- Con base en los datos del Censo 2020, CNDH considera que deberían ser vacunadas con anticipación al menos 6.1 millones de personas con limitaciones severas, según el Censo 2020, dado su mayor riesgo en caso de enfermar de Covid.
- Llama a formular políticas públicas para la población con discapacidad, aunque no señala un destinatario específico dentro de las “instituciones del estado”, para lleva a cabo esta tarea.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un enérgico llamado al gobierno federal para “generen nuevas políticas públicas a favor de las personas con discapacidad” y dado el entorno de pandemia por coronavirus, a considerar a las personas con discapacidad como población prioritaria para recibir la vacuna anti Covid19, “por lo menos, a las 6.1 millones de personas que presentan limitaciones severas a la actividad, lo que puede involucrar la existencia de comorbilidades y/o enfermedades crónico degenerativas que agraven su condición.”
La Secretaría de Salud ha decidido que comenzará a aplicar la vacuna en la población de adultos mayores de 60 años, entre quienes hay personas con discapacidad, sin duda, aunque el criterio de inmunización es la edad, como en otros países.
La CNDH, citando la información del Censo 2020 con relación a la población con discapacidad, llama “a las instituciones gubernamentales correspondientes del estado mexicano” a “formular, actualizar e implementar políticas públicas con perspectiva de discapacidad; diseñar y estructurar políticas públicas transversales y focalizadas para las personas que viven bajo esta condición; impulsar y fortalecer los trabajos interinstitucionales con la finalidad de crear la norma que permita identificar a este grupo poblacional de manera oportuna y pertinente, e incluirlas en las estimaciones del impacto generado por la pandemia de COVID-19 en México.”
La CNDH desglosa las cifras del Censo 2020 de acuerdo con la clasificación que presentó el INEGI: “en México viven 20.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales, 6.1 millones presentan dificultades severas para desarrollar sus actividades diarias; 13.9 millones lo hacen con poca dificultad, y 1.5 millones cuentan con “algún problema o condición mental”.
Cabe recordar que en la CNDH está el “Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y ha publicado diversos informes donde se da cuenta a grandes rasgos, del atraso que hay en México en la implementación de dicho tratado.
Acá puedes leer el comunicado de la CNDH completo: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-02/COM_2021_033.pdf
¿A quién correspondería atender el llamado en el gobierno federal?
Este importante llamado de la CNDH, sin embargo, no cita por nombre a las instituciones y autoridades que serían responsables de atender la agenda de políticas públicas sobre derechos de este sector de la población; prácticamente está dirigido ‘a quien corresponda’. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó desde el inicio de su sexenio a la Secretaría de Bienestar como la dependencia encargada de atender a la población con discapacidad, aunque la atención está enfocada sólo en la entrega de transferencias directas a un millón de niños y niñas, prioritariamente indígenas, con alguna discapacidad.
Aunque la subsecretaria Ariadna Montiel, responsable del programa de pensiones, dijo en 2019 que el gobierno ampliaría el programa con otras políticas la atención, no se conoce otra acción dentro de Bienestar diferente a las entregas bimestrales de 2,700 pesos (unos 134 dólares) a casi un millón de personas (aún no se logra la meta del millón de beneficiarios).
Además, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONADIS) que está vinculado a esa secretaría y tiene el mandato legal de formular la política pública sigue prácticamente inactivo desde el inicio del sexenio. No se tiene noticia tampoco de su Asamblea Consultiva.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, responsable de dictar la agenda en materia de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos de México ante los tratados internacionales, como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tampoco ha respondido a las peticiones de organizaciones de la sociedad civil para que restablezcan las funciones del CONADIS o, en su defecto, se designe otro organismo o punto focal que verifique la ejecución de la Convención en todo el gobierno federal, de manera transversal.
Si Bienestar y Secretaria de Gobernación, responsable de instrumentar la Convención de la ONU en materia de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están siendo omisas al mandato de la Convención y al marco jurídico nacional, están cometiendo un serio delito a 20.8 millones de mexicanos con Discapacidad.
Manuel Serés
Sonora