- 18 camionetas Renault Kangoo compradas en 2017 con fondos federales del FOTRADIS debían prestar servicio a usuarios de centros de rehabilitación de Cuautla, Jojutla y Emiliano Zapata; están en desuso en casa particular.
- Activistas piden que se entreguen en comodato a asociaciones que los necesitan para transportar a personas con discapacidad física.
En el patio de una casa en venta, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hay 8 millones de pesos en vehículos estacionados, llenos de hojarasca y, al parecer, sin uso desde hace unos 3 años. No se trata de un par de Ferraris de los que se ven en las autopistas con placas de Morelos, sino de 18 pequeñas camionetas Renault, modelo Kangoo, con rampas y otras adaptaciones para transportar a personas con discapacidad física, rotulados con los membretes del Sistema DIF de Morelos que se usaron en el sexenio anterior, el del gobernador Graco Ramírez, y que fueron adquiridas en 2017. La esposa del ex gobernador, Elena Cepeda, era la presidenta del DIF estatal y ambos entregaron transporte adaptado en varias ocasiones durante el sexenio, aunque no hay reportes sobre la entrega a los ciudadanos de los vehículos Kangoo que, cabe señalar, son de menor tamaño que las camionetas tipo Van.
Se descubrieron por casualidad, cuando la semana pasada, un vecino notó que eran vehículos oficiales arrumbados en una casa particular en venta, muy cerca de las oficinas de la Secretaría de Turismo del estado. Representantes de organizaciones de personas con discapacidad empezaron a investigar y encontraron en la página web del DIF Morelos que en 2017 se hizo la adquisición de 18 vehículos con recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Públicos para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), es decir, dinero del Ramo 23 del presupuesto federal.
El FOTRADIS fue creado en el año 2011 por las entonces diputadas Yolanda de la Torre y Claudia Anaya, ambas con discapacidad motriz, con la idea de que se alentara la creación de redes de transporte accesible en los estados y municipios de todo el país en beneficio de la población con discapacidad.
Sin embargo, salvo algunas excepciones, el Fondo no fue usado como se esperaba, hubo subejercicio del recurso y, como se evidencia en el caso de estas camionetas empolvadas, los gobiernos no entendieron la importancia y la urgencia de garantizar el derecho a la accesibilidad y a la movilidad para las personas con discapacidad.
Las compras se concentraron en los DIF (institución que da servicios a las personas con discapacidad) estatales y municipales con una sola ruta: del domicilio de la persona con discapacidad física al centro de rehabilitación y de regreso.
El FOTRADIS desapareció del presupuesto federal en diciembre pasado como parte de un recorte de fondos y fideicomisos impulsado por el gobierno federal.
Según la información pública del DIF Morelos, en 2017 se solicitó al Fondo 7 millones 943 mil 274 pesos para comprar 18 “vehículos adaptados para el transporte de personas con Discapacidad” de los cuales 8 serían para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE Morelos) en el municipio de Emiliano Zapata, 5 para el Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla y 5 para el Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla.
Se supone que estarían a cargo del Sistema DIF Morelos e iban a servir “para trasladar a las personas con discapacidad de sus domicilios a los centros de rehabilitación para poder recibir consulta y terapias, así también a los lugares públicos recreativos, culturales, deportivos, educativos y laborales que permitan su movilidad y su inclusión social”, según se lee en la descripción del proyecto, pero en lugar de eso, los autos están arrumbados y posiblemente deteriorados por la falta de uso.
Ante las dudas que surgen tras este hallazgo y la necesidad de que la autoridad investigue este mal uso de recursos públicos, el abogado Christian Gallardo Gómez, en nombre de varias organizaciones civiles, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y también ante la Comisión Nacional (CNDH) por tratarse de un fondo federal, señalando el perjuicio que representa en contra de al menos 300 personas que, según el proyecto de adquisición, habrían sido beneficiadas con el servicio de transporte accesible.
En la queja se señala como autoridad responsable al Gobierno de Estado de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco y al Sistema DIF, con su titular, María del Carmen Robles Guadarrama. Si bien los autos fueron adquiridos en el sexenio anterior, correspondía al actual verificar el uso de las camionetas en beneficio de la población con discapacidad. Los datos de la adquisición son públicos, lo que significa que debieron recibirlos de la administración anterior o reportar su ausencia si es que no se los entregaron debidamente. El visitador de la CEDH, David Portugal, dio cuenta del hallazgo, del cual se tomaron fotos, ante la posibilidad de que sean movidos del lugar.
El abogado Alejandro Gallardo, presidente de la asociación civil Movimiento Nacional para la Inclusión y Democracia de y para Personas con Discapacidad, comentó a Dis-capacidad.com que se han pedido la intervención de las comisiones de derechos humanos porque las faltas u omisiones detrás de los vehículos arrumbados van en contra del principio de progresividad en las garantías que debe dar el estado para el ejercicio de derechos. El hecho de que los vehículos no se hubieran puesto al servicio de los morelenses para facilitar su movilidad, la accesibilidad en el transporte y su derecho a la rehabilitación, entre otros, tuvo consecuencias en el deterioro de las condiciones de vida de cientos de hombres, mujeres y niños con discapacidad.
Esta grave omisión demuestra indolencia, por decir lo menos, comenta Gallardo, dado que la población con discapacidad es la que más padece la falta de transporte y de accesibilidad en las calles y vialidades.
En la queja presentada se pide que, tras realizar las investigaciones correspondientes, se asignen los vehículos en comodato a las asociaciones civiles que los necesitan y que no tienen cómo trasladar a las personas con las que trabajan brindándoles servicios desde rehabilitación hasta capacitación laboral y de recreación.
En Morelos hay unos 140 mil habitantes con discapacidad, el 7% de la población y la mayoría viven en pobreza.
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