- Arturo fue víctima del sistema de impartición de justicia que discrimina a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial: María Sirvent, directora de Documenta A.C
- Estuvo 4 años recluido en el CEVAREPSI acusado de un delito que ni siquiera existió; se le impuso una “medida de seguridad” con base en dictámenes médicos; se negó sistemáticamente su derecho al debido proceso.
- El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determinó que el Estado incumplió la Convención al violar los derechos de Arturo a la libertad, a la igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia, a la accesibilidad y a vivir en la comunidad.
- “Quiero una disculpa pública del Estado por toda la burla que le hicieron a mi hijo, quiero justicia”: Judith, madre de Arturo.
- La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación deberá responder al dictamen de la ONU en menos de seis meses.
Ciudad de México.- El Estado mexicano deberá repara el daño a Arturo Medina Vela, joven con discapacidad psicosocial e intelectual, quien estuvo cuatro años en prisión víctima de un sistema de impartición de justicia que lo discriminó por su condición. En septiembre de 2011 fue detenido por policías en calles de la Ciudad de México quienes lo acusaron de haber robado un vehículo, a pesar de que él no sabe manejar ni hubo denuncia. Peor aún, el auto ni siquiera fue robado, no se cometió ningún delito.
Sin embargo, los policías no tuvieron problemas en incriminar a Arturo, porque estaba tan asustado y estresado que no pudo decir nada. Lo arrestaron junto con otros jóvenes sin discapacidad, pero ellos no tuvieron mayor problema, estaban en posibilidades de defenderse. Eran tiempos en los que los jefes policiales exigían a los uniformados cumplir con cuotas de arrestos en vía pública.
Nada importó para el Juez Noveno Penal en el Distrito Federal, como se llamaba en ese entonces a la capital del país, quien se negó en todo momento a reconocer a Arturo, de 21 años, como una persona titular de derechos, se negó a reconocerle capacidad jurídica y con ello, violó su acceso a todo medio de defensa.
Un dictamen médico fue suficiente para que ese juez lo declarara inimputable y lo privara de la libertad imponiendo una “medida de seguridad” de reclusión por cuatro años en el Centro Varonil del Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI). Para el juzgador, este joven solo era un diagnóstico médico, pero no una persona.
A diferencia de una sentencia para una persona sin discapacidad psicosocial o intelectual, la medida de seguridad no era apelable en aquel momento. No hubo manera de que Arturo recuperara su libertad hasta que no se cumplieron cabalmente los cuatro años de reclusión.
El CEVAREPSI es el lugar a donde llevan a varones con discapacidad intelectual o psicosocial a quienes no les imponen una sentencia, sino una “medida de seguridad” que implica un régimen de medicación forzada y de “rehabilitación” médica; una trampa para una persona cuya condiciones de discapacidad es permanente y nunca se le va a “quitar”.
Las burlas de los impartidores de justicia
Durante los primeros dos años, él y su mamá estuvieron solos enfrentando todas las arbitrariedades del sistema de impartición de justicia y las burlas de sus operadores.
“Me decían que me hiciera a la idea de que a mi hijo no me lo iban a entregar, que era más fácil que él hubiera asaltado un microbús con una pistola porque entonces me lo entregaban en tres meses, pero por ser discapacitado lo iban a tener que meter en una medida de seguridad que no se apela, la sentencia sí”.
Y cuando se refiere a las dolorosas burlas, no exagera. En el área jurídica del Reclusorio Sur, una funcionaria se atrevió a decirle:
“Nosotros no te vamos a entregar a tu hijo, mejor vete a ver a la Señorita Laura y tal vez si haces mucha presión mediática, si sales en un programa de ella y haciendo presión es probable que te lo entreguemos.”
Sí, aquella mujer se refería a la famosa peruana de los realityshows que exhibe en la Tv las tragedias ajenas para morbo y diversión del público, como la única “instancia” a la que podía recurrir la madre de un joven privado de la libertad por un delito inventado, declarado inimputable con base en un dictamen médico, sin acceso a un juicio justo por su condición de discapacidad. Ahí tenemos a Laura de América como alternativa al debido proceso.
Este fue parte del testimonio de Judith en la conferencia de prensa convocada por Documenta, con la presencia del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, para dar a conocer la recomendación del Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad que por primera vez determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad, le pide repara el daño, incluyendo los gastos en los que incurrió la familia, y le recomienda tomar acciones para que esto no siga ocurriendo.
En 2014, tras dos años de reclusión de Arturo, la familia tuvo contacto con la organización Documenta, que había comenzado un programa de discapacidad y justicia, y desde entonces contaron con acompañamiento en ese callejón sin salida del sistema de justicia penal al que lleva la inimputabilidad. A partir de entonces, las burlas del Juez Noveno Penal y de sus secretarios de acuerdo ya no eran sólo para Arturo y Judith, sino también para la abogada Eunice Leyva, quien, junto con la directora de Documenta, María Sirvent, agotaban todos los recursos legales disponibles para lograr la liberación del joven, pero se imponía aquel criterio penal sin perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el trabajo de defensa no fue en vano, todas las actuaciones legales resultaron muy valiosas para documentar las arbitrariedades y denunciar la violación reiterada y sistemática de los derechos de una persona con discapacidad psicosocial e intelectual por parte del Estado mexicano, lo cual resultó en la histórica intervención del Comité con relación a México. La admisión de la queja y esta repuesta favorable a la víctima sientan un precedente muy importante para que el Estado elimine prácticas que reiterada y sistemáticamente atentan contra las personas con discapacidad; el comienzo de un largo camino hacia el pleno reconocimiento como titulares de derechos.
La señora Judith relató que antes de tener contacto con Documenta, otra abogada que tenía experiencia en los juzgados, había intentado ayudarlos, pero se retiró ante lo que percibió como una misión imposible. Esa abogada le dijo “Ya le busqué por todos lados y no se puede hacer nada”, después Judith escuchó lo más desolador hasta ese momento:
“El Estado te acaba de quitar a tu hijo, tu ya no tienes derecho sobre él, ya no puedes hacer nada.”
Judith no sabe de procesos penales, ni del sistema de impartición de justicia, pero expresa con una frase precisa y sin ambigüedades la manera en que ella vivió la situación de su hijo:
“En ese momento me sentí como si el Estado fuera su papá y yo fuera una mala mujer y me lo hubiera quitado”.
Quiero una disculpa pública del Estado
Aunque el daño causado es, en cierto sentido, irreparable, por efecto de la recomendación del Comité de la ONU, el Estado deberá tomar acciones para reparar el daño. “Mi experiencia fue dura. Cuatro años de mi vida, de estar encerrado”, dijo Arturo en la conferencia de prensa y fue evidente que el recuerdo de esos años le causa mucho dolor.
Judith no tiene dudas: va a exigir una disculpa pública por parte del Estado y la reparación del daño, aunque le duele que nada podrá hacer que regrese el tiempo en que su hijo estuvo privado de la libertad y ella con él luchando por liberarlo. En particular siente mucho dolor y rabia porque su madre, la abuelita de Arturo, nunca pudo volver a verlo. Estaba enferma y era difícil llevarla a la visita al CEVAREPSI – a todos los agravios habrá que agregar el estrés en el que vivió Judith preocupada por la situación de hijo y atendiendo al mismo tiempo a su madre –, esperaba que Arturo pudiera salir a tiempo para volver a ver a su abuelita, pero eso no ocurrió. La abuelita murió el 9 de septiembre de 2015 y Arturo fue liberado hasta el día 14 de ese mes. “Eso me dolió mucho”, lamenta Judith. Por eso tiene claro lo que va a demandar del Estado mexicano:
“Lo que quiero es una disculpa por parte del Estado mexicano por todo lo que le hicieron, por toda la burla que le hicieron a mi hijo, yo quiero justicia.”
María Sirvent, directora de Documenta, explicó la resolución del Comité de la ONU: el Comité reconoce que las autoridades le negaron a Arturo el derecho al debido proceso y en consecuencia, no tuvo oportunidad de declararse inocente, aportar pruebas, impugnar las pruebas presentadas en su contra, decidir quién quería en su defensa, tampoco se le permitió presentar alguna apelación (las medidas de seguridad no se podían apelar).
En ningún momento contó con apoyos para poder ejercer derechos en igualdad de condiciones con los demás, se le privó de la libertad con una medida de seguridad basada en su condición de discapacidad, no en la investigación de un delito.
Hay que señalar que la queja se presentó en 2015 ante el Comité; la respuesta está llegando en 2019, después de que éste escuchó lo que el Estado tenía que responder sobre la denuncia –vale decir que, en sus respuestas, los funcionarios negaron en todo momento que se hubiese cometido alguna violación a derechos humanos y justificó las prácticas que Documenta estaba denunciando por discriminatorias. Pero lo que lograron los representantes del Estado fue demostrar que no reconocían la capacidad jurídica de Arturo y no eran capaces de verlo más que en función de un diagnóstico médico con base en el cual justificaban el negarle el acceso a un debido proceso.
Para Arturo y su familia no ha sido fácil la espera, pero este caso revela lo que pasa con las personas a las que declaran inimputables y son sancionadas con una medida de seguridad basada en la condición de discapacidad del individuo; no son pocos casos y sí es una práctica sistemática y reiterada.
Cambios al sistema y capacitación a operadores
Documenta ha realizado investigación al respecto, a través de su programa de discapacidad y justicia. Si bien no ha encontrado datos precisos disponibles sobre cuántas personas estarán hoy día en una situación similar a la de Arturo, privadas de la libertad y sin garantías procesales, advierte que este dictamen puede ser de gran impacto para erradicar las prácticas discriminatorias en las instituciones de impartición de justicia.
Le toca a la Subdirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación convocar a todas las partes implicadas para dar respuesta al dictamen del Comité de la ONU en un plazo no mayor a seis meses. Cabe agregar que el dictamen también pide al Estado hacer consultas con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones para que se implementen los cambios necesarios a fin de que se garantice el acceso a su derecho a la justicia.
Los cambios en los que habría que trabajar, señaló Sirvent, serían: reformar la legislación estatal y federal sobre la figura de la inimputabilidad; si se plantea el desaparecerla, lo ideal sería generar alternativas ajustadas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También se necesita revisar la imposición de medidas de seguridad, que actualmente se traducen en tratamiento médico forzado.
Se deben crear mecanismos para brindar apoyos y ajustes razonables, así como ajustes al procedimiento penal.
Continuar con la capacitación a operadores del sistema de justicia. Hace dos años Documenta inició, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un programa de facilitadores y consultores técnicos que apoyan a las personas con discapacidad psicosocial, ya sea que estén como imputados, víctimas o testigos en un proceso judicial.
Documenta ha sido pionera en la formación de un equipo de “facilitadores”, que son las personas que acompañan a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para apoyar en la implementación de ajustes al procedimiento judicial y garantizar la participación de la persona en el proceso al que se enfrente. Con esto se evita dejarlo fuera de la toma de decisiones y se le reconoce como sujeto titular de derechos con apoyos para poder ejercerlos.
Asimismo, Documenta cuentan con un programa de capacitación a operadores del sistema en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
Para Jan Jarab, es claro que el problema es la norma que se aplica para determinar la inimputabilidad:
“Es un problema estructural, hay un sistema diseñado para excluir a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, no para hacerlos parte, por lo que es profundamente discriminatorio. Se trata de una persona que no sólo es inocente, sino que ni siquiera pudo haber cometido el delito y parece que eso no importa, se excluye su posibilidad de defenderse en un proceso penal y se va hacia esta medida de seguridad que le quita la libertad”.
Sobre la actuación del juzgador que nunca consideró como sujeto titular de derechos a Arturo, el funcionario de la ONU explicó:
“Hay quienes dicen que la inimputabilidad puede tener beneficios, pero en realidad no, se ven los efectos perversos. La persona es suplantada y excluida del proceso, es una medida que no protege, sino daña, porque la medida de seguridad está basada en la discapacidad, no en el supuesto delito, así que refuerza el estigma sobre la peligrosidad” de la persona.
Se debe cambiar el paradigma, señaló Jarab, hay que transformar las normas, las prácticas institucionales que objetivizan, que niegan el carácter de sujeto activo a una persona con discapacidad intelectual y psicosocial, como en este caso.
“Llamamos al Estado mexicano a que atienda las recomendaciones que se le formulan y garantice la no repetición”.
Confía en que México logrará avanzar en el diseño de mecanismos para el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, así como en crear opciones para la vida independiente para que la cárcel y el internamiento forzado no sean los únicos destinos posibles para esta población. Comentó que hay referencias internacionales de las cuales se podría tomar ejemplo, Italia, por ejemplo comenzó en los años 60 del siglo pasado con esos cambios y en 1978 aprobó la ley Basaglia, con la cual se cerraron los hospitales psiquiátricos o manicomios y se reconoció a las personas con diagnósticos de salud mental como ciudadano con plenos derechos.
Es decir, no es un tema nuevo en el mundo, en México vamos atrasado al menos 40 años.
Jarab señaló que es la quinta ocasión en que uno de los comités de la ONU de vigilancia de tratados señala responsabilidades al Estado mexicano, aunque es la primera que se refiere a violaciones a los derechos de las personas con discapacidad.
En una de las partes centrales del dictamen dirigido al Estado mexicano, se lee:
“El Comité observa que la discapacidad se convirtió en la causa fundamental de la privación de libertad”.
El caso de Arturo sienta un precedente para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular lasseñaladas en los artículos 5. Igualdad y No discriminación; 9. Accesibilidad; 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley; 13. Acceso a la Justicia; 14. Libertad y seguridad de la persona; y 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; leídos en conjunto con el artículo 4. Obligaciones generales de los Estados, entre otros, adoptar medidas legislativas, las investigaciones y los cambios necesarios para implementar todos los derechos y eliminar prácticas discriminatorias.
Un pensamiento