- “Hago un llamado a todas las autoridades, para que junto con las organizaciones de la sociedad civil redoblemos esfuerzos a fin de que todas las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones ante la justicia al igual que el resto de la población”: subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
- La transformación de los sistemas jurídicos y de las prácticas de servidores públicos debe llevar “a que procurar justicia signifique procurar dignidad”: Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy.
- El Tribunal Superior de Justicia se comprometió a garantizar que las personas con discapacidad sean sujetos activos y no objetos pasivos en los procesos.
- Armonizar las leyes para el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica “es urgente y necesario”, pues todavía hay miles de casos en los que no se reconoce su igualdad ante la ley: María Sirvent, directora de Documenta.
- Eliminar restricciones legales como la interdicción y la inimputabilidad, compromisos del Estado mexicano ante el Comité de Naciones Unidas derivados del caso de Medina.
Ciudad de México.- El acto oficial de las disculpas públicas del Estado mexicano a Arturo Medina, joven con discapacidad intelectual y psicosocial quien estuvo preso cuatro años injustamente y sin posibilidad de ser escuchado por ministerios públicos ni jueces, realizado este 4 de octubre, es un hecho histórico por varias razones; una de ellas, por ser la primera vez que se reconoce que hubo violaciones de derechos humanos contra una persona con discapacidad por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia en México que le negaron el reconocimiento de su capacidad jurídica.
El Estado admitió que en códigos y leyes actuales hay disposiciones que discriminan a esta población. Con estas disculpas, se hace una reivindicación de los derechos y dignidad de Arturo Medina, de su mamá, la señora Judith Vela, y de sus hermanos, Alexis y Thalía.
Sin embargo, es apenas el primer paso para que se avance en la creación de las condiciones para que haya plena vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país. Al aceptar las disculpas en nombre de su hijo (quien prefirió no hablar), la señora Judith dijo que ahora mismo hay cientos de casos como el de Arturo, a quien recién se le está reparando parte del daño diez años después de que fue detenido por policías y acusado sin pruebas del presunto robo de un vehículo.
De ahí que resulte también muy relevante el que a partir de este caso –llevado ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la organización Documenta, análisis y acción para la justicia social, A.C.—, el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Ejecutivo Federal se estén comprometiendo a realizar cambios sustantivos en las normas y prácticas de procuración y administración de justicia para erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad en este ámbito.
El subsecretario de Gobernación, al ofrecer las disculpas en nombre del Estado, declaró:
“Estamos en este acto para ofrecerte una disculpa pública a nombre del Estado mexicano, no solo porque es un mandamiento que nos ha dictado Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción y la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“A nombre del gobierno de México te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia, una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantías para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México, y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia en el Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década.”
Encinas admitió que es urgente que el Estado atienda “a cientos de miles de personas que no tienen plena garantía de acceder a la justicia”, lo que representa una deuda enorme para el país, dijo, por lo cual se comprometió a “iniciar transformaciones para garantizar el acceso a la justicia”, para que “Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones al igual que cualquier mexicana y mexicano”.
Vale la pena subrayar que esta es la primera vez que en México se reconoce, en el discurso al menos, desde el más alto nivel político, el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Actualmente, en el Código Penal, en el Código Civil y en la Ley de Salud, se establecen restricciones a la capacidad legal, por lo cual, en la práctica, abogados, notarios, jueces y magistrados, se apegan a las figuras de la interdicción y la inimputabilidad para negar derechos y enviar a la muerte civil a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, principalmente, pero también a personas sordas, ciegas, con discapacidad motriz, o simplemente de avanzada edad.
Hasta ahora, el Estado mexicano se había resistido a reconocer el derecho a la capacidad jurídica, establecido en la citada Convención de la ONU. Salvo algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (que además son tergiversadas en interpretaciones en exceso creativas por parte de legisladores y juzgadores), no se había reconocido de forma tan directa que esta población debe gozar de igualdad ante la ley.
En la ceremonia, el subsecretario Encinas enumeró las leyes que se deben modificar para cumplir con este compromiso del Estado, una tarea que va a encabezar la Secretaría de Gobernación y tendrá que hacerse con la suma de autoridades y sociedad civil. Al respecto, dijo:
“Hago un llamado a todas las autoridades, para que junto con las organizaciones de la sociedad civil redoblemos esfuerzos para que todas las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones ante la justicia al igual que el resto de la población. A partir de hoy, la Secretaría de Gobernación acompañará el proceso de armonización legislativa para garantizar la igualdad jurídica.”
Las leyes que se debe reformar son:
- El Código Penal de Procedimientos Penales respecto a la figura de inimputabilidad y las medidas de seguridad o tratamiento para personas inimputables;
- El Código Civil y de Procedimientos Civiles respecto a las restricciones al ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad;
- La Ley General de Salud, respecto de los internamientos involuntarios y las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Además, el compromiso ante Arturo Medina y los mexicanos con discapacidad, agregó el Subsecretario, incluye el diseño e implementación de políticas públicas para la transformación de prácticas de las servidoras y servidores públicos adscritos a las tareas de investigaciones y las áreas judiciales.
Con este llamado, se reconoce que los cambios en las legislaciones no serán suficientes si los servidores públicos, sobre todo los de primer contacto, no hacen a un lado sus prejuicios y estigmas en contra de personas con discapacidad psicosocial. La señora Judith hizo un señalamiento sobre esto en particular:
“Policías y ministerios públicos se burlaron, discriminaron e hicieron mofa en todo momento del sufrimiento de mi hijo y el de toda mi familia”. Refirió que el juez noveno penal del Reclusorio Norte, le impidió tener la defensa a la cual tenía derecho. Una abogada que ella contrató le dijo que no se podía hacer nada para lograr la liberación de su hijo: “Me dijo que el Estado mexicano lo había tomado y era quien iba a decidir qué hacer (…) Mi hijo nunca pudo ir a decir que él no había hecho nada, porque nunca tuvo una voz”, recordó y lamentó la madre de Arturo.
También agradeció el acompañamiento de Documenta durante todos estos años, en particular agradeció “al Lic. Mario Solórzano Betancourt que fue el primer contacto que tuvimos con Documenta, supimos que se fue a estudiar una especialidad. Espero que esté muy bien.”
Compromisos de la Fiscal General de la CDMX
Como parte de las disculpas y de los compromisos para la reparación del daño causado a Medina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que la forma en que Arturo fue tratado por los órganos de procuración y administración de justicia “son lamentablemente un ejemplo claro de una forma obsoleta, prejuiciosa y discriminatoria de aplicar la ley.”
Godoy Ramos señaló: “Debemos proteger garantías, entender de que de nuestro actuar depende la libertad y el proyecto de vida de otras personas. Debemos admitir que el efectivo acceso a la justicia debe tener a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y garantizar su acceso en igualdad de condiciones.”
“Es urgente modificar los sistemas jurídicos en los cuales las personas con discapacidad siguen siendo objeto de nuestra legislación, como bien lo denunció Arturo y su equipo jurídico, las prácticas judiciales lo habían colocado en esa situación de indefensión por no reconocer su capacidad jurídica”. Debemos llegar “a que procurar justicia signifique procurar dignidad”.
La Fiscal subrayó la necesidad de que haya ajustes de procedimiento, “para que a las personas con discapacidad psicosocial les sea posible, sin ninguna traba, declarar, argumentar, decidir y conocer los alcances de una determinación jurídica penal o judicial sobre su persona, ya sea en su calidad de víctima, imputado o testigo”.
Enseguida señaló los ejes de acción de la transformación que se deberá emprender en la Fiscalía:
- Promover la eliminación de las restricciones normativas para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial y de todas las personas con discapacidad.
- Implementar accesibilidad en las instalaciones.
- Dar capacitación del personal para garantizar atención y representación legal para las personas con discapacidad.
- Realizar ajustes de procedimiento.
- Generar lineamientos, protocolos y un marco interno para regular actuaciones de servidores públicos.
- Entender la discapacidad como parte de la diversidad humana.
Para lograr que se cumplan estos compromisos, la Fiscal señaló que será importante continuar con el acompañamiento de Documenta, que ya ha impartido capacitaciones al funcionariado, y está por firmar un convenio con la organización para contar con personas facilitadoras para el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
Compromisos del Tribunal de Justicia de la CDMX
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, se comprometió también a llevar a cabo ajustes de procedimiento “para incorporar especialistas en nuevas dimensiones, consultores técnicos, médicos, psiquiatras, terapeutas, trabajadores sociales, así como representantes jurídicos en los actos de proceso. Este enfoque multidisciplinario abona a que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial ejerzan libremente el derecho a ser escuchados, interviniendo activa y objetivamente.”
Aseguró que el Tribunal realizará la transformación necesaria “para garantizar que las personas con discapacidad sean sujetos activos y no objetos pasivos en los procesos”, como lo son actualmente.
El magistrado Guerra aseguró que el caso de Arturo Medina demuestra “la imperiosa necesidad de cerrar la brecha entre la realidad legal y la realidad cotidiana, y en el Poder Judicial de la Ciudad de México abrazamos esa responsabilidad con vocación y determinación”.
Cambios urgentes y necesarios
En su oportunidad, María Sirvent, fundadora y directora de Documenta, A.C, agradeció la confianza de Arturo Medina y su familia, asimismo saludó el compromiso de las autoridades para realizar cambios estructurales. Subrayó que armonizar todas las leyes señaladas “es urgente y necesario”, pues todavía hoy las personas con discapacidad “siguen sin ser reconocidas con igualdad ante la ley. Por el contrario, la ley avala que sean internadas por largos períodos de tiempo en contra de su voluntad. Hoy miles de personas con discapacidad permanecen en prisión sin saber por qué delitos se les acusa, sin tener acceso a una defensa efectiva, sin saber cuándo y cómo podrán obtener su libertad. Permanecen en prisión de manera arbitraria.”
Sin embargo, dijo, se debe trazar una ruta concreta para llevar a cabo los cambios prometidos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben comprometerse en esa tarea.
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Ese día, 4 de octubre, al mismo tiempo en que le pedían disculpas a Arturo Medina en Gobernación, en todo el mundo se caían sistemas informáticos, lo que obligó a mucha gente a cambiar, por algunas horas, la manera de comunicarse y encontrar cómo hacer las cosas de otro modo. Ojalá de la misma forma caiga en México el sistema que ha sostenido por tanto tiempo la negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad –que dicho en otras palabras es negarles la calidad de seres humanos—, para que los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia se atrevan a cambiar, a desterrar prejuicios, se reconozca a las personas con discapacidad como iguales y abracen la diversidad humana.
Notas relacionadas:
Excelente artículo, que detalla con tanta puntualidad los compromisos formulados por las autoridades!! Gracias!!