Por: Camerina Robles Cuéllar*
- La fusión del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), planteada por el gobierno federal, pondría en riesgo la implementación del tratado que facilita el intercambio de obras impresas en versiones accesibles para personas ciegas y con dificultades para acceder al texto impreso.
- El Tratado de Marrakech es conocido como un importante complemento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante la última década, el Instituto Nacional del Derecho de Autor ha encabezado, en coordinación con sociedad civil, esfuerzos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras impresas en formatos accesibles, en los términos del Tratado de Marrakech. Este tratado se aprobó en 2013 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con el objetivo, en términos simples, de hacer flexibles las normas sobre derechos de autor para el intercambio entre países de obras ya existentes, en versiones adaptadas para quienes leen en Braille, quienes requieren macrotipos u otros formatos al alcance de personas con dificultades para leer el texto impreso.
La Unión Mundial de Ciegos y la Unión Latinoamericana de Ciegos impulsaron fuertemente este tratado en la OMPI culminando una larga batalla por el derecho a la cultura y a la educación de las personas con discapacidad. Al Tratado de Marrakech se le conoce, de hecho, como un importante complemento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
México es uno de los países en América Latina que más ha avanzado en su implementación, muestra de ello, ha sido el arduo trabajo de homologación del marco jurídico vigente. INDAUTOR fue la institución del estado mexicano designada para llevar a cabo este trabajo, el cual se ha desarrollado en estrecha consulta con organizaciones de y para personas con discapacidad, así como en alianza con organismos como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial y la OMPI.
La implementación del Tratado de Marrakech es una de las tareas que están en el ámbito de competencia del INDAUTOR, instituto que se encarga de aplicar la Ley Federal del Derecho de Autor para “la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación”. Debido a su ámbito de especialización, INDAUTOR contribuye a que México cumpla con sus compromisos en diversos tratados internacionales relacionados con el arte, la cultura y los derechos humanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto medidas de austeridad entre las cuales está la desaparición de instituciones especializadas; el pasado 7 de enero planteó la posibilidad de fusionar al INDAUTOR con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de tal forma que éste último, al que se refirió como “la autoridad en materia de patentes” asumiría las funciones del INDAUTOR.
El IMPI y el INDAUTOR, cada uno en su ámbito de competencia y especialidad, son entidades que responden ante el mundo por los compromisos del Estado mexicano asumidos en los tratados internacionales que se han firmado y ratificado; cabe subrayar que al ser compromisos de estado trascienden los proyectos sexenales o de un gobierno en particular. Por ello, la desaparición de INDAUTOR preocupa a quienes hemos trabajado en la implementación del Tratado de Marrakech y formamos parte de las llamadas “entidades autorizadas” para el intercambio transfronterizo de obras en formatos accesibles. Ese proceso podría quedar trunco, lo cual afectaría a la población con discapacidad en México en su derecho al acceso a la educación, a la información y a la cultura.
De acuerdo con el Tratado de Marrakech, ratificado por el Senado mexicano en septiembre de 2016, se denomina “entidades autorizadas” a aquellas organizaciones civiles, bibliotecas, escuelas, universidades, entre otras, que son reconocidas por el gobierno para proporcionar, sin ánimo de lucro, educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Lograr que el Estado mexicano se comprometiera con el cumplimiento de este trabajo fue el resultado de más de tres décadas de trabajo de personas especializadas en la adaptación de contenidos dirigidos a la población con discapacidad, para asegurar entre otros, el derecho a la cultura, la educación y el acceso a la información, sin discriminación.
Si bien el IMPI e INDAUTOR se complementan en algunos procesos, sus campos de actuación son diferentes; al fusionarse se pondrían en riesgo trayectorias de cooperación e interlocución para el cumplimiento de los compromisos de México en los instrumentos del derecho internacional. La afectación para las entidades autorizadas en el Tratado de Marrakech sería la interrupción de la identificación y validación de catálogos de obras en formatos accesibles, una labor que implica un arduo trabajo, ya que en todo momento se debe preservar el propósito del Tratado.
También se echarían por tierra los avances que se han logrado para la armonización legislativa con las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que el 1º. de julio de 2020 se modificó para incluir en su Artículo. 209, la atribución del INDAUTOR de: cooperar con las entidades autorizadas para facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles de obras protegidas en favor de las personas con discapacidad, en términos de los tratados internacionales suscritos y aprobados por los Estados Unidos Mexicanos.
Ante ello, el cuestionamiento al gobierno federal por parte de las entidades autorizadas en el Tratado de Marrakech es: ¿Cómo se ejecutaría la Ley Federal del Derecho de Autor y en particular la modificación al Artículo 209 en caso de que ocurra la fusión INDAUTOR-IMPI? Dado el avance en la implementación y negociaciones internacionales, nos preocupa sobremanera que se pierda el contacto con instituciones similares a INDAUTOR en los países parte del Tratado.
Reiteramos que como sociedad civil llevamos varias décadas trabajando en la construcción de un marco jurídico que dé sustento y certeza a nuestras acciones en favor de la inclusión y el respeto irrestricto a los derechos de las personas con discapacidad, para que éstos sean perdurables en el tiempo, por lo que sería un grave error y un retroceso, ignorar la labor de una institución que ha aportado certidumbre jurídica al país en su relación con otros estados nacionales y con sus propios ciudadanos.
Al igual que pudiera ocurrir con otros tratados internacionales, en el caso del de Marrakech, la interrupción del proceso de implementación implicaría recorrer otra vez el camino andado con el retraso adicional que ello implicaría para hacer justiciables y verificables los derechos de las personas con discapacidad en México.
… el cuestionamiento al gobierno federal por parte de las entidades autorizadas en el Tratado de Marrakech es: ¿Cómo se ejecutaría la Ley Federal del Derecho de Autor y en particular la modificación al Artículo 209 en caso de que ocurra la fusión INDAUTOR-IMPI?
Recordemos también que el estado mexicano se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual tienen como lema: “Transformar nuestro mundo” y “no dejar a nadie atrás”, para lo cual, los estados deben reducir las desigualdades y vulnerabilidades, erradicar la pobreza, la falta de educación, la discriminación y la exclusión de colectivos históricamente invisibilizados. La fusión y eventual desaparición de INDAUTOR va en contrasentido de esos compromisos y causaría mayor exclusión a los excluidos. Las personas con discapacidad visual y dificultades para el acceso al texto impreso no pueden esperar más para poder ejercer sus derechos; no sería justo ni digno, mucho menos en el contexto de un gobierno que ha prometido transformar la vida nacional para generar inclusión.
Esperamos que nuestra voz sea escuchada y se garantice, desde la Presidencia de la República, el cumplimiento de la Ley Federal del Derechos de Autor y con ello, la permanencia del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
*Camerina A. Robles Cuéllar es presidenta de Discapacitados Visuales IAP.