“Yo he sido legisladora antes, he propuesto iniciativas importantes y de trascendencia, la reforma constitucional de interés superior de la niñez, que cambió la dimensión de la política pública, las decisiones administrativas sobre los niños y nunca nadie me entrevistó, a nadie le interesó y de repente hoy estoy conociendo gente que nunca me había entrevistado.”
Así se presentaba a principios de septiembre la ahora ex diputada Yolanda de la Torre en una entrevista en el programa “Los Periodistas”, del medio digital Sin embargo.mx, sorprendida por una súbita fama pública que le abrió los espacios en noticieros de radio, televisión e internet que a diario dedican mucho tiempo a hablar de los asuntos del poder político, económico, de seguridad y violencia.
La diputada por el PRI, partido opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprendió a todo mundo cuando presentó una iniciativa de reforma legal totalmente alineada con los planes e intereses manifestados por el presidente sobre mantener la presencia de los militares en las calles realizando funciones de seguridad pública. Esto sucedió en un momento clave de la lucha política entre el oficialismo y los partidos desplazados del poder en las elecciones de 2018. De la Torre propuso extender el período en el que, según una reforma constitucional anterior, las fuerzas armadas tenían que permanecer en las calles en labores de policía. En lugar de que se retiren en marzo del 2024, su propuesta fue que siguieran en esas tareas hasta el año 2028.
De esa manera sorprendió a sus propios compañeros de partido, particularmente a los de la cámara de Senadores, así como a los representantes del otro partido opositor, el PAN, que hasta entonces tenía una alianza con el PRI, y obviamente se colocó en la agenda pública al desatar una polémica de gran interés en los jaloneos ente oficialistas y opositores sobre el papel que deben jugar las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad del país.
En cada entrevista en los medios, además de presentarse por primera vez ante el gran público, la representante de Durango insistió en que había elaborado y promovía esa iniciativa sobre los militares en tareas de seguridad “completamente convencida” de que ayudaría a los gobiernos de los estados del país y a la ciudadanía para estar en mejores condiciones para enfrentar las amenazas, que son muchas y constantes, por parte de bandas criminales. Sin embargo, desde el punto de vista de los críticos del gobierno, se trataba de abrir paso a la “militarización” de forma permanente, lo cual, señalaban, sería un riesgo para la democracia en México.
Sin embargo, por más que Yolanda de la Torre se esforzaba en legitimar su intervención en el tema como una preocupación personal y auténtica, el cuestionamiento que le hicieron una y otra vez fue sobre quién le había pedido presentar esa iniciativa, si se lo había ordenado el presidente del PRI, Alejandro Moreno, señalado insistentemente en esos días como corrupto y en riesgo de enfrentar acusaciones penales por desvío de dinero público. Peor aún, a De la Torre le preguntaban si ella había avisado o pedido autorización a éste y otros jefes del PRI para exponer la mencionada reforma. Ella respondía tajantemente: “Yo no aviso, yo tengo cortesías políticas con mi grupo parlamentario, yo he sido legisladora, no soy nueva, soy abogada, mi trabajo legislativo lo pueden ver con mucha claridad, pero con todo respeto, yo no pido permiso.” También se sostuvo en la siguiente afirmación cuando le preguntaban si actuaba por acuerdo con el presidente López Obrador: “yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto”.
Dado que su experiencia parlamentaria como senadora y diputada en varios períodos había estado enfocada en la defensa de los derechos de las infancias y también en colocar en la tribuna los derechos de las personas con discapacidad siendo ella una mujer con discapacidad motriz, no logró evitar que le rondaran las sospechas sobre su interés en los temas de seguridad pública.
Desde la lectura política de este episodio, De la Torre fue vista como el instrumento que usó el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, para congraciarse con el oficialismo al comprometer los votos de todos los diputados de su partido para apoyar la continuidad del ejército en las calles, como lo deseaba López Obrador, y así salvarse de inminentes acusaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel.
En los hechos, la iniciativa de Yolanda de la Torre fue aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados con los votos del PRI junto con los del partido en el gobierno, MORENA, dejando solos al PAN y al PRD en la oposición. Se leyó también como una traición, pues apenas unos días antes Alito se había comprometido a que el PRI marcharía hombro con hombro con los otros dos en la alianza opositora “Va por México”. Es más, tratando de fortalecer el frente común, siempre a su favor y protegiéndose las espaldas, llegó a decir: “Si tocan a uno nos tocan a todos.” Pero un par de días después ya había cambiado de opinión.
Haciendo a un lado la valoración de si la iniciativa de reforma para extender el mandato del ejército en seguridad pública es buena o mala, si beneficia o no a la sociedad mexicana, materia de otro análisis, el hecho es que la actuación de Yolanda de la Torre desató la polémica y a fin de cuentas jugó en favor de los intereses de los hombres del poder: El presidente López Obrador aplaudió y agradeció la aprobación en la Cámara de Diputados de la extensión del plazo para que los militares sigan en tareas de seguridad pública hasta el 2028, mientras que Alejandro Moreno ganó tiempo a su favor, pues se acallaron los señalamientos de corrupción y se frenaron las acciones judiciales que ya se estaban encaminando en su contra desde el oficialismo.
También hubo otra ganancia importante para el presidente, ya que derivado del apoyo del PRI a esta iniciativa se rompió la alianza opositora “Va por México” o al menos quedó bastante fracturada.
Pero lamentablemente para la legisladora De la Torre y parafraseando aquel dicho de que el Crimen no paga, podemos decir en este caso que el Patriarcado no paga. La minuta aprobada en la Cámara de Diputados fue rechazada en el Senado, nada menos que por los priístas compañeros de Yolanda de la Torre, quienes no cedieron a las presiones del gobierno. A las pocas horas de que ocurrió ese freno a la iniciativa en el Senado, el presiente López Obrador dijo que iba a seguir insistiendo en el tema, hasta que fuera aprobado por las dos Cámaras: “Voy a volver a presentar esta iniciativa”, declaró, lo que se entendió como la confesión de que él movió los hilos del PRI en la Cámara de Diputados o incluso que él habría sido el autor de la propuesta sobre las fuerzas armadas y no Yolanda de la Torre, con lo cual terminó de desacreditarla.
Así, quedó en entredicho la versión de la diputanda duranguense en el sentido de que la iniciativa de reforma había surgido de su convicción personal y que no servía a los intereses de otros actores políticos. Los señores no cuidaron las formas y ella terminó sacrificada, cuestionada por los propios priístas, por el resto de la oposición y por actores sociales que se oponen a la “militarización” de la seguridad en el país.
Con el rechazo en el Senado, el proceso legislativo de este tema no ha concluido, se prevé que los senadores le harán cambios a la minuta y si eso ocurre, tendrán que mandarla de nuevo a la Cámara de Diputados para su aprobación final, pero De la Torrre ya no estará ahí para defender su inciativa.
En una vertiginosa secuencia de hechos, la legisladora pidió licencia para dejar su lugar, a partir del lunes 26 de septiembre, en la Cámara, cargo al que había llegado en esta ocasión como parte de las listas de personas con discapacidad que cada partido tuvo que postular para las elecciones de 2021 por mandato del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de una acción afirmativa en favor de ese grupo social. 48 horas después, para el miércoles 28, Yolanda de la Torre ya estaba tomando juramento como presidenta del Poder Judicial de Durango.
“Fue su premio”, repitieron comentaristas en noticieros de todo signo, los mismos que la habían entrevistado unos días antes; es decir, convertirse en la presidenta del poder judicial estatal sería una recompensa por haberse lanzado a enfrentar las críticas y la polémica en la Cámara de Diputados. Hasta los analistas más mesurados han asumido esa versión, no obstante que De la Torre ya era magistrada desde 2019, así que sólo regresó a su trabajo anterior, es decir, no le harían falta méritos para el cargo, no sería un regalo. Aunque claro, regresó entrando por la puerta grande.
Sin embargo, estos cambios tan rápidos dejan dudas sobre dónde están colocados realmente los temas prioritarios en la agenda de Yolanda de la Torre. De hecho, hay que decir que ayudó a su partido a cumplir con la cuota de nominaciones de personas con discapacidad en el Congreso, aunque en esta ocasión su presencia en Diputados no se distinguió por el impulso a la agenda de los derechos de este grupo social.
En 2021 intentó conseguir que se asignara mayor presupuesto en materia de discapacidad, en particular trató de revivir el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el cual fue creado en 2010 por ella y por la entonces diputada Claudia Anaya, también con discapacidad motriz. El Fondo estuvo vigente hasta el 2018, fue eliminado en este sexenio, junto con otros fideicomisos que López Obrador consideró innecesarios.
Cabe decir que a través de esos recursos destinados a la compra de unidades de transporte accesible, estados y municipios adquirieron vehículos que están al servicio de los DIF para trasladar a personas con discapacidad hacia los centros de rehabilitación, principalmente (como si fuera el único lugar al que desearían ir). Sin embargo, debido a trabas en las reglas de operación, no sirvió para desplegar rutas de transporte accesible en las ciudades, que habría sido lo ideal, y muchos de los vehículos comprados han quedado en desuso por falta de mantenimiento. Hace un par de años, en un predio en Morelos fueron hallados abandonados unos diez automóviles adaptados para usuarios de sillas de rudas, con los emblemas del DIF estatal. No se supo cómo llegaron ahí.
En su trayectoria como legisladora, el tema en el que De la Torre presentó más iniciativas de reformas y nuevas leyes fue en el de derechos de los niños, niñas y adolescentes: derecho a un ambiente sano, a la protección contra la explotación laboral, contra el abuso sexual, contra la violencia familiar (promovió la incorporación del término “alienación parental” en el código civil para señalar los abusos de los tutores contra los hijos en casos de divorcio), etcétera. En el tema de discapacidad, ella siempre ha apoyado las campañas de recaudación del Teletón para la construcción de los CRIT. Hace unos diez años la entevisté sobre el tema y me dijo que ella promovía la donación entre sus compañeros legisladores y no le molestaba el caracter asistencial de la campaña, pues en su opinión todo sumaba a la causa.
Sin embargo, para la opinión pública, para el público que la conoció hace apenas unas semanas, su carrera legislativa quedará marcada por haber servido a los intereses del líder de su partido, quien al parecer se ha salvado por ahora de una persecución legal por sus corruptelas; y a los intereses del gobierno de López Obrador con relación a ampliar la presencia del ejército en labores de policía. ¿Había necesidad de hacerlo? ¿Era la única manera de ganar notoriedad sabiendo que los temas de los llamados “grupos vulnerables” no venden en los medios de comunicación e información o más bien éstos no les dan espacio por dedicarse a los juegos del poder político?
La representación importa, como se insiste desde la lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad. La presencia de Yolanda de la Torre, mujer con discapacidad motriz, abogada con varias especialidades, con experiencia parlamentaria, representante legislativa congruente pues siempre ha militado en el mismo partido político, impulsora, con su presencia, de la accesibilidad en el recinto parlamentario (hace unos años las diputadas en silla de ruedas no podían acceder a la tribuna principal como lo hace hoy), respetada entre las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los grupos vulnerables, conocedora y defensora de los derechos humanos, pudiera ser relevante para las mujeres con discapacidad que vienen detrás y que se están incorporando al ámbito de la participación política, ejerciendo derechos político electorales.
Pero esa figura de referencia se desdibuja en medio de los tejemanejes del poder patriarcal que sigue dominando la política. ¿Se ganó su lugar en lo más alto del poder judicial duranguense por sus méritos o fue por el pago de un favor político?
Como decimos en México: ella se echó el trompo a la uña y quienes se lucieron fueron ellos, los señores. A la mujer le abonaron el descrédito.
Epílogo: Hace unos días, la regidora Cynthia Montserrat Hernández, del ayuntamiento de Durango, desató la indignación de ciudadanos con discapacidad cuando se quejó ante la prensa de que a los regidores de su partido, Morena, no los dejaron elegir una comisión “relevante” en la cual pudieran participar, sino que les dejaron la de “discapacitados” y otros temas “menores”. Al respecto, declaró: “Necesitamos estar en comisiones que sean fuertes, obras públicas, salud, equidad de género, y no nos tomaron en cuenta … yo les voy a decir la verdad, yo prefiero trabajar por mi lado que estar en comisiones que nisiquiera son dictaminadoras, ni siquiera tienen una gran relevancia.”
ayuntamiento de Durango, Cynthia Montserrat Hernández.
Claro que enojó a muchos que menospreciara así el tema, pero habría que reconocer su claridad y dejar a un lado lo políticamente correcto. La realidad es esa: para quienes se desempeñan en cargos públicos, el tema de discapacidad es accesorio, sin peso político, insustancial o con poco avance y nulo presupuesto. No está en las prioridades de la agenda pública, no tiene peso político. También Yolanda de la Torre lo señaló a su manera cuando dijo en entrevista con medios que en más de 15 años de tarea legislativa, nunca la habían entrevistado en los medios de mayor audiencia con relación a los temas de grupos vulnerables, infancias, personas con discapacidad.
A causa de las críticas que recibió, la regidora Monserrat Hernández, quien a fin de cuentas se quedó al frente de la comisión de infancia y grupos vulnerables, trató de corregir el punto: “Estas son comisiones que desdeñaron (otros) regidores, pero nosotros sí las tomamos, el reclamo es que se reúnan en lo oscurito.”
Pero lo dicho, dicho está, incluso videograbado y difundido. Las cosas, como son.
¿Podrán cambiar esta situación las personas con discapacidad, en particular las mujeres que están luchando por espacios de participación político electoral?