Las declaraciones de la Dra. Osiris Pazarán Galicia, directora del Hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez — “el más grande del país con 300 camas, 30 mil consultas al año de pacientes en todo el país”, que cada año registra 3,200 internamientos, 81 por ciento de los cuales son involuntarios- causaron sorpresa en el intento de parlamento abierto que se llevó a cabo el pasado 9 de noviembre, con relación a las reformas a la ley general de salud que impulsa el gobierno federal en la Cámara de Diputados y que han sido cuestionadas por activistas por los derechos de las personas con discapacidad, usuarios de servicios de salud mental y expertos en el tema.
En su participación en el foro, la Dra. Pazarán dijo enfática:
“Nos negamos a ser estigmatizados como un manicomio, no estamos de acuerdo en que ni a nosotros ni a nuestros usuarios se nos clasifique como loqueros o como manicomio, somos un hospital psiquiátrico moderno atendido por gente científicamente preparada y respaldado con este marco teórico: hombre soy y nada humano es ajeno a mí.”
También repartió culpas (o responsabilidades) sobre las falencias en la atención a la salud mental en México. Acusó que la “perversión” de “asociaciones civiles” tuvieron secuestradas, los últimos 20 años, a las instituciones de salud mental:
“La sociedad civil no ha sido justa con las instituciones de psiquiatría de este país. No somos manicomios, no somos asilos, somos hospitales psiquiátricos modernos, claro que hay pacientes hospitalizados crónicamente, pero en eso creo que la responsabilidad también es de las familias y de la sociedad civil que nos han abandonado en ese apoyo. Este gobierno tiene el gran tino de haber roto un gran hoyo negro que había en la salud mental, justo desde la perversión de algunas, no estoy diciendo que todas, algunas de las asociaciones civiles. Durante 20 años la psiquiatría y la salud mental en este país estuvo secuestrada por la perversión. Es el momento de sentarnos y ponernos de acuerdo y romper el estigma donde ustedes como sociedad civil nos ven como manicomio y como loquitos tratando de hacerle daño a la sociedad ¡claro que no! tantos años de estudio para ir a hacerle daño a un compañero ciudadano es algo ilógico.”
Así respondió a los cuestionamientos de personas que han estado en hospitales psiquiátricos en México donde, nadie les ha contado, sino que directamente han sufrido medicación forzosa, internamiento sin su consentimiento, contenciones mecánicas, entre otros tratos crueles que hoy días son avalados por las mismas instituciones de salud y con respaldo en una legislación desactualizada.
El señalamiento de la Dra. Pazarán causó sorpresa e indignación, sobre todo porque prácticamente planteaba una especie de estigmatización, pero al revés; algo así como el racismo a la inversa, que no existe. Quien ejerce el poder es el que impone el estigma, no al revés, no la sociedad civil. De pronto se cambiaron los papeles y no eran las personas usuarias de servicios de salud mental quienes exigían un trato digno y apegado a derechos humanos, sino la funcionaria pública y directora del hospital psiquiátrico.
Sin embargo, vale la pena detenerse a ver qué hay detrás de la desconfianza en la sociedad civil y a qué se le llama perversión.
Reformas necesarias pero cuestionadas
La Dra, Pazarán no es la primera que señala públicamente que en México hubo un “hoyo negro” de 20 años en la atención a la salud mental. Así lo ha reiterado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, vocero del gobierno federal para la pandemia por Covid19, quien desde las conferencias de prensa de cada tarde ha venido anunciando los cambios que se están configurando desde la Secretaría de Salud para acabar con dos grandes problemas en la atención a la salud mental, según su diagnóstico: por una parte, instituciones que actúan de forma desarticulada y que separan la atención a la salud mental de la atención a las adicciones, y por la otra, una orientación del presupuesto mayoritariamente hacia la hospitalización (o servicios de tercer nivel de atención).
Para corregir esos males, la Subsecretaría a cargo de López Gatell se ha propuesto fusionar servicios: conjuntar la atención a la salud mental y adicciones, como algo que considera esencial e inaplazable, y dar prioridad a lo que llaman el primer nivel de atención. Se supone que la propuesta de reforma que se discute en la Cámara de Diputados apunta a logar esos objetivos, pero en los términos en los que fue presentada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados -y cómo está siendo procesada— es duramente cuestionada desde la sociedad civil.
En lo que sí es novedoso lo que ha declarado la Dra. Osiris Pazarán es en que ha acusado públicamente que en el pasado reciente hubo “perversión” de algunas “asociaciones civiles” que tuvieron secuestradas a las instancias de salud mental en las últimas dos décadas y que prácticamente serían las responsables del desastre.
Escozor al discurso de derechos humanos, la herencia de Virginia
El dedo acusador de la Dra. Pazarán estaría apuntando a un personaje que precisamente controló durante 15 años el Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME) como titular de la Secretaría Ejecutiva, y que venía de la sociedad civil promoviendo cambios en el sistema de salud mental desde los años 90: la señora Virginia González Torres.
Pero la activista no llegó sola a la Secretaría de Salud federal, ni comenzó desde abajo; fue el secretario de Salud del ex presidente Vicente Fox, Julio Frenk Mora, quien la llevó de la mano y la comisionó para reformar la salud mental en México .
Después de haberse mantenido en el CONSAME durante tres sexenios, los días de Virginia González Torres como funcionaria pública terminaron con la llegada del nuevo gobierno. Una de las primeras acciones del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, de hecho desde antes de que cumpliera los primeros 100 días en el cargo, fue recortar recursos al CONSAME y destituir a González Torres.
La funcionaria estaba confiada en que había logrado, una vez más, traspasar el sexenio y así extender su mandato en el sistema de salud hasta el año 2023. El gobierno saliente le había dejado firmada la ratificación en el cargo con un oficio fechado el 28 de noviembre de 2018, a dos días de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, se le imponía a la nueva administración federal un nombramiento transexenal.
Virginia misma exhibió el documento cuando en enero de 2019 se desató una protesta en el hospital psiquiátrico de Mérida, en la cual la acusaban de la corrupción en ese y otros hospitales del país, en particular, del Estado de México.
Según las notas de prensa de la protesta en Yucatán, uno de los argumentos más sólidos en contra de González Torres era que dirigía la salud mental del país sin tener un título de medicina y mucho menos una especialidad en psiquiatría. Es decir, los psiquiatras se sentían relegados de lo que sería su ámbito natural.
El regreso de los psiquiatras al poder
Esto explica por qué la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) celebró sin reparos la decisión del secretario de Salud, Jorge Alcocer, de destituir a González Torres y se lo agradeció en una carta de fecha 25 de marzo de 2019. El anuncio de la destitución de González Torres fue algo así como el “Día D” de los profesionales de la psiquiatría en México. No les importó que la señora todavía no dejaba el cargo e incluso anunciaba que pelearía por permanecer (de hecho, salió hasta el 14 de junio luego de que el subsecretario López Gatell tuvo que ordenar que le negaran la entrada al edificio del CONSAME en periférico sur).
La carta de la APM, firmada por el Dr. Aldo Antonio Suárez Mendoza, le manifestaba a Alcocer su beneplácito “por cesar de sus funciones a la señora Virginia Gonzalez Torres, después de 15 años ininterrumpidos de ejercer inadecuadamente sus funciones en el puesto” y aseguraba que la decisión ya era celebrada en la comunidad de profesionales de la salud mental de México y del exterior.
La Asociación Psiquiátrica Mexicana denunciaba, en el mismo escrito, que González Torres no había cumplido con sus atribuciones legales y que había desviado esfuerzos “en defender un modelo denominado por ella misma como Modelo Hidalgo, que “demostró a través de los años su inoperancia por su falta de eficacia para mejorar la salud mental de los pacientes, con alto costo y bajo beneficio clínico”. Y no termina ahí, la APM tenían algo más que reprocharle a la activista convertida en funcionaria pública: su incapacidad de convocar a todas las instituciones del sector salud para definir en conjunto las políticas y lineamientos en salud mental.
¿Qué explica que una mujer sin el perfil profesional para formular y dirigir la política púbica en salud mental de un país hubiera permanecido tanto tiempo al frente del CONSAME convirtiéndolo en un espacio cerrado y un coto de poder?
Virginia González Torres nunca ha aceptado tener vínculos con el Partido Verde, fundado por su hermano Jorge, agrupación política que “acompañó” a los últimos tres presidentes con alianzas electorales. Tampoco ha admitido la influencia de su otro hermano, Víctor, dueño del emporio de farmacias del Dr. Simi, en su carrera como funcionaria pública.
En declaraciones públicas, Virginia siempre se presentó o como “defensora de derechos humanos”, y como impulsora de la transformación en los servicios de salud mental desde la sociedad civil. En 1994 participó en la elaboración de la norma oficial mexicana NOM 025 para la prestación de servicios de salud en unidades hospitalarias médico – psiquiátricas, la cual fue actualizada en 2014. En ambas versiones de la NOM figura su asociación civil, la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedades Mentales, I.A.P.
En el año 2000, el entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora, se propuso emprender una reforma al sistema de salud mental –luego de severos cuestionamientos desde el ámbito internacional al estado de los asilos y hospitales psiquiátricos en el país– y prácticamente dejó la tarea en manos de González Torres y su Fundación. De ese trabajo surgió el hoy cuestionado (y repudiado por los psiquiatras asociados) Modelo Miguel Hidalgo de Atención a la Salud Mental.
Lo relevante de todo este lío es que veinte años después, el objetivo del gobierno federal vuelve a ser: ¡emprender una reforma en la atención a la salud mental en el sistema de salud federal!
20 años perdidos
Así que, con estos antecedentes, se puede ver por qué hoy en día les causa escozor a los y las psiquiatras en cargos públicos el escuchar discursos sobre “salud mental con derechos humanos” o cuestionamientos a su práctica desde las “asociaciones civiles”. Para ellos, recién se terminó la pesadilla, o la “perversión” -a decir de la Dra. Pazarán- que impuso una mujer que tenía precisamente esas dos banderas: la de los derechos humanos y la de la sociedad civil; una mujer que muchos conocían como “la dueña” de la política pública sobre salud mental, porque no admitía cuestionamientos al famoso Modelo Miguel Hidalgo.
Hay que decir en contraparte, que también contó con el reconocimiento de familias de personas con autismo, por ejemplo, para quienes creó servicios especializados en el CONSAME (donde entregaba desayunos gratuitos), o de personas con discapacidad psicosocial, que encontraron en los CISAME (Centro Integral de Salud Mental, creados a partir del Modelo Hidalgo) un servicio de atención ambulatoria que significó un apoyo para ellos y sus familias, aunque la falta de recursos y la saturación de los servicios los hicieron poco eficientes, un problema que ya había advertido la OPS en el informe “Evaluación de servicios de salud mental en la República Mexicana”, de 2004.
Pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo cabe cuestionar si era Gonzalez Torres el único problema. Porque si es cierto que la salud mental “estuvo en el abandono” en los últimos 20 años, como hoy acusa el subsecretario López Gatell, no fue solo por la culpa de una mujer sostenida en quien sabe qué poder invisible. ¿Qué hay de la resistencia de los psiquiatras, neurólogos, neurobiólogos y otros especialistas a incorporar un enfoque de derechos humanos en su práctica y a reconocer el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud mental a participar en la definición de su tratamiento y los planes de recuperación?
A esto se resisten, en particular, en la discusión de las reformas en la Cámara de Diputados. Cabe apuntar que en estos 20 años, el país se ha llenado de leyes estatales de salud mental basadas en una visión desactualizada de la psiquiatría, y que avalan prácticas ya superadas en el resto del mundo.
El abandono también es responsabilidad de cientos de funcionarios que dejaron de hacer lo que debían para garantizar servicios accesibles, dignos y de calidad para la población, de lo contrario, contaríamos en México con un sistema de atención a la salud mental que le sirviera a la gente. Eso no existe, lo saben, por ejemplo, las miles de víctimas de la violencia en todo el país que demandan atención en este ámbito por las graves afectaciones que ha dejado a las familias la desaparición de personas, los homicidios y feminicidios, y no han tenido respuesta.
Hoy se hacen duras críticas al llevado y traído modelo Hidalgo que impulsó González Torres, cuyos fundamentos y prácticas fueron en su momento evaluados y avalados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud Evidentemente, sin recursos ni el compromiso de servidores públicos de todos los niveles en transformar un sistema, éste no iba a prosperar.
La misma NOM 025, con la que hoy operan los hospitales psiquiátricos, como lo reconoce la directora del hospital Fray Bernardino Álvarez, está basada en el modelo Miguel Hidalgo, que a grandes rasgos consiste en crear: “hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino, talleres de oficios para la reinserción social, entre otros, con especial énfasis en la prevención, desde una perspectiva integral que considera la complejidad de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, de género y de grupos en especial situación de vulnerabilidad”, algo cercano a lo que plantea la OMS actualmente y lo que propone la psiquiatría moderna.
La NOM 025 tiene mucho de lo que hoy día se demanda desde la sociedad civil, por ejemplo, se reconoce a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con otros tratados y normas internacionales como fundamento de la política en salud mental, pero la aplicación en la realidad es otra cosa.
También hay que decir que con todo y la NOM y el modelo Miguel Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) halló en 2013 graves casos de tortura y tratos crueles y degradantes en hospitales psiquiátricos de todo el país: falta de comida, instalaciones infames, poco personal (o poco capacitado), aislamiento hasta por 90 días, discriminación, humillaciones, maltrato, tortura e incluso violación sexual.
“También descubrió irregularidades en el registro de pacientes, falta de personal médico, deficiencias en la prestación del servicio, insuficiente personal de seguridad, falta de capacitación sobre derechos humanos y ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física”, se destaca en el boletín de la CNDH de noviembre de 2013.
Un alcance al informe realizado en 2018 señalaba que en varios hospitales persistían las violaciones a derechos humanos.
Diálogo y no prejuicios
Es innegable que se necesita en México crear un sistema eficiente de atención a la salud mental, ya hace 20 años se decía que era urgente emprender la reforma en ese ámbito. Vamos tarde.
El diálogo y no los prejuicios en contra de las organizaciones de la sociedad civil y del discurso de derechos humanos, ni del otro lado, en contra de la psiquiatría, es lo único que puede abrir el camino hacia una puesta al día de los servicios de salud mental en México al alcance de toda la población.
Parafraseando la campaña oficial para disuadir a la población sobre el uso de las drogas, que dice “en el mundo de las drogas no hay final feliz” (con la variante de “el mundo de las drogas no es un lugar feliz”), podemos afirmar: sin diálogo entre psiquiatras y sociedad civil, no habrá final feliz para una reforma en salud mental que esta vez sí sea de avanzada, no se quede en el papel y le sirva a una sociedad afectada por múltiples amenazas a su bienestar y a las posibilidades de vivir con dignidad.
Yo estuve internada por casi 5 años en el hospital José Sayago por depresión grave. Mi trató fue muy bueno siempre apoyada por buenos enfermer@s , médicos generales y psiquiatras. El trato fue digno en todo momento. Sólo al final fui humillada por unas psicólogas de nombre Christian Lazcano Ortega y Blanca Grimaldo.