- No se asignará presupuesto a la implementación de un paquete de reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluía medidas de accesibilidad para la protección a mujeres con discapacidad.
- “Esto es violencia, no queremos una ley de papel”, denuncian activistas.
Ciudad de México.- Es práctica común que en los asuntos administrativos y legislativos relacionados con el derecho a la accesibilidad, los servidores públicos condicionen las obras a la famosa “disponibilidad presupuestal”, el pretexto ideal para que simplemente no se hagan los cambios porque el presupuesto no alcanza casi nunca para garantizar ese derecho básico.
Está sucediendo otra vez, ahora en la Cámara de Diputados, donde el miércoles 23 de febrero se aprobó el dictamen que se elaboró en la Cámara de Senadores para reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir diversas disposiciones a fin de que las mujeres con discapacidad puedan tener acceso a las medidas de protección que se establecen para las víctimas de violencia.
Por ejemplo, que los refugios tengan condiciones de accesibilidad para mujeres con discapacidad física, lo cual no existe actualmente, ni se cuenta con personal que pueda auxiliar a quienes tienen requerimientos de apoyos más intensos.
De último momento, la diputada del partido MORENA Beatriz Domínguez Pérez López presentó una reserva para incluir un artículo transitorio en el cual se establece que no se asignará presupuesto adicional para la implementación de la reforma.
El artículo transitorio dice textualmente: “Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.”
La misma tarde del miércoles las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración de la reforma, entre éstas Mexicanas con Discapacidad, Equis Justicia para las Mujeres, Yo También y Human Rights Watch, hicieron llamados a los y las diputadas para que no se aprobara esa reserva. Sin embargo, al final del día sí se aprobó con 476 votos a favor, es decir, con el aval de todos los legisladores presentes (excepto dos que se abstuvieron), de todos los partidos, hasta los que más se han comprometido en sus discursos las causas feministas.
“Si pasa esta reserva a la reforma de ley que propusimos significa que no habrá “un peso más” para la accesibilidad de los refugios y entonces no hay protección para las mujeres con discapacidad. ESTO ES VIOLENCIA. Y seguiremos siendo las hermanas olvidadas. No debe aprobarse”, dijo Maryangel García-Ramos, activista, fundadora de Mexicanas con Discapacidad.
El año pasado, fueron las legisladoras de distintas bancadas quienes abrieron la posibilidad de reformar la ley para responder a las mujeres que en las calles estaban reclamando acciones del Estado para garantizar su vida y su seguridad ante el récord de violencia feminicida en México.
Buenas intenciones que terminaron en un artículo transitorio para condicionar la protección a las mujeres a la famosa “disponibilidad presupuestaria”. Se pasó por alto el trabajo de organizaciones que se propusieron hacer visible la necesidad de incluir en la ley la situación de las mujeres con discapacidad, quienes ante una mayor vulnerabilidad se quedan atrapadas en la violencia doméstica, sin que haya servicios ni recursos del Estado para garantizarles mínimamente una salida de esa situación.
Ahora, debido a que se introdujo la citada reserva, el dictamen de ley debe regresar al Senado, como cámara de origen, la revisará para regresarla otra vez a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
En el informe de Human Rights Watch “Es mejor hacerte invisible”, realizado en 2020, se documentó cómo el 90% de los refugios para mujeres víctimas de violencia no cuentan con accesibilidad, ni con personal que de apoyos. Para ellas, el acceso a la justicia también está lleno de obstáculos y las distintas dependencias del Estado mexicano no las tienen en la mira. El informe incluye recomendaciones puntuales para que cambie esta situación, las cuales fueron presentadas ante representantes del gobierno mexicano en junio de 2020, es decir, son de su conocimiento.
No es la excepción, es la norma
Es cierto que no es excepcional lo que está pasado hoy en el Congreso, sucede todo el tiempo, los derechos de las personas con discapacidad quedan fuera del presupuesto, se les manda a la fila de la “disponibilidad presupuestaria”, a ese etcétera de lo que consideran prescindible quienes no tienen una condición de discapacidad.
Si pensaban las y los legisladores de la Cámara de Diputados en aprobar esta reforma antes del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para mostrar su compromiso con las causas feministas, no lo lograron y la sociedad confirmará sus sospechas: las mujeres, y en particular las mujeres con discapacidad, no les importamos.
Absolutamente doloroso, y penoso, que la presente Administración, incluidos los legisladores, consideren que basta una pensión mensual a ciertas personas con discapacidad (las menos) para cumplir con sus obligaciones, que no sólo son de justicia social, sino de una mínima ética y decencia. Lamentable, por decir lo menos.