- Con la desaparición del Seguro Popular se canceló el apoyo económico en tratamiento farmacológico en “El Batán” y otros hospitales psiquiátricos.
- La Secretaría de Salud federal se deslinda de la obligación de atender la situación en los hospitales psiquiátricos en México ante la pandemia.
- Persisten el maltrato y la tortura que reportó la CNDH en 2018.
En momentos en que ha aumentado la preocupación por la salud mental de los millones de personas que guardan cuarentena en sus casas por la pandemia de Covid19, pero que tienen en el horizonte una fecha en la que dejarán el confinamiento, los gobiernos han habilitado servicios especiales de atención psicológica y psiquiátrica a distancia. Sin embargo, no han informado sobre cómo se está garantizando la seguridad y la salud de las miles de personas que ya estaban confinadas en una institución psiquiátrica desde antes de la pandemia y que seguirán ahí cuando termine la cuarentena para todos los demás.
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, ha alertado, con información de diversas regiones del mundo, que las instituciones de internamiento psiquiátrico “están siendo focos de infección y se están produciendo muertes” de personas con discapacidad psicosocial en mayor número que en el resto de la población. Por ello ha hecho un llamado a los gobiernos para que tomen acciones para proteger la vida de estas personas, así como de los niños y adultos, personas de la tercera edad que viven en albergues y asilos. Las personas con discapacidad en instituciones están muriendo, sin que las autoridades de Salud pongan el foco sobre esta situación. La organización Disability Rigths Internacional denunció el hacinamiento y desprotección frente al coronavirs en el que están los internos en el Federico Mora, de Guatemala, a donde el gobierno está llevando a gente que retorna de Estados Unidos y puede estar contagiada de Covid19.
En el pronunciamiento “Covid y las personas con discapacidad psicosocial”, elaborado por organizaciones de la sociedad civil de los cinco continentes, se advierte sobre la mayor vulnerabilidad de este grupo “históricamente discriminado y marginado que incluye personas usuarias y ex usuarias de psiquiatría, víctimas sobrevivientes de violencia psiquiátrica, locas, locos, oyentes de voces y personas con diversidad psicosocial”.
“Las personas con discapacidad psicosocial tienen un mayor riesgo de contraer coronavirus debido a:
- que están internadas o privadas de su libertad en unidades e instituciones psiquiátricas, instituciones de asistencia social, albergues para personas sin hogar, ‘refugios’ no regulados e informales, cárceles, prisiones e instalaciones correccionales, donde no pueden ejercer el distanciamiento social en función a su voluntad y preferencias;
- el riesgo inherente de infección en estos entornos se ve agravado por ser lugares hacinados y faltos de higiene, y donde tienden a ocurrir malos tratos;
- las barreras para acceder a información sobre salud, incluida la falta de información en lenguaje sencillo y el apoyo en la comunicación;
- las barreras para implementar medidas preventivas de higiene debido a la pobreza, el acceso desigual a los recursos dentro de los hogares y la falta de vivienda;
- los maltratos y los abusos;
- la falta de redes de apoyo social y comunidades inclusivas;
- la discriminación sistémica contra personas con discapacidad psicosocial, especialmente mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas LGBTQIA+, personas indígenas, personas de diversa raza, color, ascendencia, casta, origen nacional o étnico, personas de diferentes afiliaciones religiosas, personas con otras discapacidades y otros grupos que enfrentan discriminación múltiple e interseccional.
En México, la organización Documenta, A.C logró que se emitiera una orden judicial para obligar al Consejo de Salubridad del gobierno de México a informar sobre las condiciones en las que están las personas en 46 hospitales psiquiátricos del país y a que garantice su vida, su salud y el trato digno. El pasado 11 de mayo, Documenta recibió una decepcionante respuesta por parte de la abogada general de la Secretaría de Salud Federal, quien respondió que los funcionarios “carecen de acciones qué realizar en cumplimiento de la medida cautelar en relación con la atención psiquiátrica que se brinda en las instalaciones hospitalarias en el país” debido a que el asunto no está en el ámbito de las atribuciones de la Secretaría de Salud federal, sino de las autoridades de Salud estatales. Así que mientras se echan la bolita unos y otros, seguimos sin saber qué está pasando en esos hospitales.
El Batán, en Puebla: maltrato y desabasto
No obstante, hay testimonios de que las personas usuarias de servicios psiquiátricos están padeciendo la falta de acceso a tratamiento farmacológico, y quienes están en internamiento no tienen garantizada la mínima protección para evitar contagios por Covid19. Peor aún, no hay indicios de que se hayan erradicado las prácticas de tortura en los psiquiátricos, que ha sido denunciada y documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En particular, recibimos un testimonio sobre lo que ocurre en el hospital psiquiátrico Rafael Serrano, conocido como “El Batán”, que está a cargo de la Secretaría de Salud del estado de Puebla. Hasta antes de la desaparición del Seguro Popular en enero de este año, en ese hospital público se surtían las recetas de las personas usuarias de medicamentos psiquiátricos a bajo costo y en caso de que no lo hubiera, se podía solicitar el reembolso del gasto realizado en farmacias comerciales. Pero esto ya no es así. El nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, ya no da el subsidio en este tipo de medicamento.
“Fui al Batán con mi receta y después de dos horas y media de estar esperando, salieron a decirnos a mí y a otra persona que también esperó ese tiempo, que no había medicamentos y que ya no estaban autorizados los reembolsos porque eso era con el Seguro Popular y como éste ya no existe, el hospital no cuenta con recursos para hacer esos pagos. ¿Hacernos esperar dos horas para decirnos que no hay medicina? Desde ahí ves el maltrato a los usuarios”, relata Felipe Orozco.
El problema es que la falta de acceso al medicamento puede derivar en un abandono del tratamiento farmacológico con severas consecuencias para las personas con discapacidad psicosocial. Por ejemplo, Felipe ha adoptado un tratamiento en el que requiere mensualmente de valproato de Magnesio 600 mg (30 tabletas), quetiapina de 300mg (20 tabletas) y levomepromazina 25mg (20 tabletas), más otros medicamentos que le ayudan en caso de una crisis.
La continuidad y el apego al tratamiento farmacológico, en el caso de las personas que lo llevan voluntariamente, es un aspecto fundamental para su bienestar, por ello se debe garantizar que tengan acceso a éste. En marzo pasado, el colectivo “Cero Desabasto”, que monitorea la disposición de medicamento en todo el país para tratamientos especializados, incluyó a “El Batán” en una lista de hospitales de Puebla con desabasto.
Maltrato y abandono
Lo que a Felipe le preocupa es que si esto le ocurre a quienes van a “El Batán” como externos, qué estará pasando con los que están adentro y en medio de la peor pandemia en un siglo: “Están abandonados. Los médicos, enfermeros y hasta el personal de limpieza creen, y así lo dicen, que los usuarios, por su condición de salud mental, no se dan cuenta del maltrato”, señala.
Según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2018 había 266 personas en el Rafael Serrano, 135 hombres y 131 mujeres. Felipe ya estuvo internado ahí hace dos años, luego de un brote psicótico: “Fue una experiencia como para no olvidarla el resto de mi vida”, lamenta, por el trato degradante y cruel que recibió. Además, fue testigo de prácticas que eran francamente torturas.
(Video de CENCOS y Documenta, A.C, en el que el Dr. Felipe Orozco da testimonio sobre la situación en “El Batán”. Publicado el 13 de marzo, 2020.)
En el psiquiátrico “El Batán” se realizan sujeciones con candados, relata Felipe: “Son candados gruesos, dan mala comida, en mal estado, no permiten las visitas de los familiares. Ni en el (hospital) Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México usan candados para la sujeción, ahí usan vendas”.
Felipe vivía en la Ciudad de México, a los 18 años fue diagnosticado con esquizofrenia. Él y su familia sabían a dónde acudir cuando necesitaba atención por las alucinaciones visuales y auditivas. Pero cuando recién se fueron a vivir a Puebla no sabían a dónde acudir en caso de necesitar atención psiquiátrica. Sin conocer cómo era la situación en “El Batán” su familia lo llevó ahí tras un episodio psicótico: “Todo mundo te dice que vayas al Rafael Serrano. En esa ocasión no supe cómo llegué ahí, pero una vez que pasó el episodio psicótico yo estuve totalmente consciente de que lo pasaba en el hospital”.
Fue testigo de que hay un solo psiquiatra por turno para atender a toda la población y en realidad no escucha a las personas. “A uno de ellos yo lo veía llegar a su consultorio, ubicado al final de un largo pasillo que atravesaba el pabellón, caminaba hasta el final, sin parar y sin mirar a nadie y ahí se encerraba. Mientras, afuera se formaba una fila de compañeros que pedían consulta. Pero el doctor no salía, o muy de vez en cuando. Su turno terminaba a las 8 de la noche, a esa hora abría su puerta y hacía algún comentario a quienes lo estaban esperando. Nos decía: te has portado bien, te has portado mal, al rato te veo, era todo lo que nos decía desde lejos”.
“Un día el psiquiatra se detuvo unos minutos frente a mí y me dijo ‘te veo bien, te voy a dar de alta mañana’. Y cuando todavía él andaba por ahí yo tomé una revista médica que estaba a la mano y empecé a leer en voz alta un artículo con lenguaje especializado que incluía algunas fórmulas. Cuando a mi me dan las alucinaciones empiezo a hablar de fórmulas químicas y matemáticas, digo números y números. Pero en ese momento yo estaba bien, sólo leyendo en voz alta. El doctor vino hacia mí y mandó a que me hiciera sujeción que porque según él yo estaba teniendo un brote psicótico. No le importó que yo le decía que estaba consciente, que estaba bien, y le mostrara lo que estaba leyendo. No me escapé de la sujeción forzada.”
El relato de Felipe continúa y revela el desprecio de los funcionarios, al menos de “El Batán” por las personas usuarias de servicios psiquiátrico: “Después me dio una segunda oportunidad para darme de alta, ya me había crecido el cabello y la barba, ahí adentro es difícil asearse, no siempre hay agua. Entonces el doctor me vio y me dijo ´la gente loca con barba está más loca’ y me negó de nuevo el alta médica”.
Recomendaciones de la CNDH, pendientes
Felipe, quien es médico de profesión, sostiene que dentro de “El Batán” se ejerce un trato discriminatorio en contra de las personas institucionalizadas, “con una visión estigmatizante de parte del propio personal médico, que se contagia a enfermeros, personal de limpieza y vigilancia. El trato es inhumano porque consideran que por su condición de salud mental, los internos merecen ese trato.”
Su testimonio coincide con lo que observó la CNDH en una investigación sobre las condiciones en las que eran atendidas las personas en las instituciones psiquiátricas en México. La Comisión documentó violaciones a derechos humanos en el marco de su informe inicial número 06/2017, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Particularmente en “El Batán”, la CNDH encontró que las condiciones de las instalaciones eran inadecuadas (goteras en los techos, pisos en mal estado, baños sucios, cucarachas), irregularidades en la comunicación de los pacientes con el exterior, omisión de aviso al Ministerio Público en caso de internamientos involuntarios, falta de protección a la salud, insuficiencia de personal de seguridad, e inexistencia de reglamentos y manuales.
En respuesta a las recomendaciones de la CNDH emitidas en 2017, el entonces gobernador, Antonio Gali, anunció una inversión para hacer reparaciones y remodelaciones en el psiquiátrico. Sin embargo, la CNDH actualizó aquel informe con nuevas visitas en mayo de 2018 y a finales de ese año dio a conocer que recibió más denuncias que clasificó como casos de tortura.
En diciembre de 2018, la Comisión emitió seis recomendaciones por factores de riesgo en el inmueble, encontró la presencia de cucarachas en el área de cocina, falta de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad física y adultos mayores, reportó que carece de un área especial para personas privadas de la libertad, es decir, que están sujetas a un proceso legal o sentenciadas por orden de la autoridad judicial.
El entonces ombudsperson, Luis Raúl González, pidió al gobierno de Puebla que en un lapso de 30 días respondiera sobre las recomendaciones. Pero a finales de 2018 Puebla estaba en medio del cambio de gobierno con acusaciones de fraude y conflicto postelectoral. Así que las recomendaciones quedaron en el aire y las violaciones derechos humanos continuaron sin que la Secretaría de Salud del estado o autoridades judiciales hicieran algo para frenarlo. A mediados de 2019 surgieron más denuncias por la falta de higiene en los baños, extrabajadores las confirmaron. Hay reportes de prensa de que Secretaría de Salud estatal desestimó las denuncias diciendo que sí se cumplía con la limpieza, pero “por la naturaleza del nosocomio son espacios que con frecuencia se contaminan y requieren una atención más constante que en otros baños.” Así ven los funcionarios a los usuarios de servicios psiquiátricos. Como lo cuenta Felipe, a todos los niveles están convencidos de que por ser locos no se dan cuenta, ni de la suciedad de los baños.
A Felipe le preocupan las condiciones en las que están pasando la pandemia los internos en ese psiquiátrico y exige que el gobierno estatal y el gobierno federal atiendan las denuncias, las recomendaciones de la CNDH y, sobre todo, que no dejen en el abandono a cientos de usuarios de servicios psiquiátricos ante en enorme riesgo de contagio y de muerte por Covid19.
Este médico cirujano, quien tuvo que cursar la carrera de medicina dos veces, no por su condición de salud mental, sino porque la Universidad Justo Sierra donde la cursó la primera vez no le quiso expedir el título (“me dijeron que yo le quitaba prestigio a la universidad”), está comprometido en la lucha contra el estigma y la discriminación hacia las personas con discapacidad psicosocial.
Felipe Orozco estuvo casi un mes en “El Batán”, cuando su familia supo las condiciones en las que opera ese psiquiátrico estaban arrepentidos de haberlo llevado ahí. Después encontraron la Casa de Salud, una clínica psiquiátrica privada donde sí se da trato digno a los usuarios. Sin embargo, Felipe piensa en que es una minoría la que puede acceder a este servicio, que tiene un costo de 14 mil pesos al mes, contra los 500 pesos que se pagan en el Rafael Serrano.
El monto mensual del medicamento controlado es de entre 5,500 y 6,000 pesos (entre 250 y 300 dólares). Por ello, Felipe advierte que, sin abasto de medicamentos, sin apoyo para surtir las recetas para seguir un tratamiento adecuado y sin un servicio psiquiátrico público apegado al respeto a los derechos humanos, las personas con discapacidad psicosocial en Puebla están en el abandono.
Acciones inmediatas que se deberían implementar
El Secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, así como el Secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer, pueden recurrir a alguna de las guías que han emitido organismos internacionales sobre la atención que se debe dar a las personas con discapacidad ante la pandemia. En particular, en el citado pronunciamiento de personas con discapacidad psicosocial de todas las regiones, incluida la Redesfera Latinoamericana, se apuntan acciones básicas que se pueden poner en marcha de inmediato, para evitar el mayor riesgo de morir de esta población. Algunas de ellas:
- Implementar de manera urgente medidas sanitarias y preventivas paraevitar infecciones en unidades e instituciones psiquiátricas, instituciones de asistencia social y hogares protegidos, incluida la limpieza y desinfección de los ambientes, la circulación de aire, la higiene regular de manos y el libre acceso a suministros sanitarios como jabón, desinfectante de manos, papel higiénico y papel toalla. Las personas no deberían tener que ir a un lugar centralizado para obtener suministros sanitarios. Se debe exigir al personal que cumpla con todas las medidas sanitarias y preventivas.
- Reducir drásticamente el número de personas en unidades e instituciones psiquiátricas, e instituir una moratoria sobre los internamientos involuntarios. Debe asegurarse que nadie se vea obligado a permanecer en esos entornos en contra de su voluntad, donde corren un mayor riesgo de infección, síntomas más severos y muerte.
- Detener el uso del aislamiento, contenciones, medicación no consensuada y cualquier restricción en el uso de los baños en unidades e instituciones psiquiátricas. Además de ser contrario a la dignidad e integridad de las personas, estas prácticas inevitablemente generan condiciones insalubres y causan estrés severo y deterioro físico, lo que resulta en una inmunidad debilitada.
- Proporcionar a las personas en unidades psiquiátricas, instituciones y hogares protegidos acceso a la información más reciente sobre COVID-19, y permitirles mantenerse en contacto con sus amigos y familiares. No se debe prohibir a las personas que salgan de sus habitaciones o que se pongan en contacto con el mundo exterior como una forma de prevenir infecciones. Si bien se necesitan medidas preventivas para evitar infecciones causadas por las visitas, las prohibiciones absolutas de visitas son desproporcionadas y pueden exponer a las personas a más abusos y negligencia.
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