pueden consultar en línea las notas de prensa, que en realidad es una sola, como de boletín oficial:

“El atacante fue identificado como Jorge B. Se conoció que el presunto agresor es adicto al consumo de drogas y vende sustancias al menudeo, además de padecer una conducta psicópata. Jorge Alberto Burelo declaró que planeó por varios días el ataque e incluso dijo que ‘no podía dormir´, hasta que cometió la agresión… Al parecer el imputado buscaba la amistad de jóvenes atletas con buena posición económica, para venderles estupefacientes y cuando éstos se negaban, el narcomenudista buscaba intimidarlos o hacerles daño físico.”

Aunque la acusación por narcomenudeo por la que se le detuvo en un primer momento fue retirada a las pocas horas, eso no se corrigió la versión difundida ampliamente del perfil de Jorge como un “narcomenudista”. Después se emitió una segunda orden de arresto por el cargo de tentativa de homicidio.

En conferencia de prensa sobre este caso realizada el pasado 11 de julio, el Lic. Jorge Burelo, padre del inculpado, puntualizó esta información. En tanto, el periodista Marco Lara Klahr explicó que este tipo de tribunales mediáticos buscan eliminar moralmente a la persona.  Explicó que “el trato mediático del sistema de justicia penal hacia Jorge ha sido alevoso, inaceptable y denigrante para su dignidad, ya que el sistema se apropia de su imagen y la usa” para otros fines. Señaló que hay una responsabilidad en los medios que reproducen estas versiones interesadas o al menos habría que cuestionarse sobre esto, señaló.

Ajustes de procedimiento negados

El señor Jorge Burelo expuso que su hijo tiene una condición de salud mental, recientemente había sido diagnosticado con esquizofrenia y, si bien ha consumido drogas, no está implicado en ninguna actividad de narcomenudeo. Sin embargo, la FGJEM, lejos de reconocerlo como persona con discapacidad para garantizarle condiciones de igualdad en el acceso a la justica y solicitar los ajustes de procedimiento a los cuales tienen derecho, lo ha vulnerado más usando en su contra todos los prejuicios sociales contra las personas con una condición de salud mental usuarias de medicamento psiquiátrico.

 Sólo después de mucha insistencia y gestiones por parte de sus abogados y de la familia, ha sido posible que Jorge Alberto tenga acceso a una consulta psiquiátrica con un especialista externo y medicamento controlado. La situación de pandemia ha complicado aún más la posibilidad de que este joven pueda contar con atención médica presencial; sólo ha sido atendido por teléfono.

La obligación para el juez de control (cuatro jueces de control han conocido el caso) de hacer los ajustes de procedimiento para las personas con discapacidad que enfrentan un proceso penal está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y es una obligación derivada también de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 13. 

Conversamos con el abogado de Jorge, el Lic. Ricardo Pérez, quien nos explicó que algunos de los ajustes que están demandando, a partir de que a Jorge se le reconozca como persona con discapacidad, son:

  • Ajustes en la comunicación para que se le informe en lenguaje sencillo lo que ocurre en las audiencias. (La organización Documenta A.C ha trabajado en la formación de facilitadores que apoyan en estos ajustes para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.)
  • Ajustes en el entorno. Los juzgados en Barrientos tienen las “famosas cápsulas” una especie de peceras en donde se aísla a la persona sometida a proceso y no tiene contacto con sus abogados o con facilitadores que le pudieran acompañar y explicar lo que ocurre.
  • Ajustes en los protocolos, por ejemplo, poder cortar el tiempo de la audiencia; para Jorge podría ser complicado atender sesiones prolongadas. Por ejemplo, debido al medicamento que toma pudiera presentar somnolencia o irritabilidad.
  • Otros que solicite la persona con discapacidad psicosocial.

Estos “son ajustes fundamentales que tuvo que haber hecho el juez de control y no se han hecho”, explica el Lic. Ricardo Pérez.

En la conferencia de prensa, el Lic. Burelo señaló: «el único ‘ajuste que hizo la juez en una audiencia fue apagarle el micrófono para que no se escucharan sus expresiones por su estado psicótico y ponerle un agente atrás para intimidarlo».

Dadas las arbitrariedades que ha sufrido Jorge Alberto, un grupo de 74 activistas y defensores de derechos humanos de personas con discapacidad emitió un comunicado en el cual piden a las y los Jueces de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y a los jueces de Distrito de Naucalpan de Juárez, que reconozcan la discapacidad de Jorge Alberto y le brinden un juicio justo, en igualdad de condiciones y en estricto apego a los derechos humanos.

Hace unas semanas se reanudó la actividad en los juzgados que se había suspendido por la pandemia de coronavirus. La defensa está a la espera de que se convoque a la audiencia de la etapa intermedia. Hasta ahora, cuatro jueces de control han conocido el caso y ninguno de ellos ha permitido que se presenten las pruebas que demostrarían la inocencia de Jorge Alberto ni para que se acredite su condición de discapacidad.

Imagen tomada del video que muestra la detención ilegal de Jorge Alberto. Varios hombres los sujetan por la fuerza mientras él se resiste y se acerca la camioneta donde lo van a subir.

Para superar los obstáculos que se han presentado en el proceso, la defensa ha presentado amparos desde un inicio y confiaba en que con ello se lograría frenar las irregularidades que han mantenido en prisión al joven, pero ha sido al contrario, se les ha negado el amparo de la justicia. Desde la primera audiencia, el juez de control no aceptó ningún elemento de prueba, bajo el argumento de que la detención ya había sido revisada, porque la orden de aprensión por el delito de homicidio fue solicitada en la modalidad en línea y por eso el juez ya no estaría obligado a analizar la detención. Sin embargo, esto contraviene una parte importante del debido proceso.

“No nos permitieron aportar los elementos” que demostrarían la irregularidad de la detención de Jorge, comenta el Lic. Pérez. La defensa también contaba con el apoyo de especialistas que podían presentar elementos para que se reconociera la condición de discapacidad psicosocial del acusado y se dictaran los ajustes de procedimiento. Pero una juez de control tampoco permitió que se presentara y, por el contrario, hubo intimidación contra la familia.

Todo esto ha derivado en que no existan condiciones de igualdad para Jorge Alberto. Ante este complejo panorama preguntamos al abogado ¿qué tendría que pasar para que se destrabe el proceso y se pueda encaminar hacia un juicio justo?

Nos explica que en la etapa intermedia insistirán en que un juez de control admita las pruebas de la privación ilegal de la libertad y se valoren. “Lo que se necesita es que haya esa conciencia de que existen estas pruebas, de que hay un peritaje de la Fiscalía (sobre los video presentados para inculpar a Jorge) y ya se demostró que fueron manipulados, hay elementos suficientes para demostrar que Jorge Alberto no cometió los hechos que se le imputan. Se tienen que ver las pruebas con las que cuenta la defensa, son elementos de información muy claros que en un juicio justo se podría demostrar que Jorge no cometió el ilícito.”

La defensa también insistirá en que los jueces reconozcan a Jorge Alberto como una persona con discapacidad psicosocial para que, en consecuencia, se cumpla con la obligación de establecer ajustes de procedimiento para que el joven pueda enfrentar el proceso en condiciones de igualdad.

Hace seis meses que el joven no cuenta con atención médica. Si bien su familia ha conseguido el apoyo de un psiquiatra que ha podido hablar por teléfono con Jorge Alberto, no se le ha permitido realizar una visita para valorar su estado y realizar ajustes en la prescripción de medicamento. El centro penitenciario tampoco le ha dado a Jorge el medicamento que necesita; su familia se lo compra y se lo hace llegar.

A los jueces: Que se cumpla la Constitución, la Convención de la ONU y el CNPP

La petición que la familia, la defensa y las organizaciones de la sociedad civil hacen a los jueces a cargo de este proceso es elemental y está fundada en la Constitución Mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales, además, en octubre del año pasado, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya hizo una recomendación a México como estado parte de la Convención de Naciones Unidas sobre la materia a fin de que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema de justicia. La recomendación no ha sido cumplida a nivel federal, sin embargo, el caso de Jorge Alberto abre una oportunidad para terminar con las violaciones a los derechos de personas con discapacidad cuando se enfrentan al sistema de justicia en México.

La Fiscalía General del Estado de México ha demostrado interés y urgencia en dar resultados para que se haga justicia por el homicidio del hijo del diputado federal por Tlalnepantla, Ulises Murguía. Sin embargo, al presionar para que se condene a Jorge Alberto por un delito que no cometió, estaría propiciando que haya impunidad y no justicia.  El diputado Murguía preside la comisión bicameral de Seguridad en el Congreso y debiera estar al tanto del manejo desaseado de este proceso que no aporta nada a la solución de los problemas de seguridad pública en México y sólo alienta que se continúe el vicio del sistema político y de justicia en México de la fabricación de culpables.

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