- “Esta no es una ciudad de derechos para las personas con discapacidad; nos niegan el derecho a la accesibilidad, la seguridad y la no discriminación”: Pedro Rojas, vocero de colectivo de PcD.
- Es una bomba de tiempo la obstrucción de los pasillos de las estaciones del Metro por vendedoras ambulantes que se dicen feministas en resistencia contra el desempleo.
- Gozan de protección policiaca y política por parte de autoridades del Metro CDMX y del gobierno capitalino
La invasión de las guías podotáctiles y de amplios espacios en el Metro de la Ciudad de México por parte de mujeres que ejercen el comercio ambulante afecta gravemente a los usuarios ciegos, pero debe preocuparnos a todos porque representa un riesgo para los usuarios del Metro en general.
A pesar de las protestas y denuncias que han manifestado desde hace meses las personas con discapacidad visual ante el Sistema de Transporte Colectivo (STC), cada día se ven más puestos de venta irregulares, sobre todo en las estaciones de conexión entre una línea y otra.
Son mujeres quienes están al frente de las mantas y muebles que han colocado sobre las guías amarillas con todo tipo de mercancías, alegan que se están manifestando así por el desempleo provocado por la pandemia, y ninguna autoridad, ni uniformada ni administrativa o de Protección Civil, puede retirarlas.
Los puestos se instalan desde temprano y permanecen todo el día; son tan numerosos y extendidos que podrían provocar una tragedia en caso de emergencia por un sismo o cualquier otra contingencia de las que se han vuelto comunes en el Metro.
Usuarios con y sin discapacidad comparten en Twitter (@DenunciasMetro) fotografías y videos de lo que ya se ha convertido en un tianguis subterráneo en estaciones de gran afluencia como Pantitlán, Salto del Agua, Chabacano, Tacubaya. Ninguna autoridad del Metro responde los mensajes de denuncia y los llamado a dejar de tolerar a las vendedoras que se identifican ellas mismas como “feministas”.
El ambulantaje desbordado en instalaciones del @MetroCDMX, donde se supone que está prohibido. Aquí el pasillo de correspondencia en estación Salto del Agua ¿Qué harán al respecto @GCalderon_Metro @Claudiashein? pic.twitter.com/cZ3OWimg3I
— CapitalCDMX (@CapitalMX_) September 10, 2021
La solución está en manos de las autoridades del STC y del gobierno de la Ciudad de México, no tendrían más que aplicar la ley y ordenamientos como el Reglamento para la Instalación, funcionamiento y seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo, que fue actualizado en julio de 2020 y, según se lee en el preámbulo, es un instrumento jurídico para que el STC cumpla la principal responsabilidad a su cargo: “la seguridad del usuario desde que ingresa por la estación de origen, su transportación, hasta su salida por la estación de destino.”
Dicho reglamento dice claramente en su capítulo II que “no se autorizará la instalación u ocupación de locales y/o espacios comerciales cuando se afecte: la libre circulación y seguridad de los usuarios y trabajadores del STC. (…) Los señalamientos (…) la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes, es decir, aquellos equipos e instalaciones destinados a facilitar su desplazamiento y circulación dentro de las instalaciones (placa braille, guía táctil, dispositivos de sujeción y apoyo, como barandales, pasamanos, agarraderas e inclusive muros, paredes, pisos, pasillos y rampas) (…)”. Cabe hacer notar que si bien fue actualizado recientemente, en este reglamento todavía se usa la expresión “capacidades diferentes” y no de “discapacidad”.
¿Y qué pasa entonces si hay un ordenamiento legal tan claro? Pedro Rojas Gómez y Alejandro García López, quienes son ciegos y usan a diario el Metro de la Ciudad de México como su principal medio de transporte, aseguran que funcionarios del Metro ya reconocieron en mesas de diálogo, que están rebasados por la situación y que “no están en sus manos” retirar a las mujeres vendedoras, integrantes de colectivos feministas, pues es un asunto que se está manejando “más arriba”, en el gobierno central de la Ciudad de México.
Pedro y Alejandro son parte del colectivo de personas con discapacidad que se han manifestado denunciando la violación de sus derechos a la movilidad con seguridad dentro del Metro, a la accesibilidad y a la no discriminación.
Después de las manifestaciones realizadas a principios de agosto y de superar la resistencia de las autoridades de la capital para escuchar sus demandas, lograron que el 26 de agosto se instalara una mesa de diálogo para atender la problemática que en la minuta quedó registrada como: “Feministas ubicadas en vías táctiles de diversas estaciones de la red del sistema de transporte colectivo”.
El Lic. Paul Moreno Dávalos, encargado de despacho de la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, de la Dirección de Finanzas del Metro, quien tendría que aplicar el reglamento citado, no ha podido dar una respuesta satisfactoria a las de manda del colectivo de personas con discapacidad, resumida en el lema “movilidad sin obstrucción”.
El funcionario les ha prometido consultar a otras áreas del STC y del gobierno central para hallar una solución, pero reconoce que poco puede hacer con el grupo de feministas en los andenes. Esto, a pesar de que en la página oficial del Sistema Metro dice que una de las funciones de Moreno es verificar que se cumpla con el reglamento con relación a las actividades comerciales en ese medio de transporte.
La norma indica que si alguien está vendiendo sin el permiso correspondiente (con el pago de derechos incluido) y obstruyendo el paso, la mercancía será retirada inmediatamente y los permisos serán revocados. Se desconoce si las vendedoras ambulantes cuentan con alguna autorización o si están pagando una cuota para poder colocarse sobre las guías podotáctiles, al pie de las escalinatas y en los largos corredores para el trasbordo entre una estación y otra. Como sea, se han ido expandiendo sin que nadie les ponga límites.
Después de esa primera reunión, los manifestantes ciegos fueron convocados para una segunda reunión el 20 de septiembre y Paul Moreno Dávalos les prometió que para esa fecha ya tendrían avances en el cumplimiento del pliego petitorio.
Pero no fue así, el único avance que lograron fue el compromiso de que se les entregarían tarjetas de accesibilidad para el uso del elevador en las estaciones, una demanda incluida en las peticiones.
Con relación a la liberación de las guías no hubo cambios. Alejandro nos comenta: “Después de la reunión del día 26 de agosto yo noté que aumentó la presencia de las de los puestos. Según el reglamento, ningún comerciante con permiso puede instalarse antes de las 10 de la mañana, pero ellas entraban a las estaciones desde las 6 de la mañana. Centro Médico ya está al borde del colapso. Ya venden de todo, ropa, calzado, prenden incienso, venden hasta comida, que se supone está prohibido”. Relata Alejandro que ha habido riñas entre vendedoras y usuarios con discapacidad visual, donde los policías no intervienen.
Hartos de la situación, en la reunión del 20 de septiembre, los representantes del colectivo de personas con discapacidad reclamaron que se les esté tomando el pelo con la mesa de trabajo. Intentando salvar el momento, el funcionario representante del gobierno de la Ciudad de México en la reunión, Joel Omar Ávila García, reconoció que están negociando con las vendedoras feministas pero que aún les faltaba llevar a cabo otra reunión con ellas para concluir las negociaciones. Así que pidieron mas tiempo para poder dar una respuesta.
Al respecto, Pedro Rojas comenta: “Nosotros entendemos esto como que le están dando prioridad a las peticiones de ellas por encima de nuestra demanda de que se respeten nuestros derechos humanos. No nos dicen nada en concreto, no nos hablan de plazos (para tener una respuesta), no nos dicen qué otra instancia va a intervenir, se supone que iba a entrar alguna representante de la Secretaría de las Mujeres en la mesa de trabajo con nosotros, para que no se interprete como violencia de nuestra parte hacia ella cuando pedimos que liberen los andenes.”
Alejandro agrega: “Se les dijo (a los funcionarios del Metro y del gobierno de la Ciudad) que es lamentable que hayan dejado crecer la problemática, el hecho de que nos digan que nos tenemos que esperar a la respuesta de ellas mientras nuestros derechos son violados, es inaceptable. Todos los días sufrimos agresiones porque pisamos las mercancías al tropezarnos con ellas.”
En la minuta de la reunión quedaron asentados algunos compromisos de las autoridades que se refieren a mejorar el trato de los elementos de la Policía Bancaria Industrial con las personas ciegas (que no les tomen fotos sin su permiso, por ejemplo), pero siguieron ausenten los compromisos sobre las peticiones principales: además de la liberación de las guías táctiles, el colectivo pide que a hombres y mujeres con discapacidad se les permita acceder al primer vagón del tren “siendo un derecho inalienable la seguridad de todos”. Actualmente, los dos primeros vagones se han reservado exclusivamente para mujeres, como parte de la política contra la violencia de género en el transporte público; sin embargo, esto ha dejado desprotegidos a usuarios ciegos y con discapacidad física que al no poder entrar a esa zona quedan en mayor riesgo de caer en las vías o ser empujados entre el tumulto.
Con relación a esto último, Alejandro García explica: “ante nuestra exigencia de poder ocupar el primer vagón, nos dicen que el reglamento no lo permite y nos dan un rotundo no, o sea que a nosotros sí nos aplican la ley, pero cuando les decimos que hay un reglamento para las actividades comerciales que prohíbe el bloqueo de la accesibilidad, se niegan a aplicarlo. En la asignación de vagones se olvidaron de nosotros, pero ellos tienen que buscar un equilibrio.”
Aunque la mesa de trabajo se instaló en las oficinas del Metro, el colectivo dirige su pliego petitorio a Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque es ella quien ha dicho que la Ciudad de México es una “ciudad de derechos”, así lo reiteró en su más reciente informe de gobierno el 19 de septiembre. Pero en los andenes de este transporte colectivo no se cumple esa promesa de la mandataria y los representantes de su gobierno, como el Lic. Joel Omar Ávila, se declaran incapaces de garantizar la accesibilidad y seguridad para las personas con discapacidad.
Pedro Rojas lamenta que “en el tercer informe de la Jefa de Gobierno se habló de todo, menos de las personas con discapacidad. No hay ni siquiera un intento por salvaguardar los derechos que tenemos ganados. No hay quien nos defienda, por eso tenemos que alzar la voz, lo tenemos que hacer nosotros. Sabemos que las autoridades tienen toda la facultad de actuar en contra de las violaciones que están cometiendo estas personas (las vendedoras). Lo que queremos es que nos den garantías y protección a nuestros derechos.”
A los activistas les llama la atención que ningún funcionario público pueda hacer cumplir la norma en los andenes y se permita abiertamente el ambulantaje que practican las vendedoras que se identifican como feministas. Por ello se preguntan ¿quién las protege? ¿qué compromisos “de más arriba” hay con ellas que no se puede hacer cumplir la ley? ¿por qué gozan de la protección de los policías de PBI, quienes no intervienen cuando ocurre alguna riña o cuando agreden a las personas ciegas que tropiezan con sus mercancías? ¿por qué se permite a estas vendedoras ambulantes entrar a cualquier hora a las estaciones (sobre todo las de conexión entre líneas), metiendo no solo mercancía, sino mobiliario, sillas, mesas, mostradores, lo cual está prohibido por las normas del mismo STC?
Curiosamente, el pasado 10 de septiembre, el Metro difundió un comunicado a propósito del tema de las personas que se citan en las estaciones del Metro para hacer la entrega física de mercancías que se venden entre particulares por internet, una práctica muy frecuente a raíz de la pandemia; lo hizo para aclarar que dicha actividad no está prohibida, dado que días antes se habían difundido mensajes en el sentido de que los policías podían arrestar y quitarles la mercancía a quienes se encontrara haciendo ese tipo de entregas. Esos mensajes eras falsos, se dijo en el comunicado, y se puntualizó que las entregas dentro de las instalaciones del Metro no están prohibidas, “siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje”.
Entonces, ¿por qué se permite el cada vez más extenso ambulantaje en los andenes en estaciones como Centro Médico, Guerrero, Chabacano, Tacubaya, entre otras?
La autoridad no ha dado respuestas. El director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, no se ha pronunciado sobre el tema. Lo buscamos para una entrevista y no obtuvimos respuesta.
En la reunión más reciente, ante la falta de opciones por parte de las autoridades para solucionar la situación, los activistas ciegos plantearon posibles soluciones; por ejemplo, propusieron que si no pueden remover a las ambulantes, la policía agilice la circulación por los andenes impidiendo que la gente se detenga a ver y a comprar sus productos. Los funcionarios les respondieron que no pueden hacerlo porque sería una provocación. Entonces plantearon que el colectivo podría convocar a más personas con discapacidad a manifestarse, pero no afuera, sino dentro del metro, acostarse sobre las guías táctiles para evitar que las vendedoras se instalen y para hacer evidente la dimensión del problema. Los representantes del Metro y del gobierno central se asustaron ante esa posibilidad y les pidieron que no lo hicieran porque eso sí causaría un conflicto y daría una “mala imagen” a la autoridad.
Con esa respuesta, a Pedro le quedó claro que a la hora de que los policías se vieran en la situación de tener que mediar entre las feministas y los ciegos, estarían del lado de ellas. Sin embargo, Alejandro García defendió que una manifestación de ese tipo sería totalmente legítima: “al estilo de la lucha de Gandhi, nosotros no seríamos los violentos, nos dejaríamos golpear para evidenciar la injusticia.”
La contraparte les insistió en que mientras esté instalada la mesa de diálogo no hay necesidad de hacer otras manifestaciones. Pero ante respuestas de la autoridad del tipo de “no está en nuestras manos solucionar el problema”, Pedro afirma, “nosotros ya no queremos más discursos mentirosos, estamos hartos del teatro, de la caricatura, lo que queremos son respuestas, que se haga valer lo que dice Claudia Sheinbaum, de que esta es una ciudad de derechos y libertades.”
El colectivo ha solicitado el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero no han obtenido una respuesta favorable. Ya presentaron una queja, sin embargo, ya no hubo seguimiento por parte de ese organismo.
También acudieron al Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad), solicitando el respaldo de esa institución para hacer valer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad frente a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo. Pero tampoco recibieron una respuesta favorable. Les dijeron que no estaba en el ámbito de sus competencias involucrarse en la manifestación o respaldar sus demandas.
Por lo pronto, el colectivo de personas con discapacidad que está demandando el derecho a la “movilidad sin obstáculos”, por “un desplazamiento seguro y confiable” en el Metro y en toda la red de transporte público, está citado a la continuación de la mesa de diálogo para el próximo 20 de octubre. Sin embargo, como percibieron la actitud de los representantes gubernamentales. anticipan que no habrá avances en la atención a su pliego petitorio.
Por ello, no descartan realizar otras acciones de protesta para no caer en la dinámica de negociación – desmovilización que se les quiere imponer: una cita cada mes en la que se les permite alegar (la de septiembre duró 3 horas) y al final del día no hay avances ni respuesta puntual a su pliego de peticiones.
“Le dijimos que la situación nos obliga a seguir manifestándonos, dada la problemática y sus escusas de que la situación no está en sus manos. Además, no ha habido un solo pronunciamiento de la Jefa de Gobierno ante la problemática”, comenta Pedro y no descarta la posibilidad de que el colectivo comience a presentar demandas legales por las omisiones de las autoridades de la Ciudad de México, porque, “lo que están haciendo las feministas (vendedoras ambulantes) en los andenes es un delito” al amparo de las autoridades por razones que no quedan claras.”
“¿Dónde está la ciudad de derechos y libertades de la que habla Claudia Sheinbaum?”, cuestionan Pedro y Alejandro. Otra pregunta pertinente sería ¿Quién da la cara por las personas con discapacidad en el gobierno capitalino?
La Secretaría de Movilidad, que tendría que estar al tanto de esta denuncia, ha impulsado mucho la automatización de procesos, la modernización de la red de transporte público, etc, sin embargo, a menudo deja fuera de sus consideraciones a los y las usuarias con discapacidad. Por ejemplo, su titular, Andrés Lajous, presentó hace un año la “Tarjeta Incluyente”, para que las personas con discapacidad puedan acceder gratuitamente con una sola tarjeta al Metrobús, al Metro o al Trolebús. Pero, esa tarjeta se debe solicitar con un trámite en línea, completamente digital, un procedimiento muy moderno a los ojos de Lajous, pero inaccesible totalmente para los usuarios ciegos. El pliego petitorio del colectivo incluye la solicitud de que este trámite se pueda hacer presencial o al menos se le eliminen las barreras para acceder a él.
Al parecer, antes de empezar a soñar con un futuro como candidata presidencial o incluso como posible presidenta de México, Sheinbaum tiene varios pendientes qué resolver, uno de los más importantes es que en la Ciudad de México se reconozcan y se hagan valer en los hechos, no en el discurso, los derechos de todas las personas con discapacidad.
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