Por: Reyes Gamez Barboza*
- Una reforma a la Ley estatal para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2019 obliga al gobierno de Nuevo León a cubrir una cuota de inclusión laboral.
- Actualmente, las personas con discapacidad que trabajan en el gobierno en su mayoría son hombres.
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Aún cuando el Gobierno de Nuevo León invita a las empresas a que oferten vacantes incluyentes para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas y ejercer su derecho al empleo, la autoridad incumple lo señalado en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad que solicitan al Estado garantizar que al menos el 2 por ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a la contratación de personas con discapacidad.
Según el Decreto de la reforma al artículo 22 de la citada ley y que fue publicado el 3 de abril de 2019 en el Periódico Oficial, en uno de los artículos transitorios se estableció que a partir de la entrada en vigor del Decreto las autoridades iban a tener tres años para implementar de forma completa las acciones para impulsar la contratación, así como para completar el porcentaje de contratación mínima del 2 por ciento de personas con discapacidad.
El pasado 3 de abril de 2022 se cumplieron los tres años de la entrada en vigor de la reforma y parece que las acciones del gobierno fueron insuficientes, ya que la Secretaría de Administración del Gobierno al responder a una solicitud de transparencia que le realizamos sobre ele tema, informó que con corte al 15 de junio de 2022, último generado a la fecha de presentación de la solicitud, en Gobierno Central, adicionando a los organismos públicos descentralizados se tiene registro de 16,020 empleados, de ese total solamente hay 108 servidores públicos con discapacidad. Para cumplir con la cuota de 2% tendría que haberse incluido a 320 trabajadores.
Ese total de empleados con discapacidad no representa ni el uno por ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública. La dependencia que concentra más empleados con discapacidad es la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con un total de 27, le sigue la Secretaría de Seguridad Pública en la que se encuentran 24.
Mientras que la Secretaría de Educación, la de Participación Ciudadana, la de Cultura, la de Salud, Comunicación y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, solamente tienen un empleado o empleada con discapacidad.
Respecto a la igualdad de género, a nivel general queda lejos de cumplirse ya que de los 108 con discapacidad hay 66 hombres y 42 mujeres.
Las dependencias que logran cumplir con la igualdad son la Secretaría del Trabajo, la de Movilidad y Planeación Urbana, así como la Junta de Conciliación y Arbitraje.
El pasado 2 de abril del 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) exhortó a las autoridades a inf0ormar a la ciudadanía el estatus de cumplimiento de esta medida de inclusión, pero no hubo ningún pronunciamiento del Estado.
Además, la CEDHNL señaló que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU había manifestado a México en 2014 su preocupación ante la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, especialmente intelectual y psicosocial, por lo que recomendó el fortalecimiento de programas para que pudieran acceder al empleo y el establecimiento de un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral en el sector público.
Cabe recordar que en el anterior sexenio en Nuevo León, en junio de 2019 se presentó el proyecto “Vida Incluyente, Trabajo Accesible y Equitativo (VITAE), con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma realizada a la ley para que en un lapso de un año, el 2 por ciento de la plantilla laboral fuera ocupada con personas con algún tipo de discapacidad, la meta era contratar a mil 800 personas. Pero a la fecha hay 108 plazas ocupadas.
*Periodista, colabora en la Agencia de Noticias 3er Sector.
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SU SERVIDOR ACTUALMETE ESTUDIA LA MESTRIA EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EN LA CIUIDAD DE CULIACAN, SINALOA, INICIE LOS TRABAJOS DE TESIS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA PUBLICA PARA IMPLEMENTAR LA OBLIGATORIEDAD UNA CUOTA MINIMA DEL 5% DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TANTO EN EL SECTOR PUBLICO COMO EN EL PRIVADO. CONTEMPLANDO ASI MISMO UNA SERI DE BENEFICIOS FISCALES A LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN CON DICHO PORCENTAJE. MUCHO LE SAGRADECERE SUS APORTACIONES SOBRE CONTEXTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TEMA. SALUDOS.