- La Red Nacional de Ciegos (RENAC) ha promovido ante los tribunales electorales de los estados, así como ante la Sala Superior de justicia electoral, que se incluya en las leyes electorales la asignación de cuotas de participación a favor de las personas con discapacidad (PcD) en México.
- En cuatro estados ya obtuvo sentencias favorables que obligan a los congresos estatales a legislar para incluir a PcD y acabar con la “omisión legislativa” que hoy por hoy las excluye de la oportunidad de competir para cargos de elección popular; en Michoacán, la resolución a favor más reciente.
- La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal está tardando en resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de las Personas con discapacidad; “nos está dañando”, señala en entrevista el abogado Ricardo Ortíz Carreón, de RENAC, y lo exhorta a proteger los derechos políticos de personas con discapacidad.
- Las acciones afirmativas a favor de PcD a nivel federal podrían irse hasta 2028 si no hay pronta sentencia.
Si bien el derecho a la participación política y electoral de las personas con discapacidad está en las convenciones internacionales y en las leyes mexicanas, en la práctica persisten muchos obstáculos para que se puedan ejercer. Por ello, la Red Nacional de Ciegos (RENAC), organización que surgió a inicios de la pandemia y que a la fecha tiene representación en casi todos los estados del país, está llevando a cabo una acción legal para que el Congreso de la Unión y los congresos estatales actualicen las leyes electorales a fin de que se garanticen los derechos políticos de esta población mediante acciones afirmativas.
Sobre este tema conversamos con el Lic. Ricardo Emmanuel Ortiz Carreón, quien junto con el presidente de RENAC, Edgar Cruz Luján, conduce la estrategia legal denominada “Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de las Personas con Discapacidad”.
Batalla legal por el derecho a la participación política
“Nosotros, durante 8 o 10 años hemos trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos de grupos en histórica vulnerabilidad, hemos buscado que sean aprobadas diferentes iniciativas en matera política, en materia de participación y en materia electoral, pero no se había podido avanzar.
Sin embargo, desde la Red, hace dos años encontramos una ruta para lograr lo que siempre hemos buscado: poner plazos a los congresos y algunas condicionantes para que las acciones afirmativas tengan cierto horizonte. Esto es a través de Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (que se abrevia JDC); con este recurso buscamos que los tribunales electorales subsanen una omisión legislativa”, es decir, la omisión actual es que las personas con discapacidad no están incluidas en las leyes electorales.
La idea, explica Ricardo Ortiz, quien representa a RENAC en Jalisco, es que los legisladores en cada uno de los congresos estatales generen oportunidades electorales en cumplimiento de los tratados firmados por México, así como de la Constitución, a fin de que estos derechos dejen de ser meros enunciados y se llenen de contenido.
Por ejemplo, el derecho a la participación político electoral, el derecho a votar y ser votado, está en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Pacto de San José, y en la Constitución Mexicana, en los artículos 1, 4, 31 y 35.
Para el proceso electoral del año pasado que correspondió a la renovación de la Cámara de Diputados y la elección de cargos municipales y algunas gubernaturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió temporalmente la omisión con una “medida administrativa” que consistió en reservar una cuota de 6 curules para personas con discapacidad, menos del uno por ciento del Congreso.
La ruta de los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC)
El abogado Ortiz Carreón explica en la conversación con Dis-capacidad.com: “El legislador tiene el deber de hacer, deber de generar las oportunidades electorales para nosotros las personas con discapacidad y no lo ha hecho, entonces es omiso en su deber. Nosotros encontramos que esto es sancionable, encontramos la ruta que son los JDC y hasta ahorita nos ha dado excelentes resultados.” La “omisión legislativa”, señala, es un criterio que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o Tribunal Electoral Federal.
Con esa estrategia legal, RENAC ya logró contar con resoluciones favorables de los tribunales electorales estatales que obligan a los congresos, hasta ahora de cuatro entidades, a garantizar los derechos político electorales de las personas con discapacidad.
El caso más reciente es el de Michoacán, donde hace unos días, el 14 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán votó la sentencia TEEM-JDC-039/2022 en la que ordena al Congreso del Estado:
“a que realice las actuaciones legislativas necesarias que garanticen la postulación de personas con discapacidad a cargos de elección popular, así como que sean integradas en cargos públicos del orden local”.
Sobre el camino que han recorrido, Ricardo Ortiz Carreón explica:
“Como las leyes electorales se reforman por lo regular cada tres años, lo que hemos hecho es preparar el terreno. El JDC más antiguo se ganó en 2019 y fue para el estado de Campeche, pero no fue aplicable para el proceso 2021. La Sala Superior dijo que como estaba muy cerca el proceso y ya se había aprobado la ley electoral para el 2021, se ordenaba al congreso de Campeche hacer los ajustes correspondientes y generar las acciones afirmativas mediante un proceso de consulta estrecha para las personas con discapacidad, para el proceso electoral 2023 – 2024.”
La consulta significa “que nosotros participemos de ese proceso legislativo para opinar el cómo sí se deben generar las acciones afirmativas”, explica Ricardo Ortiz y señala que aún no se realizan las consultas, pero considera que aún hay tiempo para hacerlas.
“En Jalisco ganamos el año pasado, el Tribunal Electoral ordenó al Congreso (garantizar la participación de personas con discapacidad), pero si éste no actúa, el OPLE, Organismo Público Local Electoral, tendrá que generar las acciones afirmativas correspondientes”; esta sentencia aplicará para el proceso electoral 2023-2024.
“En Michoacán, donde acabamos de ganar el JDC, el Tribunal Electoral ordenó al congreso que genere las acciones afirmativas en el proceso electoral 2023-2024.
“En Morelos, se obligó al Instituto Electoral estatal a que incorporara las acciones afirmativas en el 2021 para personas con discapacidad y que el congreso estatal las pusiera en la ley para el proceso electoral 2023 – 2024.
En San Luis Potosí también se obtuvo una sentencia favorable hace dos meses, refiere el abogado. Cabe apuntar que, en ese estado de la República, organizaciones de la sociedad civil está haciendo presencia en el congreso local para influir en la definición de cómo se deben hacer las consultas a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
Reconociendo los avances, Ricardo Ortiz señala que en la resolución de los juicios no ha faltado el debate entre magistrados. Al respecto, comenta que en el Tribunal Electoral de Michoacán “hubo un debate en el Pleno en su sesión pública donde el magistrado presidente (Salvador Alejandro Pérez Conteras) se oponía rotundamente a resolver a favor de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad, votó en contra de la sentencia, pero tres magistradas la aprobaron por mayoría.
“Hoy tenemos juicios JDC interpuestos en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Coahuila, estos están pendientes de sentencia, pero estamos en buena fecha; la justicia electoral no nos ha dejado de proteger en los tribunales electorales de los estados, no así en Sala Superior del Poder Judicial Federal, donde sí nos están perjudicando”, advierte.
Un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal
Si bien en los tribunales electorales en los estados han estado respondiendo al juicio para la protección política de las PcD, el Tribunal Electoral Federal está demorando demasiado en resolverles. Por ello, Ortiz Carreón hace este exhorto:
“Hacemos un llamado enérgico a la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación porque le presentamos la omisión legislativa el 2 de marzo de este año y al día de hoy no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera estamos calendarizados para que se dicte sentencia para el Congreso de la Unión y éste subsane la omisión legislativa (en materia de participación política de PcD). Nos sentimos muy preocupados, porque regularmente un juicio ciudadano se resuelve desde en una semana, hasta en dos meses. Llevamos más de cuatro meses, casi cinco y todavía no se ha resuelto. No quisiéramos pensar que es una artimaña jurídica para dejarnos sin materia y que al paso del tiempo se aprueben las leyes electorales nacionales. Eso nos dejaría sin materia o nos garantizaría una inclusión hasta 2028. No queremos que nos pase eso, Sala Superior está a punto de perjudicarnos más que el propio Congreso de la Unión.”
Se trata del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, JDC-92-102 y 103 de este año. Y, como señala el abogado de RENAC, esta demora en que se emita una sentencia en el Tribunal Electoral Federal estaría aplazando hasta el año 2028 las garantías para la participación político electora de las personas con discapacidad.
Los partidos no abrirán espacios voluntariamente
“Sabemos que la repartición de poderes en México es muy peleada, creemos que, de manera voluntaria por parte de los partidos políticos, no lo vamos a lograr”. Por ello, subraya el abogado Ortiz, se necesita la protección de Sala Superior a través de una sentencia como ha ocurrido en los estados.
Además, no tarda en empezar el debate en el legislativo sobre la reforma electoral que se está impulsando desde Palacio Nacional, además de otras iniciativas de ley que han promovido los partidos políticos. Por lo pronto, el tema ya está en el debate público, “sabemos que el debate público es muy poderoso y no nos están incluyendo, por supuesto que estamos preocupados y nos sentimos ofendidos por parte de Sala Superior.”
Acciones afirmativas, ¿qué son?
El entrevistado explica qué son y en qué consisten en este caso las acciones afirmativas que están demandando desde la estrategia legal de RENAC:
“Las oportunidades están escritas en las convenciones ya mencionadas, en el artículo 23 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, nos dice que todas las personas deberán gozar de los derechos a votar y ser votados, tal cual, pero que esos derechos se deben acompañar de las oportunidades, si no, no tienen sentido. En términos similares está el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dice que debemos formar parte activa de la toma de decisiones, de la configuración de los poderes públicos, incluyendo los de materia electoral y la dirección de los partidos políticos.
“Entonces nosotros revisamos las legislaciones locales y vemos que tenemos acciones afirmativas para las mujeres, para comunidades indígenas, en algunas leyes, y nosotros decimos que necesitamos de esas mismas acciones afirmativas porque si no están escritas no nos las van a respetar, tenemos siglos en que no nos han respetado las oportunidades (de participación).
“Una acción afirmativa que estamos buscando es que se reserven cuotas específicas para ser ocupadas por personas con discapacidad.”
En este sentido, explica Ortiz Carreón, “la fórmula de cuántas curules se tendrían que reservar le corresponde definirla a los congresos.”
Eso sí, lo que estos ciudadanos están señalando es que los espacios tendrán que ser ocupados por PcD y no por sus representantes o defensores que no vivan la condición de discapacidad.
¿Cómo garantizar que la persona que se va a postular a un cargo público es una PcD?
En México, cuando se han establecido acciones afirmativas a favor de otros grupos en desventaja social, al interior de los partidos políticos, que es la única vía para poder participar en un proceso electoral, ha habido muchos intentos de darle la vuelta a esa obligación de incluir a candidatas mujeres, indígenas o personas LGBTI, es decir, se ponen falsas representaciones.
Por ello, funcionarios electorales y otros actores sociales han cuestionado el cómo se podrá garantizar que no ocurra lo mismo con la cuota que se está pidiendo para la participación de personas con discapacidad. De hecho, en la aplicación de la medida administrativa del INE, para las elecciones legislativas de 2021, se detectó que algunos partidos pretendieron registrar como candidatos a alguna persona que sólo usaba lentes, haciéndola pasar por persona con discapacidad visual, o a alguien que usaba muletas de forma temporal.
Al respecto Ricardo Ortiz comenta:
“Nosotros estamos acompañando propuestas en las cuales se incluyan algunos candaditos, los cuales se pueden hacer de dos formas: una es que la persona compruebe más de dos años con una discapacidad, y que quien la haya certificado identifique que es permanente; la otra forma más fácil es la credencial nacional que nos identifica como persona con discapacidad, credenciales y certificados presentes en varias entidades federativas. Estamos buscando que sean personas con al menos dos años de tener una discapacidad permanente. Creo que es más fácil identificarlas que a las personas indígenas o LGBTI.”
Para cubrir la cuota de participación político electoral que se está pidiendo a través de esta estrategia legal, no habría distinción entre los llamados tipos de discapacidad, es decir, cualquier persona que acredite vivir en esa condición podría ser postulada a una candidatura, explica el abogado de la Red Nacional de Ciegos, considerando también la postulación de mujeres y hombres para que se cumpla también con la perspectiva de género.
Los partidos deben formar cuadros para la participación política
“Sí estamos trabando en capacitar a algunos compañeros y buscar a quién le interesaría participar, pero como Red nueva, todavía no contamos con una capacidad tan amplia (para labor de formación de cuadros), pero iniciando el 2023 iniciaríamos este trabajo. Pero estratégicamente comenzamos con esta estrategia legal porque también debemos buscar que los propios partidos políticos adopten a las personas con discapacidad y ellos mismos contribuyan a la formación de cuadros.
“A fin de cuentas nosotros no somos un partido político y las personas que podamos capacitar serían de distintos partidos políticos, para participar en distintos estados, no serían cuadros propios. Necesitamos que los partidos políticos le entren.”
Ricardo Ortiz agrega: ¿Eso va a costar tiempo, dinero y esfuerzo? Sí. ¿Quién lo tiene que pagar? a los partidos, a los OPLES y al INE de ahora, a éstos les tocó hacerlo. ¿No va a salir bien la primera? Seguramente, “nos va a ir bien, sí, y también nos va a ir mal”, pero son procesos que ya se han vivido anteriormente, como cuando se comenzó con las candidaturas para la equidad de género, por ejemplo.
Invitación a la ciudadanía y exhorto a la Sala Superior del Tribunal Electoral
RENAC invita a que más personas con y sin discapacidad se sumen a este movimiento para impulsar el derecho a la participación político electoral de las personas con discapacidad, que lo apoyen, porque “lo que estamos buscando no es un privilegio, no estamos buscando ser más que los demás, solo estamos buscando que se respeten nuestros derechos humos”.
Y reitera el llamado al Tribunal Electoral Federal: “Esperamos una pronta respuesta y, por lo tanto, una justicia digna para los mexicanos, grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad, y respetuosa de nuestros derechos políticos.”
Video de la entrevista con Ricardo Ortiz Carreón.
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