México tolera abusos contra niños, adolescentes y adultos con discapacidad en albergues y hospitales: Disability Rights International

  • Se destinan recursos públicos a la política de confinar en albergues a personas con discapacidad donde se cometen crímenes de lesa humanidad, reporta DRI, tras 20 años de documentar estos abusos en México.
  • El gobierno debe invertir en servicios públicos para acabar con la institucionalización y favorecer la vida independiente : Amalia Gamio, experta del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
  • La muerte de un niño con autismo en el Hospicio Cabañas en Jalisco, quien había sido maltratado en el albergue Cien Corazones, fue crimen institucional: Juan Martín Pérez, REDIM.
  • Se comete tortura y trato cruel y degradante de manera sistemática en albergues, centros psiquiátricos y refugios para personas en calle, sin que nadie sea juzgado ni sancionado: Juan Méndez, ex relator de la ONU para casos de tortura.
  • Decimos ¡Ya basta!: Eduardo, víctima del albergue La Gran Familia.

El más reciente informe sobre México de la organización Disability Rights International (DRI) documenta décadas de abuso contra niños, adolescentes y adultos con discapacidad que viven en albergues, casas hogar u hospitales psiquiátricos y señala que se trata de crímenes de lesa humanidad. “En todo el sistema de servicios sociales de México, la razón principal para la detención de una persona con discapacidad en una institución – según el personal y las y los pacientes entrevistados por DRI – es la falta de apoyo comunitario y familiar. Las autoridades de las instituciones psiquiátricas, los centros de asistencia social y los albergues para personas sin hogar concuerdan en que la gran mayoría de las personas detenidas no son peligrosas y no hay ninguna razón médica o psiquiátrica para tenerlas ahí, simplemente no pueden obtener el apoyo o el tratamiento que necesitan para vivir en su hogar o con su familia.”

Son excluidos de la sociedad y colocados en una institución por la sola razón de tener una condición de discapacidad, la mayoría se trata de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, aunque su principal característica es la pobreza . El informe señala que “la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes en los orfanatos de México tienen familia, pero son colocados en estas instituciones debido a la pobreza y a la falta de apoyos que les permitan permanecer con ella.”

Impunidad ante crímenes sistemáticos

No es la primera vez que DRI denuncia esta situación, Eric Rosenthal, su director, señaló que han presentado reportes desde el año 2000, el actual es el quinto sobre el tema, por ello ahora apunta a la razón por la cual persisten los abusos y las violaciones de derechos humanos de manera sistemática contra esta población: es la impunidad, no se sancionan estos delitos contra los más vulnerables.

DRI recuerda que en 2014, el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas condenó a México por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 19 de la Convención para evitar la segregación de personas con discapacidad y crear servicios y apoyos en la comunidad (…) Sin embargo, México no ha modificado sus leyes discriminatorias ni ha cumplido con las recomendaciones de la ONU para acabar con la segregación de miles de personas con discapacidad”, por el contrario, acusa, las autoridades federales y locales siguen invirtiendo recursos en la práctica conocida como “institucionalización”, que es el confinamiento en albergues, orfanatos, casas hogar, centros psiquiátricos, en lugar de invertir en crear servicios cercanos a la comunidad en salud mental, apoyos de distinto tipo a las personas con discapacidad y sus familias.

Portada del informe con el título sobre fondo rojo «Crímenes de Lesa Humanidad. Décadas de violencia y abuso en las instituciones para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Debaajo una foto en blanco y negro, una niña acostada dentro de una cuna, con un brazo doblado y mirando a la cámara con rostro triste,

Estos son algunos de los hallazgos que reporta DRI en su más reciente informe:

“En el 83% de las instituciones para personas con discapacidad en México, DRI encontró condiciones inadecuadas, inhumanas y degradantes, incluyendo condiciones antihigiénicas, falta de privacidad, camas y colchones en mal estado y mala alimentación, entre otros. El CAIS Villa Mujeres, una institución para mujeres con discapacidad en situación de calle en la Ciudad de México, alberga aproximadamente a 400 mujeres con discapacidad en condiciones de extrema negligencia. En 2016, DRI encontró heces y orina en el piso y en la ropa de las mujeres, con un hedor abrumador en todas las instalaciones. El personal refirió que regularmente se robaban artículos de limpieza y reconoció que la institución es peligrosamente antihigiénica. DRI visitó la institución en 2016 y 2018 y no vio cambios en las condiciones.”

También se señala que persisten las prácticas de esterilización forzada contra niñas y mujeres con discapacidad intelectual, las terapias electroconvulsivas y la medicación forzada.

La falta de supervisión y control sobre cómo operan esas instituciones propicia los abusos y la impunidad por la falta de sanción a quien los comete. No hay supervisión sobre el personal que los atiende, no se sabe si está preparado, además la presencia de voluntarios (que nadie regula) expone a niñas, niños y adolescentes a peligros de explotación y abuso.

DRI considera que se debe facultar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o incluso a la Corte Penal Internacional para que puedan conocer de estos crímenes de lesa humanidad que se ha cometido por décadas contra personas con discapacidad y sancionar al estado mexicano, porque es un asunto que va más allá de un responsable individual. Son varias las autoridades y dependencias del gobierno que han permitido estos abusos.

Las PcD no están en las políticas públicas

“La pandemia sacó a la luz las desigualdades”, señaló Amalia Gamio, integrante del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha observado en distintas regiones del mundo que la población con discapacidad ha sufrido desproporcionadamente los efectos de la crisis mundial por Covid19, con altas tasas de contagio y muerte, sobre todo entre personas que viven en instituciones. 

Lo que se ha visto en México y así lo revela el reporte de DRI, dijo Gamio, es que las personas con discapacidad no están contempladas en las políticas públicas, no hay inversión para que se pueda ejercer el derecho a la vida independiente y ser incluidas en la comunidad. Los presupuestos públicos se deben usar para invertir en la inclusión y cambiar “el vergonzoso modelo de protección por el de apoyos para la vida independiente”. Anunció que en el Comité de la ONU se ha creado un grupo de trabajo sobre desinstitucionalización de emergencia con el propósito de empujar a los estados a llevar a cabo ese cambio.

Imágenes del informe de DRI. Una de Hogares la Caridad, Jalisco, de 2018. La otra es del hospital psiquiátrico El Batán (2019),

El estado mexicano no está en  libertad de elegir sí garantiza derechos

En la presentación del informe estuvo también Juan Méndez, ex relator de la ONU para el tema de tortura. Méndez visitó México cuando estuvo en ese encargo y pudo ser testigo de las condiciones en las que operan albergues. Comentó que fue de las experiencias más impactantes que le han tocado vivir. Señaló claramente “los estados no están en libertad de elegir” si cumplen con la Convención, sino que tienen el deber de crear las condiciones para la vida en la comunidad y de manera independiente, de las personas con discapacidad.

Méndez señaló que se debe reconocer ya la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Puntualmente, dijo: “México necesita revisar su legislación sobre capacidad e imposición de tutela y curatela. Las decisiones (sobre la vida de personas con discapacidad) no las pueden tomar las autoridades públicas que aplican la misma receta a todos.”

En la atención médica se debe respetar el derecho al consentimiento libre e informado para autorizar un procedimiento y “la carga para demostrar que ha habido consentimiento informado es del Estado”. Reiteró que prácticas de aislamiento, uso de grilletes, chalecos de fuerza, lobotomías, terapias electroconvulsivas son violatorias del derecho internacional y no tienen justificación científica.

Venganza institucional contra niño con autismo en Jalisco

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), confirmó que desde esta organización han documentado durante 30 años el tipo de abusos que reporta ahora Disability Rights International, y lamentó comprobar una vez más que “no hemos cambiado”, que el estado mexicano “no tiene capacidad para garantizar la vida de sus habitantes ni protegerlos de las redes de macrocriminalidad” de las que son víctimas las poblaciones más vulnerables.

Denunció que el pasado 6 de octubre murió en Jalisco en el Hospicio Cabañas, un niño de 12 años con autismo, que en julio había sido torturado en el albergue Cien Corazones por el psicólogo de la institución. Cabe recordar que la agresión fue revelada por unos vecinos del albergue administrado por el DIF Jalisco, quienes videograbaron el momento en que el niños era golpeado y difundieron el video en redes sociales. Desde diciembre de 2019 se habían denunciado ante la Fiscalía del estado que se estaqban cometiendo abuso físico y sexual contra niños, niñas y adolescentes que viven ahí.

Video que circuló en Twitter donde se ve a un hombre robusto cómo acorrala y golpea al niño en un patio de Cien Corazones. Jalisco.

“Lo mandaron al Hospicio Cabañas donde murió hace unos días de manera inexplicable. No hay ninguna razón para que muriera sin que hubiera recibido atención médica”, dijo Juan Martín, “se trató de un crimen institucional, lo puedo asegurar, fue la venganza institucional”, sostuvo, porque se había evidenciado el maltrato en Cien Corazones, el agresor fue llevado a prisión y el niño fue llevado a otra institución, donde supuestamente enfermó y murió (el DIF asegura que el niño enfermó de neumonía y habría sido llevado al hospital, donde falleció; sin embargo, no ha quedado claro si en realidad recibió alguna atención en el hospital).

Este caso es reciente y no se incluye en el informe de DRI, sin embargo, sí se documentan otros casos de niñas que fueron retiradas de una Casa Esperanza, una institución denunciada también por DRI desde 2015 por cometer abusos contra mujeres con discapacidad; sin embargo, la autoridad las llevó a otra instituciones donde al menos dos de ellas han perdido la vida.

Juan Martín señaló que 9 de cada 10 niños están en organizaciones privadas que nadie regula. También reveló que un funcionario del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) le dijo que no cierran esas instituciones privadas porque “les ayudan a no tener estos locos sueltos en la calle”.

Coincidió en que el mayor problema es la impunidad y la simulación en la que incurren las autoridades, porque aunque se hagan denuncias y se abran investigaciones, no se pone fin a los abusos contra niños, adolescentes y adultos institucionalizados.

Por ello, dijo “necesitamos la mirada internacional, necesitamos que los defensores, víctimas y sobrevivientes continúen denunciando y documentando” los abusos y las violaciones de derechos humanos. “El estado está acostumbrado a no ver, sólo está administrando quienes mueren y nuevamente son las personas pobres y excluidas”. Llamó a conformar una alianza de medios para que se escuche la voz de las víctimas.

“¡Ya basta!”: víctimas responden

Felipe Orozco habló sobre su testimonio de vida. Médico de profesión, con esquizofrenia, fue internado en el hospital psiquiátrico El Batán en Puebla, donde sufrió contención con candados, baños con manguera de agua helada: “no me gusta estar amarrado, a nadie le gusta. Es muy fuerte estar en un hospital psiquiátrico. Yo llegué a ver compañeros que les hicieron terapias electroconvulsivas sin anestesia.” Desea que su testimonio de vida pueda ayudar a otros. (Aquí parte de su historia, publicada en Dis-capacidad.com )

Eduardo Verduzco fue víctima del albergue La Gran Familia, donde estuvo recluido de los 12 a los 18 años: “Me fui de mi casa por violencia familiar, vivía en la calle, el DIF de Nezahualcóyotl me recoge, me dicen que me van a ayudar, pero me mienten, me lleva al albergue de La Gran Familia. Me privaron de mi libertad más de 6 años, sufrí abuso sexual, nos daban de comer comida en descomposición. Había piojos, sarna. En 2014, la Procuraduría General de la República me rescata con 530 víctimas más (que vivían ahí hacinadas; personal de atención a víctimas que estuvo en el operativo relata que el hedor del lugar se les quedó impregnado por días en la piel y en la ropa). Mamá Rosa (la directora del albergue) no recibió ninguna sanción, estaba protegida por los ex presidentes Fox, Calderón, y sus esposas, Martha Sahagún y Margarita Zavala.»

“No he logrado recibir reparación integral. Le quiero pedir al estado mexicano que cree servicios para niños y niñas que viven en instituciones, supervisar las instituciones, todavía hay muchas donde se sufren abusos sexuales, físicos y psicológicos.”

“En calidad de víctima, digo ya basta de estar sufriendo porque las autoridades no me han dado reparación del daño, no obtuve justicia y sigue la revictimización. Quiero pedirle al estado mexicano que cambie sus leyes, que otros no pasen lo mismo que yo.”

Las recomendaciones de DRI al estado mexicano

Lisbet Brizuela, directora para México de DRI, señaló en resumen que las recomendaciones que hacen a partir de los hallazgos de este informe son:

  • No invertir más en instituciones de encierro y segregación, sino crear alternativas para la vida independiente y en la comunidad. 
  • Cerrar las instituciones (en un proceso gradual de transición a la desinstitucionalización)
  • Investigar y sancionar los crímenes que se denuncian y juzgar a los responsables.  

Juan Méndez recordó que México ha suscrito y ratificado muchos tratado de derechos humanos, ha aceptado jurisdicción, las puertas están abiertas para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité contra la Tortura, que ya se han pronunciado sobre México. Y cuando el estado no quiere o no puede actuar, se abre la competencia de la Corte Penal Internacional, si bien es el fiscal de la CPI quien determina si se trata de crímenes de lesa humanidad. Señaló que la impunidad persistente puede ser un elemento clave para la Corte.

En cuanto al papel que debe desempeñar la Sociedad Civil, Lisbet Brizuela recomendó cambiar las formas de trabajar con la discapacidad y no favorecer las respuestas que apuntan a institucionalizar a personas con discapacidad.

Consulta el informe en www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/MEX-REP-ES-2020-Final.pdf

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