Ciudad de México, 5 de noviembre, 2020.- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados decidió este mediodía aplazar la aprobación de un dictamen de reforma a la Ley General de Salud que contenía disposiciones en materia de salud mental duramente cuestionadas por personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil reunidas en el colectivo #SaludMentalconDerechos.
La Comisión de Salud presidida por la diputada Miroslava Sánchez Galván atendió la petición de aplazar la discusión y abrir el diálogo con personas usuarias de servicios de salud mental y personas con uso problemático de drogas. Aunque la posición de los y las activistas es que se haga una consulta amplia, Sánchez Galván ofreció parlamento abierto.
El dictamen que se iba a aprobar apunta a alinear la atención en la salud mental y en las adicciones en una misma dirección, la ruta que había anunciado el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López Gatell (y que el Dr. Gady Zabicky, titular del Consejo Nacional contra las Adicciones, explicó en entrevista en este espacio), para reformar el sistema de salud en México; y si bien en el dictamen se hace referencia a una perspectiva de derechos humanos, se insiste en mantener medidas coercitivas como los internamientos y tratamientos forzosos, en la contención física, mecánica e incluso química y en el lenguaje estigmatizante.
La Comisión anunció que el próximo lunes 9 de noviembre abrirá el espacio para realizar un ejercicio de parlamento abierto solicitado por las OSC y respaldado por algunos diputados y diputadas de la comisión como Martha Tagle, en el cual se expongan las preocupaciones y propuestas sobre el tema. En particular, #SaludMentalconDerechos ha elaborado ya una propuesta para reformar la Ley General de Salud a partir de la perspectiva de respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental y de las personas con uso problemático de sustancias.
Ni estigmas ni tratamientos forzados; dejar atrás el modelo manicomial
En conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves por parte de integrantes del colectivo #SaludMentalconDerechos, Diana Sheinbaum, de Documenta, A.C, reconoció que el dictamen a discusión representa un avance en cuanto a el interés por actualizar el sistema de salud y mejorar la atención en salud mental privilegiando el primer nivel de atención en lugar de los internamientos hospitalarios, así como la propuesta de aumentar el presupuesto que actualmente es del 2% .
Sin embargo, señaló que la reforma avala los internamientos forzosos, contiene lenguaje que discrimina y estigmatiza a las personas con alguna condición de salud mental, además de que se elaboró sin consultar a las personas con discapacidad, a las personas con uso problemático de sustancias y a los expertos en salud mental por experiencia. Recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al estado mexicano a realizar consultas amplias sobre la aprobación o modificación de leyes que les atañen.
En su oportunidad, Ilse Gutierrez, experta por experiencia, refirió que ella ha estado internada en hospitales psiquiátricos donde ha sufrido tratamientos forzados y se ha sentido anulada por el personal médico, que lejos de apoyarla, simplemente tomaban decisiones sobre su salud sin tomarla en cuenta. Isle comentó: “quiero manifestar mi temor de que se apruebe una reforma que abre la puerta a mi internamiento en contra de mi voluntad en un centro psiquiátrico, que me estigmatiza por mi condición de salud mental, que anulará nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.” Además, apuntó, se debe considera que cualquier persona puede necesitar atención a la salud mental en cualquier momento de la vida y los servicios deben ser accesibles para todos.
Dijo que están pidiendo a los legisladores que se debata una reforma que no sólo se enuncie que está basada en un modelo comunitario de atención a la salud mental, sino que realmente se ejecute con esa perspectiva de acercar los servicios a la comunidad. Por lo pronto, afirmó, el dictamen refuerza el modelo de atención tendiente a la segregación de las personas en asilos bajo una lógica manicomial.
En la conferencia de prensa, Angélica Ospina, representante de la Red Mexicana de Reducción de Daños y del colectivo Regulación por la paz, exhortó a los legisladores a incluir en la ley estrategias de atención a las adicciones basadas en evidencia y en la experiencia de “personas con uso problemático de sustancias”, y a sus familias. Explicó que usan esa expresión para destacar que “hay una persona detrás del problema de salud”, por lo cual se debe desechar el lenguaje que estigmatiza y excluye el punto de vista del paciente como en ningún otro caso de salud. Refirió como ejemplo que en la atención a personas con diabetes se ha demostrado que los tratamientos que colocan a la persona en centro y consideran su entorno, sus hábitos, sus prioridades, logran mejores resultados que aquellos donde no se le toma en cuenta.
Angélica Ospina señaló que en el dictamen actual de la Comisión de Salud se dejan de lado otros tratamientos alternativos no hay perspectiva de género, cuando el uso problemático de sustancias afecta de manera distinta a mujeres, así como a jóvenes en pobreza.
Propuestas para una reforma a la atención en salud mental con derechos
En julio pasado, el colectivo #SaludMentalconDerechos realizó diversas acciones ante el Senado para frenar la aprobación de una iniciativa de ley de salud mental que también reforzaba estigmas y, aunque se enunciaba como una ley con perspectiva de derechos humanos, validaba los tratamientos forzosos, desconocía la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y autorizaba incluso que se pudiera ordenar judicialmente una hospitalización forzada.
Desde entonces preparan una propuesta de reforma a la ley general de salud en la que se incluya la perspectiva de derechos humanos, de discapacidad y de género en los servicios de salud mental. En la conferencia de prensa de hoy, Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International, mencionó los elementos que contiene la propuesta del colectivo #SaludMentalconDerechos. En términos generales, la propuesta desde sociedad civil recoge las recomendaciones a México por parte Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, para asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico por las personas con discapacidad —incluida la posibilidad de voluntad anticipada—, “así como una adecuada provisión de servicios comunitarios de salud para personas con discapacidad basados en el derecho al consentimiento libre e informado”.
Los elementos de la propuesta desde sociedad civil son:
- Igualdad y no discriminación en la atención a la salud mental de la población
- Adopción de un enfoque de recuperación (no de confinamiento asilar)
- Enfoque multidisciplinar e interseccional
- Garantizar el consentimiento libre e informado
- Calidad y empatía en los servicios
- Crear equipos de respuesta a crisis de salud mental
- Promover la resiliencia entre las familias de personas con una condición de salud mental
- Monitoreo independiente sobre los servicios de salud mental