Ciudad de México.- Este lunes 7 de diciembre, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encabezado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrado por las comisiones estatales de 31 estados del país, dio a conocer tres exhortos dirigidos al Estado mexicano y al Poder Legislativo Federal en tres temas: que se avance en la implementación de la accesibilidad web en toda la administración pública federal, se legisle en materia de accesibilidad y en materia laboral en beneficio de la población con discapacidad en México.
Estos exhortos derivan de acuerdos entre los integrantes del Mecanismo, representados por los presidentes y presidentas de las comisiones estatales de Derechos Humanos, que recientemente dieron a conocer un informe sobre las acciones que han llevado a cabo en cada estado del país en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Se refieren a:
- Se exhorta al Estado mexicano “a observar las regulaciones internacionales y nacionales en materia de accesibilidad web”. Al Mecanismo “le preocupa la escasez de políticas y acciones para garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad web en igualdad de condiciones, a pesar de las disposiciones existentes en esta materia. Los esfuerzos por parte del sector público y privado en materia de accesibilidad web continúan siendo aislados, desarticulados e insuficientes.” El Mecanismo recuerda que desde hace 5 años se publicó en el Diario Oficial un documento sobre los lineamientos que se deben seguir en la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado para implementar la accesibilidad en las páginas web y aplicaciones digitales, con base en las normas internacional de la W3C. Se señala que, en el contexto de pandemia, la falta de accesibilidad a la información en formatos digitales ha afectado más a las personas con discapacidad.
- Se exhorta al Poder Legislativo a crear una Ley General de Accesibilidad. Al Mecanismo “le preocupa la omisión legislativa y normativa en esta materia donde no se han cumplido compromisos internacionales”, un tema sobre el cual México ya ha recibido observaciones del Comité de expertos de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
- Se exhorta al legislativo a “reformar el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que además del fortalecimiento y difusión de los beneficios e incentivos fiscales existentes para favorecer la contratación de trabajadores con discapacidad, se establezcan en la ley porcentajes mínimos obligatorios de empleo y permanencia, tanto en empresas privadas como en las instituciones gubernamentales de todos los niveles. También se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que fomente la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Le tocará al propio Mecanismo hacer presión y estar atento a que las autoridades y representantes de los poderes aludidos atiendan estos exhortos que se refiere a grandes pendientes del estado mexicano en su conjunto frente a la obligación de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en México. Lo que se destaca es que esta es la primera vez que 31 comisiones estatales de Derechos Humanos que conforman el Mecanismo, más la oficina de Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH (la Comisión de la Ciudad de México, que no está dentro), hacen estos exhortos de manera conjunta. Corresponderá a cada una dar seguimiento a lo que ocurra en sus estados en materia de accesibilidad, accesibilidad web e inclusión laboral.
Existen algunos antecedentes sobre los temas planteados:
Accesibilidad web: en el sexenio pasado se anunció una Estrategia Digital Nacional en la que se mencionaba la “inclusión digital” para favorecer la incorporación de sectores vulnerables al uso y aprovechamiento de la tecnología, pero las metas no se cumplieron. El gobierno actual también anunció su propia estrategia digital, centrada en extender y garantizar la conectividad en todo el territorio para incluir en el uso de las TIC a los habitantes de zonas apartadas de los grandes centros urbanos. En ese esquema, aquellas “Disposiciones Generales de Accesibilidad Web”, publicadas el 3 de diciembre de 2015, están fuera del radar. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han exigido a la Secretaría de Salud del gobierno federal que la información sobre el coronavirus y Covid19 esté disponible en formatos accesibles. En el exhorto que se presenta no se menciona a las organizaciones civiles.
Ley general de accesibilidad: La propuesta de que se legisle en esta materia planteada desde el año pasado, en el informe especial elaborado por el Mecanismo. Según su propuesta “se sugiere que se incorpore en un apartado de disposiciones generales el objeto de la ley y las definiciones, incluyendo el concepto de accesibilidad, ajustes razonables, diseño universal, gestión de la accesibilidad, productos de apoyo, entre otros. De igual manera, se deben señalar los principios relacionados con la accesibilidad, así como la especificación de los ámbitos de ésta, que son: el entorno físico, transporte e información y comunicaciones, incluidas las TIC, tomando en cuenta que los bienes y servicios se encuentran relacionados con cada ámbito. De igual manera se debe hacer referencia a la competencia de aplicación de la ley.” En el informe especial sobre accesibilidad de 2019, también se sugieren reformas a una docena de leyes sobre los distintos ámbitos de la accesibilidad. Se antoja complicado y, si bien en el informe referido se señala a grandes rasgos lo que debiera incluir una legislación general sobre accesibilidad, no existe a la fecha una iniciativa ya elaborada. Actualmente, a pesar de las leyes y reglamentos existentes que marcan obligaciones para implementar accesibilidad, no existe una supervisión sobre su aplicación, ni un estándar a partir del cual se pueda certificar la accesibilidad de espacios físicos y servicios, públicos y privados.
Reformas sobre inclusión laboral: El 3 de diciembre pasado, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, recibió la propuesta de la nueva Red Nacional de Ciegos (RENAC) para reformar el artículo 11 de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero a diferencia de la propuesta del Mecanismo, la Red plantea una cuota específica de 5% de contratación para personas con discapacidad, en el sector público y en el privado. Además, proponen que al menos el 1% de los mensajes de comunicación social que emite el gobierno se dediquen a la toma de conciencia sobre los derechos de este grupo social. Ramírez Aguilar se comprometió a sacar adelante esta iniciativa en el próximo período de sesiones. Tal vez si el Mecanismo se acerca a RENAC, organización de la sociedad civil de reciente creación y de dimensión nacional, se lograría mayor impulso a la iniciativa.