En el Hospital Centro Médico de Occidente en Guadalajara se va recuperando poco a poco la niña Jazmín, de 11 años, con una condición de ansiedad y depresión, quien fue quemada en brazos y tórax en un albergue privado en el municipio de Tonalá, Jalisco. El caso que se dio a conocer el pasado 27 de julio por la madre de la menor, Mónica Acevedo. A la fecha, le han hecho varias cirugías para tratar las quemaduras y según los reportes médicos, se va recuperando poco a poco.
El Secretario de Asistencia Social del estado, Alberto Esquer, informó que está atento a la situación de Jazmín, se está apoyando a la familia en la atención médica y que una vez que sea dada de alta recibirá apoyo educativo, de vivienda y atención psicológica.
Mónica Acevedo hizo la denuncia pública del maltrato y tortura de la que fue víctima su hija en “Casa de Vida Camino a la Fortaleza, Centro de atención a problemas de adicciones y de conducta”, en momentos en que estaba resonando en los medios de información y en la sociedad de Jalisco la indignación por muerte de la señora Luz Raquel Padilla, madre de un niño con discapacidad, quien fue quemada viva el pasado 16 de julio y falleció el día 19, en lo que apunta a un crimen de odio motivado en la discapacidad.
En ese contexto llamó la atención la agresión a la menor, quien de acuerdo con la señora Mónica, sufrió las quemaduras desde el día 22 de julio, pero los dueños del supuesto albergue se lo informaron varios días después. El centro de atención en adicciones administrado por particulares es del tipo de albergues que en México se conocen como “anexos”, lugares con un nombre piadoso del tipo “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, como el de Tonalá, o de inspiración religiosa, ofrecen una salida a familias que no encuentran servicios de salud mental disponibles, públicos, que les ayuden a manejar casos de consumo problemático de sustancias o con conductas disruptivas de niñas, niños, adolescentes y adultos en la familia.
“Les dieron tiempo de escapar”
Varios días después de que Mónica llamó la atención sobre lo ocurrido con su hija, quien estuvo por tres semanas en el mentado albergue, agentes de la Fiscalía estatal acudieron al lugar a hacer una revisión, pero ya no encontraron nada ni a nadie. “Las autoridades les dieron tiempo para que se escaparan”, dijo la mamá de la menor en entrevista con Milenio Noticias. Se sabe que había otras 15 personas internadas en esa casa que operaba desde hace tres años y estaba a cargo de Roberto Flores Martínez, chofer de transporte público y Rita Ramón, su esposa, quienes no tenían ninguna preparación para dar los servicios que prometían.
Vecinos comentaron que, tras conocerse la noticia, familiares de los otros internos, la mayoría menores de edad, fueron a sacar a sus hijos, pero ninguna autoridad sabe qué fue de ellos. La casa fue clausurada después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la policía estatal y el Centro de Atención a Adicciones, así como de la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco.
Erika Córdova, directora de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha informado sobre este caso que se abrió el expediente 314/22 y se notificó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ni la CNDH o el Mecanismo se ha pronunciado al respecto. El pasado 20 de julio, en reacción al ataque contra Luz Raquel Padilla, la Comisión Nacional y la Estatal pidieron a la Fiscalía de Jalisco hacer una investigación exhaustiva, con perspectiva de género y de derechos humanos sobre ese lamentable crimen. Sin embargo, en ocasión de la tortura contra la Jazmín no ha habido reacción de la CNDH.
Tampoco del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual participan todas las comisiones estatales y la nacional, se ha pronunciado sobre estos casos recientes que involucran a una niña con discapacidad, en el caso de Jazmín, y la madre de un niño con discapacidad, como en el caso de Luz Raquel.
Los tratos crueles y degradantes contra personas con discapacidad metal o psicosocial en instituciones públicas o privadas son tortura, así lo han advertido relatores de Naciones Unidas en informes en los cuales se ha señalado a México por permitir esas prácticas.
Anexos dan falso “respiro” a familias; autoridades miran a otro lado
La señora Mónica Acevedo ha dicho públicamente que por parte del IMSS su hija tiene un diagnóstico de ansiedad y depresión, que se manifiesta con conductas como intento de suicidio: “Me amenazó con tomar veneno y varias cosas, ha atentado contra su vida. Yo me encontré desesperada por la situación, y como conozco a los dueños del lugar (Casa Vida Camino a la Esperanza) decidí llevarla ahí.” En las tres semanas que Jazmín estuvo en el lugar la señora la visitó, pero “siempre estaba castigada”, la podía ver a través de una puerta de vidrio, sentada, pero no podía hablar con ella. Cuando le avisaron que su hija estaba quemada le dijeron que había sido por accidente. La niña se había estado rascando mucho, le echaron alcohol para que dejara de hacerlo, y al dueño del centro se le habría “caído accidentalmente” el teaser o paralizador eléctrico sobre el cuerpo de Jazmín. Pero cuando la señora pudo hablar con su hija tuvo su versión: entre cinco personas la habían sujetado a la fuerza, le rociaron alcohol y le aplicaron los toques eléctricos con toda intención, quemándole la ropa y el cuerpo. Una tortura, un crimen.
Con cuotas de 300 a 500 pesos semanales, sin personal capacitado, sin condiciones de higiene, seguridad, ofreciendo comúnmente alimentos echados a perder, los supuestos centros de rehabilitación o “anexos”, ofrecen un lugar de contención, de encierro, que promete “curar” a la persona para que deje de beber, de consumir drogas o para “corregir” conductas para las cuales las familias no hallan otra solución. Usualmente les dicen a los familiares que durante 30 días no pueden visitar a la persona internada, como parte del tratamiento. Ese tiempo les da un respiro a las familias (generalmente es a las madres), confiadas en que alguien más va a encargarse del cuidado.
Otra característica en la que coinciden tales albergues es que no son supervisadas ni regidas por ninguna autoridad, ni de salud, ni de asistencia social o de protección civil, sea local, estatal o federal. Si acaso, cumplen requisitos mínimos para poder operar y dan información a la autoridad que ésta casi nunca verifica. Después de todo, los anexos también dan un servicio a los gobiernos llenado los vacíos que éstos han dejado por décadas en el tema de salud mental.
Ante la inexistencia de servicios públicos y accesibles de atención a adicciones y salud mental – en gran medida porque los presupuestos públicos a nivel estatal y municipal se usan discrecionalmente además de que aún no se pone en marcha el nuevo paradigma en salud mental que impulsa el gobierno federal– los anexos, los albergues improvisados o bien establecidos, son la opción que tienen a la mano miles de familias donde hay personas con discapacidad psicosocial e intelectual, principalmente.
Hay que advertir que lo que se pide desde el activismo por los derechos de las personas con discapacidad no es regular las instituciones de encierro, sino desaparecerlas (movimiento mundial por la desinstitucionalización) y en cambio crear servicios que faciliten los apoyos para la vida independiente y en la comunidad de las personas con discapacidad.
Justicia para Jazmín
Mientras Mónica espera que su hija se pueda recuperar de las quemaduras y que la Secretaría de Asistencia Social cumpla con las promesas de atender sus necesidades de salud, educación y vivienda, también exige que haya justicia y se castigue a los responsables de las torturas. La CEDH (que por cierto acaba de cambiar de presidencia esta primera semana de agosto) le está dando acompañamiento, sin embargo, Mónica aún no tiene claro cómo va a trabajar la Fiscalía de Jalisco en este caso, cuya actuación revictimizante con relación a Luz Raquel Padilla, a quien intenta responsabilizar de su propia muerte, obviamente no le inspira confianza. Por lo pronto, la señora Acevedo ya se prepara por si quieren culparla de lo ocurrido a la menor. “Alguien me dijo que van a venir a buscarme porque me quieren acusar de que yo tengo la culpa” de lo que le pasó a Jazmín, dijo a Telediario.
No está claro cómo será el camino para el acceso a la justicia de esta niña mexicana con ansiedad y depresión (discapacidad psicosocial) y su familia.
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